Competencia en la era de las plataformas digitales

Actualmente nos encontramos rodeados de plataformas digitales, presentes en prácticamente todas las actividades cotidianas. Desde pedir comida hasta almacenar datos en la nube, o más recientemente pagar desde el celular, cada vez más mercados funcionan sobre infraestructuras digitales. Comprender cómo operan estos mercados es esencial para evaluar si las herramientas tradicionales de defensa de la competencia resultan adecuadas o si requieren adaptaciones.

Estos mercados tienen una lógica económica particular. Las plataformas digitales operan típicamente como mercados de dos o más lados: conectan consumidores con comercios, anunciantes con audiencias, entre otros. Esa intermediación genera efectos de red (cuantos más participantes hay de un lado, más atractiva se vuelve la plataforma para el otro) y, combinada con fuertes economías de escala y altos costos de cambio, tiende a producir estructuras concentradas donde se ven beneficiadas las empresas ya establecidas en el mercado. A su vez, la estructura de precios suele ser asimétrica: la plataforma subsidia al lado que necesita atraer y cobra más al que captura valor, lo cual no es en sí anticompetitivo pero obliga a evaluar ambos lados del mercado de forma conjunta.

El resultado es que, en mercados digitales, el daño competitivo no siempre se manifiesta a través de precios altos. Puede adoptar formas menos visibles: restricciones de acceso, pérdida de interoperabilidad entre proveedores o exclusión directa de competidores.
En ese contexto, la Unión Europea fue pionera en aprobar un régimen específico a través del DMA (Digital Markets Act), que introdujo el concepto de gatekeepers o "guardianes de acceso". Se trata de grandes plataformas que, por su posición de intermediación, pueden constituir un punto de acceso difícilmente evitable para los usuarios. El objetivo del DMA es establecer obligaciones previas para preservar la disputabilidad y equidad de los mercados digitales.

La norma entró en vigor en octubre de 2022, y la Comisión Europea designó inicialmente seis gatekeepers en setiembre de 2023 y luego incorporó a Booking, alcanzando actualmente siete plataformas designadas: Alphabet, Amazon, Apple, Booking, ByteDance, Meta y Microsoft.

A través de esta ley, la Unión Europea ha apostado por un camino más agresivo en lo que respecta a la aplicación de las normas de competencia en mercados digitales, imponiendo multas millonarias (más de 6.000 millones de euros desde 2024) a Apple, Google y Meta por prácticas como favorecer sus propios servicios o impedir que los usuarios elijan alternativas libremente.

Por el contrario, Estados Unidos no ha logrado consolidar un régimen específico equivalente para este tipo de plataformas, pese a varias iniciativas legislativas presentadas. Su estrategia ha descansado principalmente en la aplicación de las normas antitrust tradicionales y en litigios caso a caso contra grandes empresas tecnológicas.

Las tendencias recientes no proponen abandonar el análisis de dominancia, sino complementarlo con una evaluación más amplia del poder de intermediación de las plataformas: interoperabilidad, externalidades de red, costos de cambio y control de acceso.

Los casos recientes ilustran bien este cambio de enfoque. En los últimos tres años, autoridades de competencia de todo el mundo han intensificado sus acciones contra Google, Meta, Apple y Amazon, con resultados dispares pero reveladores. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia logró en 2024 que un juez declarara a Google monopolista ilegal en el mercado de búsquedas, al demostrar que la empresa pagaba miles de millones a Apple y otros fabricantes para ser el buscador predeterminado, bloqueando así a sus rivales.

En 2025, otro tribunal concluyó que Google también abusó de su posición en tecnología publicitaria. Sin embargo, la FTC sufrió una derrota importante contra Meta: el juez consideró que plataformas como TikTok y YouTube ya compiten eficazmente con Facebook e Instagram, lo que desmontó la tesis de que Meta detentaba un monopolio en redes sociales personales.

Las grandes plataformas suelen haber crecido porque ofrecen calidad, innovación y conveniencia, generando genuinas eficiencias para los usuarios. El problema no es el tamaño en sí mismo. El problema surge cuando esa escala permite cerrar el acceso a competidores, reducir la interoperabilidad o imponer reglas privadas que otros actores no pueden replicar. En esos casos, es la disputabilidad del mercado lo que se resiente, y es allí donde el análisis económico de la competencia tiene un rol indispensable.

Para América Latina, estas tendencias globales plantean una agenda ineludible. La región ha sido principalmente receptora de los servicios de las grandes plataformas, sin haber desarrollado aún marcos regulatorios específicos equivalentes al DMA europeo. Brasil, el mayor mercado digital de la región y pionero en interoperabilidad de servicios de pago a través de PIX, ya dio un paso significativo al presentar en setiembre de 2025 el Proyecto de Ley 4675/2025, que propone crear una Superintendencia de Mercados Digitales dentro del CADE con facultades para designar agentes de relevancia sistémica e imponerles obligaciones específicas.

La OCDE, por su parte, documentó en 2025 cómo diversas autoridades de la región (incluidas las de Brasil, Colombia, Argentina y México) están aplicando remedios en mercados digitales para abordar problemas como cláusulas de nación más favorecida, autopreferencia y uso abusivo de datos. El desafío para las economías latinoamericanas es doble: fortalecer las capacidades institucionales de sus autoridades de competencia y calibrar sus intervenciones de modo que promuevan la contestabilidad sin desalentar la inversión ni la innovación en mercados que aún tienen un enorme potencial de crecimiento.

Uruguay no es ajeno a este debate. En octubre de 2025, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec) sancionó a la gremial patronal del taxi (Cpatu) por abuso de posición dominante, al determinar que la imposición de exclusividad a sus afiliados (prohibiéndoles usar plataformas digitales competidoras como Cabify) generaba un cierre artificial del mercado de intermediación de viajes. Lo significativo del caso es que la Coprodec aplicó expresamente el análisis de mercados de dos lados y los efectos de red indirectos para fundamentar su decisión: el mismo herramental económico que hoy utilizan las grandes jurisdicciones para evaluar conductas de plataformas globales.

A su vez, el MEF ha incluido dentro de sus ejes el fortalecimiento del marco normativo de defensa de la competencia y de la propia Coprodec. Es una señal alentadora, pero el camino por recorrer es largo. En una economía pequeña y abierta como la uruguaya, donde muchas de las plataformas dominantes operan desde el exterior, la autoridad de competencia necesita herramientas que le permitan actuar con mayor agilidad y profundidad frente a mercados que no esperan.

- Juan Carlos Oehler y Sofia Pereira. Consultoría Económica de Grant Thornton Uruguay y Paraguay.