Competitividad en juego: la reforma que propone el gobierno

En nuestra columna de mayo escribimos sobre el hito histórico que significa la puesta en vigencia del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, que abre un amplio abanico de oportunidades para las empresas que integran el tejido productivo nacional. Pero también cerramos con una reflexión acerca de los desafíos que tiene el país por delante para poder aprovechar esas oportunidades, pues los beneficios no llegarán por sí solos, sino que es necesario apalancarlos a través de políticas públicas que apunten a mejorar la competitividad. No es noticia que, desde que finalizó el superciclo económico expansivo allá por 2014 —cuando nos vimos beneficiados por tasas de interés internacional históricamente bajas y precios de commodities históricamente altos— la economía dejó de hacer pie en materia de crecimiento, y quedaron al desnudo los problemas estructurales de competitividad que hasta el día de hoy inhiben un desarrollo de negocios más fluido con radicación de inversiones. Sin duda hay problemas macroeconómicos subyacentes, donde destaca una alta presión fiscal, déficit de las finanzas públicas que induce a una apreciación real de la moneda y tarifas públicas elevadas en la comparación regional. La raíz de estos problemas macroeconómicos es fiscal, de donde se desprende la necesidad de implementar medidas para reducir el déficit, principalmente cortando el sesgo expansivo del gasto público.

Pero también hay problemas de índole microeconómica vinculados a excesivas regulaciones y procesos laberínticos ante la administración pública, que día a día deben hacer frente las empresas. En este caso, el campo de batalla para atacar el problema es mucho más vasto, pues no se reduce a una receta de política fiscal, sino que corresponde primeramente identificar los nudos en las distintas órbitas del Estado, buscando luego la forma de desatarlos. Desde hace más de un año el gobierno se abocó a trazar este diagnóstico, para lo cual tuvo el buen tino de generar instancias de intercambio con el sector privado para la identificación de los problemas concretos. Finalmente, el 18 de junio el Poder Ejecutivo presentó ante el Parlamento el Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, el cual fue definido por el ministro Gabriel Oddone como “una modesta pero importante reforma del Estado”.

El proyecto consta de 240 artículos separados en cuatro capítulos: i) Agilización de trámites; ii) Facilitación del comercio exterior; iii) Promoción de la competencia; iv) Innovación y aceleración de inversión. Por una cuestión de limitación de espacio nos limitaremos en esta ocasión a analizar algunos aspectos fundamentales del primer capítulo.

Las dificultades que enfrentan hoy las empresas en materia de trámites administrativos son bien conocidas: multiplicidad de organismos intervinientes, exigencia de presentar reiteradamente la misma información, cargas formales que no siempre agregan valor y procesos presenciales o fragmentados que generan costos, demoras e incertidumbre. En muchos casos, la lógica vigente parece estar más centrada en la verificación previa que en facilitar la actividad económica.

El capítulo de agilización de trámites plantea un cambio relevante en esa lógica, apoyado en una serie de principios rectores que buscan orientar la actuación estatal. Entre ellos se destacan la simplificación, la digitalización, la coordinación interinstitucional y, especialmente, la confianza en la información que ya obra en poder del Estado o que es declarada por los propios administrados. En otras palabras, se procura pasar de un modelo basado en la acumulación de controles formales a uno apoyado en la gestión eficiente de la información.

Un elemento central para que este cambio sea operativo es la definición de quién empuja y articula el proceso. En este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asume un rol protagónico, apoyado por la Dirección Nacional de Inteligencia e Innovación (DNII), como ámbitos encargados de impulsar la implementación de las medidas y asegurar la coordinación entre organismos. Esta dimensión institucional no es menor: la historia reciente muestra que muchas iniciativas de simplificación fracasan no por falta de diseño, sino por dificultades en su ejecución transversal.

La interoperabilidad es, probablemente, el concepto más relevante del capítulo. En términos simples, implica que los distintos organismos públicos —y en algunos casos también actores privados— puedan compartir y acceder a información de manera segura, evitando que las empresas deban presentarla múltiples veces. El proyecto avanza en esta línea con medidas concretas: se habilita el acceso de instituciones de intermediación financiera a información sobre riesgo crediticio; los organismos públicos podrán consultar estados financieros centralizados; y se crea un Registro Único de Apoderados y Representantes que incorporará no solo las revocaciones —como ocurre actualmente— sino también la designación de apoderados, generando una base de información clave para la operativa empresarial.

A su vez, se profundiza la articulación de plataformas existentes, como la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y la Ventanilla Única de Inversiones (VUI), ampliando su acceso a organismos como la DGI y el BPS. Esto tiene el potencial de reducir significativamente la duplicación de controles y de mejorar la consistencia de la información utilizada por el Estado.

Otro eje relevante es el de la transparencia y la digitalización. En este sentido, se introducen avances concretos, como la posibilidad de llevar libros societarios —por ejemplo, actas de directorio o de asamblea— en formato digital. Se trata de un cambio significativo, considerando que hoy esta opción es muy acotada y se limita a los libros contables, lo que genera ineficiencias en la gestión corporativa.

Finalmente, el proyecto incorpora medidas de simplificación en sectores específicos, incluyendo actividades agropecuarias, forestales, cárnicas y mineras, así como ajustes puntuales en rubros como el cosmético, donde se busca racionalizar requisitos y procedimientos. Si bien estos aspectos merecerían un análisis particular, reflejan una intención clara de atacar cuellos de botella concretos en la operativa empresarial.

En definitiva, las propuestas del proyecto parecen bien orientadas y alineadas con buenas prácticas internacionales. No obstante, su impacto dependerá menos de la enunciación de principios y más de la capacidad efectiva de implementación. La pregunta relevante, entonces, no es solo si las medidas son adecuadas, sino si el sistema estará en condiciones de hacerlas realidad.

- Dra. Giovanna Lorenzi, socia a cargo del área de asesoramiento tributario y legal / Ec. Marcelo Sibille, gerente senior del área de asesoramiento económico y financiero de KPMG en Uruguay.