OPINIÓN

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En un par de columnas anteriores comentaba la incertidumbre no solo sanitaria sino también económica que ha traído el virus de Wuhan con la pandemia que se generalizara a nivel global. Una incertidumbre que, lejos de haber desaparecido, se profundiza en las últimas semanas con el aumento de los casos positivos a un ritmo que supera, en algunos días, el 15% de los exámenes que se realizan.

Sólo la probable inmunización contra el virus que traería la aplicación de las distintas vacunas que por ahora tenemos genera un cauto optimismo que, de todos modos, no erradica la incertidumbre que se presenta en la actualidad sobre la marcha de la economía, que no permite estimar, con poco riesgo, los resultados macroeconómicos ni de este ni del año entrante. Y no la erradica porque una cosa es que haya una o más vacunas disponibles para la rápida inmunización de un número importante de personas y otra es que ese núcleo de la población uruguaya acceda a inmunizarse rápida y voluntariamente.

Tres grupos

La situación actual apunta a la existencia de tres grupos en la población, cada uno con actitud diferente frente a su inmunización. El primero y el que sobresale como el más importante en cuanto al número de personas, es el que cobija a las que han decidido ya a vacunarse contra el virus. El segundo es un grupo con un número menor de personas cuya actitud ante la inmunización con la vacuna es de espera para ver los resultados que puedan haber en relación con las reacciones de los del primer grupo tras su vacunación. Obviamente si como se dice, la vacunación no tendrá consecuencias adversas en ningún sentido para la salud de quienes se hayan vacunado, los individuos del segundo grupo comenzarán a inmunizarse.

El tercer grupo, probablemente integrado también con un número aún menor de personas que los dos anteriores, resistirá la situación y aguardará que el aislamiento del virus al cabo de un tiempo por la disminución del número de infectados tras la vacunación, juegue como su protección natural.

Las poblaciones del segundo y del tercer grupo extienden la incertidumbre y retardan la vuelta a la normalidad económica, pues se trata de personas que en mayor o menor medida generan externalidades negativas al funcionamiento económico del país. Y no solo porque retardan el abatimiento del número de infectados diarios, lo que obliga a medidas sanitarias que afectan a la economía: continuidad de aislamiento, retraso en el reinicio de algunas actividades productivas y otras consecuencias por el estilo. Basta mencionar qué pasaría con el funcionamiento normal de una empresa si alguno de sus trabajadores no vacunados o en espera para hacerlo, de acuerdo a lo que vea que le ocurre a quienes se vacunan, contagia a otros no vacunados o en vías de vacunarse.

Seguramente afectaría al normal funcionamiento de la empresa o de la actividad económica de que se trate y la reacción sería la renuncia a la contratación de trabajadores no vacunados. Se exigiría un certificado de vacunación para el ingreso de nuevos trabajadores y aún a los que ya están en actividad. Y este ejemplo, como otros, es una reacción natural cuando un sujeto económico —una persona, una empresa o una institución pública—, provoca costos que, sin contrapartida de beneficios compensatorios para él o los afectados, obliga a éstos a tomar medida para evitarlos.

Pero si en casos como el señalado como ejemplo se puede resolver la situación a través de una negociación entre las partes, que evita las costosas externalidades negativas que producirían los infectados no vacunados —el eventual damnificado defendiendo su derecho puede lograr que los trabajadores se vacunen o renuncien lo cual contempla a ambas partes—, existen otras situaciones en las que no es posible entrar en soluciones de ese tipo. Un caso es el de la enseñanza. Si hubiera un rechazo a la inmunización por parte de trabajadores de la educación y los asociados a sus funciones que prestan servicios accesorios, o si los propios educandos que se niegan a la vacunación, generan problemas como la interrupción de las clases y otros por el estilo, la transacción entre las partes es más difícil.

Se requiere entonces, una intervención estatal que eleve, para quien no se vacune, el “precio” de no vacunarse, de modo que resulte tan alto que le haga desistir de su decisión y así no provocar las costosas externalidades negativas que genera sobre el resto de las personas involucradas en las actividades educativas. De nuevo, la exigencia de un certificado de vacunación para la concurrencia a clases, tanto para darlas como para recibirlas, es una solución.

En definitiva, se mantiene la libertad de elección de las personas y se resuelve el problema de los costos que el uso de su libertad provoca sobre el resto de la población.

Reacciones

Es posible que las soluciones del tipo de las señaladas, tanto las que se puedan llevar adelante por el sector privado como las que se pueden diseñar a nivel público —exigir certificado de vacunación—, sean sumamente criticadas y desaten ruidosas condenas de ellas por quienes deberán enfrentar las alternativas que esas soluciones provocan. O tal vez, de otros sectores con objetivos políticos. Pero elegir entre su objetivo de no vacunarse o hacerlo tardíamente y su objetivo de trabajar en un entorno privado o público en los que pueden provocar serias dificultades a terceros, no es justo ni tolerable. Es por ello que la libertad de elección entre inmunizarse o no tendrá naturalmente una respuesta que minimizaría los perjuicios y costos para los eventuales afectados.