OPINIÓN

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En los últimos días, los demócratas acordaron a grandes rasgos un gran programa de inversión pública, que se aprobará a través de la reconciliación, además de un programa bipartidista mucho más pequeño de infraestructura “dura”. Como señalé en una columna reciente, el gasto a lo grande recupera su ritmo.

Pero hay otro acontecimiento político importante: al momento de acordarse el programa de obras fue la “Semana de la Infraestructura”, pero también la “Semana de los Aranceles al Carbono. En términos generales, la propuesta demócrata dice, aunque sin entrar en detalles, que debemos imponer aranceles a las importaciones de los países que no implementen medidas suficientes para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.

El mismo día, la Unión Europea expuso, con mucho más detalle, sus planes para imponer un mecanismo de ajuste fronterizo del carbono.

Entonces, ¿cómo deberíamos pensar en los aranceles al carbono? Por experiencia, sé que escucharemos varias voces que los condenarán por ser una nueva forma de proteccionismo o que afirmarán que son ilegales según el derecho comercial internacional. Deberíamos ignorar estas voces.

En primer lugar, hablemos de las prioridades. Sí, el proteccionismo tiene costos, pero suelen exagerarse y son triviales comparados con los riesgos del cambio climático desenfrenado. Es decir, en el noroeste del Pacífico se están derritiendo con temperaturas mayores a los 38 grados Celsius, ¿y vamos a preocuparnos por la interpretación del artículo III del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio?

Además, resulta indispensable implementar algún tipo de sanción internacional contra los países que no adopten medidas para limitar las emisiones si queremos hacer algo contra una amenaza ambiental existencial. Los países en vías de desarrollo (en particular China, pero no solo) ya son responsables de la mayor parte de las emisiones de dióxido de carbono; ni un gran esfuerzo para eliminar las emisiones de carbono en Estados Unidos y Europa servirá de mucho si no va acompañado de esfuerzos en otras naciones. Además, “la industria se trasladará a China” es uno de los argumentos favoritos de los opositores nacionales a la acción climática, por lo que la política de dicha acción depende en esencia de tener una respuesta a esa afirmación.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, parece casi trivial señalar que los aranceles al carbono no son realmente proteccionistas y deberían considerarse legales según el derecho comercial internacional. Pero creo que son puntos que vale la pena tener en cuenta, aunque solo sea porque se trata de un tema en el que he pensado y trabajado durante muchos años.

Para entender la ley y la economía de los aranceles al carbono es útil considerar la economía y la legalidad de los impuestos sobre el valor agregado (IVA), una importante fuente de ingresos en muchos países (aunque no en Estados Unidos). Créanme, es una comparación muy pertinente.

En el papel, el IVA es un impuesto que pagan los productores: si un país tiene un IVA del 15%, una empresa que produce, digamos, muebles, debe pagar un impuesto equivalente al 15% de sus ventas, menos los impuestos que puede demostrar que pagaron las empresas que le vendieron madera, tela, entre otros. La ventaja de un sistema como ese es que el sector privado hace buena parte del trabajo de aplicación, ya que cada empresa tiene un incentivo para asegurarse de que sus proveedores paguen lo que les corresponde.

Pero, al final, ¿quién paga el impuesto? Por lo general, todos esos impuestos a los productores acaban repercutiendo en un aumento de los precios, de modo que un IVA del 15% es, de hecho, un impuesto nacional sobre las ventas del 15%.

Ahora bien, el IVA siempre va acompañado de “ajustes fronterizos”: los importadores deben pagar el impuesto sobre los bienes que importan, mientras que los exportadores obtienen una rebaja igual al impuesto pagado por lo que exportan. Esto tiene mucho sentido si se piensa en un IVA como un impuesto sobre las ventas. No se querría una situación en la que los compradores de Walmart pagaran el impuesto sobre las ventas solo de los productos fabricados en Estados Unidos, mientras que los productos chinos estuvieran exentos. Y tampoco se querría cobrar el impuesto sobre las ventas a los productos estadounidenses que se venden a otros países.

Este punto suele malinterpretarse bastante. Las empresas estadounidenses, en particular, suelen ver los ajustes fronterizos impuestos por los países con IVA y los consideran aranceles y subvenciones a la exportación que dan a sus competidores una ventaja injusta. Sin embargo, se equivocan en el aspecto económico. Y la Organización Mundial del Comercio considera que los ajustes fronterizos relacionados con el IVA son legales, porque son necesarios para llevar a cabo una política interna que, al menos en principio, no distorsiona el comercio internacional. Es decir, los ajustes fronterizos no desnivelan el terreno de juego, sino que lo igualan.

Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con los aranceles al carbono? Se puede pensar en las políticas nacionales destinadas a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero como formas de inducir a los residentes de un país a tener en cuenta las emisiones resultantes de la producción de los bienes que consumen. Sin duda, esto es cierto si una nación impone un impuesto sobre el carbono o un sistema de “tope y comercio”, en el que las empresas deben comprar licencias para contaminar. Esto también es cierto, aunque en un sentido más difícil de medir, cuando los países imponen normas como el kilometraje y los estándares de energía limpia.

La cuestión es que muchas políticas sobre el cambio climático pueden considerarse una forma de impuesto para los consumidores nacionales. Y al igual que con el IVA, tanto la economía como, creo, la ley (no soy abogado mercantilista, aunque creo entender ese tema) dicen que los ajustes fronterizos —en este caso, un arancel al carbono— son partes apropiadas de una estrategia climática. Es decir, si un país carece de una política climática adecuada, el precio de los bienes importados de ese país debe reflejar una estimación de los gases de efecto invernadero emitidos durante su producción.

Lo que podría hacer que los aranceles sobre el carbono sean un poco más complicados que los ajustes del IVA en la frontera, es la probabilidad de que una parte importante de la política climática implique normas en lugar de un impuesto directo sobre el carbono. En ese caso, aunque un arancel al carbono sigue estando claramente justificado como forma de igualar las condiciones de los productores nacionales y extranjeros, no será fácil fijar el nivel adecuado del arancel; no será tan sencillo como aplicar el mismo tipo de IVA a las importaciones que el impuesto a los productos nacionales. Habrá que hacer bastantes estimaciones e imputaciones y sin duda habrá discusiones sobre las cifras.

No obstante, si bien es cierto que los ajustes fronterizos serán complicados, esta dificultad no es una razón para no hacer nada. Está claro que los ajustes fronterizos del carbono son lo correcto y es mejor hacerlo de manera imperfecta que no hacerlo.

Así que, dos “vivas” por los aranceles al carbono. Momento, ¿por qué solo dos vivas? Porque los aranceles al carbono solo afectan a los bienes que se exportan y, por tanto, solo son una solución parcial al problema de los países que no hacen lo que les corresponde para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Pensemos en el caso de China, que dice que tiene previsto reducir las emisiones, pero sigue construyendo un gran número de centrales eléctricas de carbón. Si los países avanzados imponen aranceles al carbono, esto dará a China un incentivo para reducir el dióxido de carbono emitido al producir sus exportaciones de acero. Pero no impondrá ninguna sanción por las emisiones de carbono de las centrales eléctricas que suministran electricidad a las ciudades chinas. Y esas emisiones, que no están relacionadas con el comercio internacional, son casi con toda seguridad una mayor amenaza para el medioambiente que las emisiones asociadas a las exportaciones.

Por lo tanto, para abordar de lleno el problema de la cooperación internacional, no bastarían los aranceles al carbono que igualan el terreno de juego. Tendríamos que ir más allá y amenazar con sanciones a las naciones que se comporten con irresponsabilidad.

Y eso, me temo, sería ilegal según la actual legislación comercial, porque significaría intervenir en políticas que de manera tradicional se han considerado solo del ámbito nacional. Ahora bien, dada la amenaza del cambio climático, nuestra respuesta debería ser revisar o ignorar la legislación comercial. Pero eso sería un gran paso y no ocurrirá de inmediato.

Por ahora, lo que podemos esperar con toda certeza son los aranceles al carbono. Y deberían ocurrir lo antes posible.