Ataque oficial al sector lechero

1/1

JULIO PREVE FOLLE

Al publicarse este artículo es posible que se haya perpetrado ya un importante ataque a la producción lechera, derivado de un proyecto de ley patrocinado por el senador Mujica pero presentado por todos los senadores oficialistas. El mismo, amparado en impresiones y ningún estudio, propone nada menos que postergar por un año los lanzamientos rurales, solo para explotaciones lecheras.

SUPERFICIALIDAD. Es bueno informar que no existe un solo número -no lo hay en el mensaje que acompaña al proyecto de ley- que permita tener una idea del supuesto problema, para contrastarlo en todo caso con la solución propuesta, que es vieja, repetida, y probada con total seguridad en el perjuicio severo a los arrendatarios, en especial a los lecheros del futuro. Legislar así, al golpe de la primera impresión, parece aventurado; y reaccionar con semejante misil ante problemas de alcance poco conocido, una temeridad.

Llama la atención que se quiera establecer un privilegio en el uso de la tierra solo para los que se dedican a un rubro, pretendiendo establecer por obra de una excepción a la ley de arrendamientos rurales, una categoría de productores rurales privilegiados: los arrendatarios lecheros. Por eso no puede dejar de preverse una extensión de la medida a otros arrendamientos.

Me resulta imposible aceptar la intromisión de la ley en un contrato legítimamente celebrado entre ciudadanos libres, que no sufrieron insalvable presión alguna para acordar. Violentar la libertad práctica de los ciudadanos me parece ilegítimo. Y hacerlo en este caso, además, una barbaridad económica.

Lo que parece afectar la sensibilidad de algunos, es que contratos celebrados a lo mejor hace algunos años, al renovarse son afectados por las legítimas expectativas que tienen los arrendadores de lograr rentas superiores. Esto ocurre a partir de cambios obvios en los precios no solo de la leche sino de la agricultura, en particular de la soja, sindicada por la ignorancia como si fuera un enemigo nacional. Esta situación puede llevar a que arrendatarios de años, o bien no puedan pagar elevadas rentas lecheras -que si existen es porque hay quienes las pagan-, o rentas agrícolas. Una u otra circunstancia los obligaría en estos casos a dejar la actividad. Creo que así es la vida; los jóvenes desplazan a los viejos, los que pueden cobrar menos desplazan a los que cobran más, los que saben más desplazan a los que saben menos, los trabajadores suelen ganar menos que los dueños; la tecnología, al tiempo que genera trabajos que exigen nuevas destrezas desplaza a otros que a lo mejor no las exigen; y así sucesivamente. Esta son leyes de la vida, como la de la gravedad, y son tales aquí, en todo el mundo y en todas las épocas. Las sociedades deben construir colchones para amortiguar las cosas pero no pueden cambiarlas; no sin causar peores dolores. Por eso, pretender violentar totalmente el corazón de los contratos metiendo en la misma bolsa tantas cosas diferentes es una ingenuidad. Y suponer que el arrendatario de hoy es la parte débil del contrato, una generalización incomprensible.

CONTRA LA LECHERÍA. Desde el punto de vista económico, este "remedio" de claro contenido preelectoral, puede generar los siguientes efectos. En primer lugar es obvio que las rentas para la lechería a partir de esta ley, tienen que aumentar. En ellas habrá que incluir lo que técnicamente se conoce como "riesgo político", es decir la posibilidad que lo acordado libremente, sea violentado por legisladores "sensibles". Pero además, no cabe duda que si había elementos para que un arrendador considerara favorablemente hacer el negocio con agricultores, ahora con seguridad se verá mucho más alentado. ¿Por qué? Obviamente porque corre el riesgo que la sensibilidad social de algunos legisladores lo obligue a hacer lo que no quiere. La ley de esta forma logrará a lo mejor cierta estabilidad por un año, que probablemente en la antesala de las elecciones se prorrogue, pero solo para los que estén arrendando hoy. Pasado ese lapso, lo que es absolutamente seguro es que, vencida la prórroga constituida en abuso respecto del arrendador, el arrendatario irá para afuera del predio. Y si se corre la voz de su abuso, es poco probable que alguien le vuelva a arrendar. Por otra parte, los jóvenes aspirantes a tamberos de los que habla el senador patrocinante quedarán esperando, ya que la sola idea de arrendar a un lechero se convertirá en peligrosa.

En las visitas de las diferentes gremiales y las intervenciones de los patrocinantes quedó muy patente que incluso la ley actual, que establece un plazo mínimo para la lechería de cinco años -cuatro por ley más uno de prórroga- es sistemáticamente eludida en los contratos en los que los arrendadores prefieren que no aparezca la condición de lecheros. Recuerdo perfectamente de dónde salieron esos cuatro años. Durante la discusión parlamentaria un senador del partido de gobierno -año 1991- que no aceptaba la libre contratación, concedió finalmente votarla si se exceptuaba a los lecheros y se les ponía si no un plazo, al menos un "placito". De nada valió explicarle que cuatro años no era ni chicha ni limonada, y que la longitud del plazo dependía de la confianza entre las partes y no de la ley. No fue posible convencerlo y quedó así. Pero -no hay mal que por bien no venga- aquel dislate nos da la oportunidad de probar todo lo anterior, al reconocerse hoy que los arrendadores buscan que en el contrato no figure el destino lechero. Éste debería constituir precisamente el argumento de hierro para no meterse con una ley en los lanzamientos, so pena de afectar gravemente a la lechería en el futuro.

SOJA. Por otra parte, una cosa era cuando la lechería era la que con comodidad pagaba las mejores rentas, y otra muy diferente hoy, con una agricultura empujando y, en la mayoría de los casos haciendo contratos más cortos, de tres o cuatro años. Buscando favorecer la competencia con la soja lo único que se logrará es que todos se lancen a arrendar con este destino. Ello dicho salvo que el MGAP complemente esta medida con prohibiciones científicamente insostenibles basadas en la conservación de los suelos.

Debe quedar claro asimismo lo expresado en el "primer encuentro de soja" de la semana pasada desarrollado en el Parque Hotel, impactante por la cantidad de jóvenes asistentes. Quedó meridianamente claro que la soja no es enemiga del suelo -pueden serlo ciertos manejos asociados a ella- ni que genera menos empleo que nadie. Dicho sea al pasar, comparar empleo pelo a pelo entre una hectárea de cualquier rubro y una de soja es un grueso error. En mi opinión eventualmente habría que comparar incluyendo interacciones con otras actividades. Y allí sí no tengo ninguna duda que la agricultura -de soja o de lo que sea- no tiene nada que envidiar a ninguna otra actividad: ni en empleo, ni en inclusión social, ni en generación de sinergias con otros sectores, ni en la convocatoria a la modernidad tanto agrícola como de gestión empresarial.

Quiero señalar también que muchos tienen dudas sobre la constitucionalidad de la norma propuesta, que agravia unos cuantos principios generales de derecho. Por citar algunos: violación de contratos, del derecho de propiedad, desigualdad entre arrendatario y arrendador, entre arrendatarios de diferentes rubros, creación de un impuesto disfrazado, retroactividad de las normas.

QUÉ HACER. Cabe reconocer que un gobierno puede desear por las razones que sea promover especialmente un rubro. Para el gobierno anterior lo fue la lechería, y para ello por ley organizó que los consumidores le pagáramos su endeudamiento. Este gobierno quiere favorecer la lechería y también lo hace mal. El único modo genuino y duradero que esto ocurra es que la rentabilidad esperada en ese rubro, mediada por el riesgo de conseguirla, sea superior a la de sus alternativas. En otras palabras, que si el precio no ayuda, mal puede toquetearse lo demás. De otra forma, si el gobierno no quiere que la lechería ceda ante otras actividades, lo primero que tiene que observar es no agregarle riesgo político a la actividad. Y segundo, que vea cómo mejorar sus márgenes: puede aumentar devoluciones de impuestos, subsidiar insumos, subsidiar crédito, gravar diferencialmente con otras actividades, etc. Todas esas medidas tienen costos económicos y políticos. Hay que hacerlos explícitos y dejar opinar a los que tiene que hacerlo.

Yo no creo que la lechería esté amenazada de muerte por la agricultura: se trata de un desafío a la intensificación que, reconozco, no todos soportarán, pero siempre en un esquema de crecimiento global. Tengo sí algunas dudas sobre el resultado final de todo este proceso, aunque me inclino a pensar que si no hacemos nada veremos soja cerca de Cardal (ya la hay), pero desafiando productividades lecheras en crecimiento, y poniendo alimentos desde los granos cada vez más en la dieta lechera. De lo que en cambio no tengo ninguna duda es que este complejo proceso no tiene condición de ser piloteado ni desde el parlamento ni desde la calle Constituyente. Es demasiado complejo como para que alguien crea que puede pilotearlo sin hacerlo capotar.

En definitiva, otro proyecto de ley con olor a naftalina. Contra la libertad de la gente, contra la lechería de mañana, a favor de unos pocos.