“No podemos exigir lo que el Estado no cumple”: Marcel Suárez y el desafío de cuidar el patrimonio

La historia empieza con diarios y revistas viejos y un abuelo lector que los atesoraba. Marcel Suárez, el nuevo director de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, se crió entre viñedos y suplementos dominicales de El Día y Mundo Uruguayo, en El Colorado, una zona rural cercana a Las Piedras. Su vínculo con la historia y el arte se forjó desde la infancia, entre la curiosidad de un niño y la influencia de una familia de vitivinicultores con raíces canarias y un fuerte apego a la tierra.

Profesor de historia y de historia del arte recién jubilado, Suárez no tuvo descanso: al día siguiente de retirarse de las aulas, asumió su nuevo rol por designación de su viejo amigo de adolescencia —también profesor de historia y también pedrense—, el ministro de Educación y Cultura,Juan Carlos Mahía. La propuesta lo tomó por sorpresa: Mahía lo visitó en su casa un día antes de su cumpleaños, a fines de enero, y le planteó el desafío que obligó a pausar los planes de retiro que ya tenía con su esposa.

“Si no hubiera aceptado, me habría quedado con la intriga de cómo sería. Ahora estoy sabiendo. Arrepentido todavía no estoy”, dice a Domingo, entre risas.

Con ese gesto de aceptación vino también el compromiso: debe velar por más de 2.000 monumentos históricos, revisar solicitudes pendientes, atender emergencias patrimoniales —como la que surgió un día antes de su asunción, por un incendio en la estancia de Narbona, en Colonia— y fortalecer un equipo que hoy trabaja con recursos limitados. “Ganas no faltan, sí problemas. Pero recién empezamos”, asegura.

La misión, en el fondo, no es solo técnica ni administrativa: se trata de custodiar la memoria material e inmaterial del país y asegurar que los rastros del pasado no se borren en el apuro del presente.

“Hay monumentos históricos que están en estado de deterioro importante, y eso me parece lo primero que hay que atender”, advierte Suárez. “Sobre todo si son propiedad del Estado, porque no puedo exigirle a un particular que cuide un bien con valor patrimonial si el propio Estado no se hace cargo, no lo tiene relevado ni atendido”.

Darwin Borrelli

Desde que asumió, Suárez viene recorriendo el país con una idea clara: “Marcar presencia en el territorio”. La participación en eventos como laPatria Gaucha en Tacuarembó, o en encuentros recientes en Punta del Este, Florida y Durazno, no solo le permite interiorizarse de las problemáticas locales, sino también estrechar vínculos con actores culturales y atender situaciones que no siempre llegan a la sede en Montevideo. El fin de semana pasado estuvo en Paysandú, en un seminario sobre patrimonio funerario, y pronto deberá viajar a Cerro Largo.

La intención es clara: acercarse, escuchar y construir junto a otros. Pero el contacto con el territorio no se agota en lo simbólico. Forma parte de un diagnóstico urgente: la Comisión del Patrimonio enfrenta una sobrecarga de tareas. “Empezamos por un recorrido institucional para saber con qué contamos realmente”, explica Suárez. Entre los objetivos inmediatos del primer año de gestión están reforzar áreas críticas. También generar condiciones para cumplir los cometidos básicos establecidos por la ley 14.040, que rige a la Comisión.

“Hoy somos 18 personas. Ya se jubilaron dos más y hay otra en camino. Eso afecta directamente nuestra capacidad de respuesta. Hay casos que llevan años sin resolución, no por desinterés, sino porque no damos abasto”, reconoce.

Los cuellos de botella se acumulan, especialmente en áreas técnicas como arqueología y arquitectura.

—¿Qué visión tiene usted sobre la comprensión que tiene la sociedad sobre su patrimonio?
—Creo que nos falta mucho en términos de conciencia patrimonial. Si hubiera una mayor formación, muchas personas pensarían dos veces antes de descuidar un bien, dejarlo librado su cuidado a otro o admitir que desaparezca. El que grafitea, por ejemplo, es consciente de que está afectando un bien, lo hace como una forma de conquista territorial.

—Una de las quejas más frecuentes es el vandalismo en el espacio público, que, siguiendo su idea, sería una expresión de esa falta de formación.
—Claro. Hay un proceso real de destrucción. Esta situación es dramática en la zona metropolitana. Pensemos en lo que pasó con el monumento a Rodó, o en la fuente de la Plaza Matriz, a la que recientemente se le rompió una figura, supuestamente por accidente, y que ahora está siendo reparada. Esto tiene que ver con nuestra falta de conciencia cívica y de cultura patrimonial. Algunos estamos preocupados; a otros no les importa en absoluto.

Más allá de la voluntad y el compromiso, a la ley que regula el patrimonio cultural le falta, en palabras de Suárez, “una policía patrimonial” que, a menudo, es lo que reclaman distintos colectivos o vecinos. “Debería tener alguna dimensión coercitiva. Pero para eso necesitás una infraestructura institucional y presupuestal que hoy no tenemos”, advierte.

La Comisión, dice, podría cobrar multas ante intervenciones indebidas en bienes patrimoniales. Pero para eso habría que determinar el monto, quién la aplica y cómo se gestiona. Nada de eso está definido. “Hay casos donde quien daña un bien puede pagar sin problema la multa. Pero en otros, el propietario actúa desde el desconocimiento”, explica.

Aunque se trata de custodiar una parte esencial de la identidad del país, el patrimonio casi nunca figura entre las urgencias presupuestales. “Esto entra en competencia con otras prioridades del Ministerio de Educación y Cultura y del Estado. En un país donde hay gente que muere en situación de calle, o en cárceles, o donde la inseguridad y el narcotráfico movilizan la agenda política, el patrimonio solo trasciende cuando hay problemas y no cuando se hacen cosas buenas”.

Y suma una dificultad más: “La gestión del patrimonio cultural no es barata”. A eso se suma que el número de bienes a proteger sigue creciendo. “Ya vamos por los 2.000 monumentos históricos nacionales, y es mucho”.

Para Suárez, no se trata de una cuestión partidaria. “Esto no es un tema político-partidario, sino una política de Estado que siempre ha quedado relegada en la agenda nacional”, señala.

Mientras tanto, los desafíos se acumulan. Compatibilizar la protección patrimonial con actividades económicas clave, o pensar modelos de turismo que no destruyan lo que buscan mostrar, son apenas algunos ejemplos. En ese contexto, recorrer el país, dialogar con actores locales y reforzar una estructura debilitada parecen pasos pequeños, pero necesarios. Porque, como insiste Suárez, custodiar el patrimonio no es solo conservar lo viejo: es defender la historia y la identidad de la sociedad uruguaya.