Consolidar el correcto paradigma: inflación y gestión monetaria

En los últimos cinco años, el Banco Central del Uruguay (BCU)dio pasos significativos para retomar el camino hacia un régimen de metas de inflación más pleno. A su vez, durante las últimas semanas,su nuevo presidente, el economista Guillermo Tolosa, ha reafirmado ese proceso y planteado nuevos desafíos para el corto y el largo plazo.

¿De dónde viene Uruguay en esto? ¿Dónde está? ¿Hacia dónde debería ir? ¿Cómo?

En columnas anteriores ya me referí detalladamente a los costos para el país de su historia de alta inflación, a no haber logrado bajarla de un promedio del 8% entre 2005 y 2020, a sus determinantes, a su subordinación a otros objetivos, al error de conducir la política monetaria fijando la cantidad de dinero durante la segunda mitad de la década pasada, al acierto de volver en el último lustro al instrumento de la tasa de interés con libre flotación cambiaria, a los pasos para consolidar un régimen pleno de metas de inflación más ambiciosas, a la necesidad de avanzar hacia una moneda de calidad y a las imprescindibles mejoras adicionales que se requieren en la gestión e institucionalidad del Banco Central.

Claramente, a partir de los cambios mencionados —no exentos de críticas iniciales ni de validaciones actuales—, Uruguay tuvo progresos en el enfoque monetario e inflacionario y en sus resultados. La inflación pasó desde el entorno del 10% a principios de 2020 a estar dentro del llamado previamente “rango meta” de 3% a 6% durante los últimos 24 meses, promediando en este bienio 4,9%.

En varios sentidos, se trata de una situación inédita para Uruguay, como el propio Tolosa reafirmó la semana pasada.

Primero, por el grado de avance hacia un régimen de metas de inflación y el cumplimiento de muchas condiciones que lo caracterizan, sobre todo en términos de conducción monetaria, gran flexibilidad cambiaria, mayor transparencia y mejor comunicación de la política.

Segundo, porque, pese a la pobre gestión del tema en gobiernos anteriores del Frente Amplio y a sus críticas mientras estuvo en la oposición, no solo valida ahora el nuevo enfoque con el retorno al poder, sino que busca profundizarlo.

“Debemos darle al Banco Central la fortaleza técnica y la independencia para que le asegure reglas de juego claras y tranquilidad a los tomadores de decisiones en Uruguay”, expresó el presidente Yamandú Orsi. Y estableció que “hay una necesidad de perfil técnico, que tiene que ver también con políticas de Estado”. Aunque solo sean declaraciones, a ser ratificadas en acciones en momentos críticos para la política monetaria, constituyen al menos mejores señales que las expresadas desde el Frente Amplio durante los últimos años.

Por último, también sería inédito porque, de esos giros y de algunas condiciones imperantes en la economía uruguaya, la consolidación del nuevo enfoque pareciera más sostenible.

Más allá del debate sobre la caída experimentada por el tipo de cambio real durante el último tiempo, en la cual la política monetaria no interviene en el largo plazo, la desinflación se logró con bajo sacrificio de actividad y empleo, sin desequilibrios en las cuentas externas ni intervención en el mercado cambiario desde agosto de 2021.

Uruguay alcanzó recientemente la mayor tasa de empleo desde 2015 y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos cayó al 1% del PIB, con un crecimiento promedio anual del 6% del volumen exportado de bienes y servicios en lo que va de esta década.

Todo lo anterior constituye evidencia adicional respecto a que Uruguay no representa “ninguna excepcionalidad” en materia monetaria e inflacionaria, como Tolosa también reafirmó. Cuando se transita hacia mejores prácticas internacionales, hacia un régimen moderno y bien aplicado de metas de inflación, los objetivos desinflacionarios se van logrando, las expectativas reaccionan a la baja y la credibilidad se va recuperando, sobre todo en la capacidad estabilizadora del BCU.

Todo lo anterior también representa una oportunidad histórica para consolidar “el nuevo paradigma”, en palabras de Tolosa.

Primero, con perfeccionamientos del enfoque, sobre todo en términos de transparencia, comunicación e interacción con la ciudadanía en general, los agentes económicos en particular y el sistema político en especial. Falta mucha pedagogía sobre las bondades de tener inflación baja y estable, así como sobre los mecanismos de transmisión de la política monetaria.

Segundo, Uruguay debería ir rápido hacia metas más ambiciosas en materia de estabilidad de precios. La meta actual de 4,5% parece plausible para los próximos 12 meses, pero ya para los 12 subsiguientes debería ser del 3,5% y, a la larga, no debería ser mayor al 3%.

Tercero, es acertado que el foco sea en esos objetivos puntuales, con “un rango de tolerancia”, pero ya no con “un rango meta”. Parece una sutileza semántica, pero no lo es. El techo de un rango meta suele actuar como imán de expectativas o alimentar la discrecionalidad de las autoridades. En cambio, un rango de tolerancia concentra la atención y la rendición de cuentas sobre la meta puntual más exigente.

Todo eso debería quedar internalizado en la próxima Ley de Presupuesto y en las negociaciones salariales que vienen, con plena conciencia del sistema político de que el BCU priorizará absolutamente una inflación más baja y estable, con el uso (probadamente) eficaz de su principal instrumento, la tasa de interés.

No tendrá autonomía e independencia de derecho, pero el Poder Ejecutivo se la está reafirmando en los hechos. Enhorabuena. Ya quedará también validada en el marco legal.