Ni apelan su propia ejecución

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AFP | NUEVA YORK

"Acuérdense: yo le metí un revólver en la oreja a un tipo y oprimí el gatillo. Ustedes me sentenciaron a morir y tienen el derecho a hacerlo. No veo cuál es el problema". Estas fueron las últimas palabras públicas de Robert Comer, de 55 años, que recibió el martes la inyección letal en Arizona, Estados Unidos.

Dos días después, el jueves, Christopher Newton corrió la misma suerte en Ohio. Se trata de dos historias muy diferentes, pero con un punto en común: como sucede con más de un condenado de cada nueve en Estados Unidos, los dos hombres renunciaron a apelar y pidieron morir.

Comer, de 55 años, mató a un compañero de camping en 1987. Antes había cumplido pena de cárcel por asalto y violación. Una vez recluido, pasó 13 años de innumerables grescas con otros reclusos y los guardias y prendió fuego su propia celda; fue citado 43 veces por indisciplina en la cárcel. Pero en 2002, todo cambió: "Es mi vida y yo he tomado la decisión de retirar todas las apelaciones", dijo.

Delincuente reincidente en Ohio, Christopher Newton, de 37 años, un día se convenció de que no saldría jamás de la prisión. Frente a esta perspectiva, prefirió en noviembre de 2001 matar a su compañero de celda para ser condenado a muerte. Recibió el jueves la inyección letal.

Para los críticos de la pena capital, esas ejecuciones "voluntarias" no son más que suicidios asistidos por el Estado y su constante proporción ilustra lo inhumano de las condiciones de vida en los corredores de la muerte.

Desde el restablecimiento de la pena de muerte en 1976 en Estados Unidos, 124 condenados ejecutados renunciaron a sus apelaciones, más de uno de cada nueve. Ciertos estados, principalmente en el noreste, sólo ejecutan "voluntarios", pues la apelaciones tienen por lo general una respuesta "positiva" para el presidiario.

Según un informe de Amnistía Internacional, la casi totalidad de estos "voluntarios" son hombres blancos, aunque la mitad de los más de 3.300 condenados a muerte estadounidenses pertenecen a una minoría étnica, negros o latinos, principalmente.

Amnistía desglosó en su informe las razones que pueden inducir a un preso a pedir la muerte: enfermedad, remordimiento, fanfarronería, creencia religiosa, búsqueda de notoriedad o simplemente la necesidad de hacer uso de lo que parece ser un último acto de control sobre su vida.

Pero sobre todo, son las condiciones de detención, en aislamiento absoluto durante años y enfrentado a la infernal alternancia de la esperanza y el abatimiento, las que hacen perder la cabeza a algunos y el gusto de vivir a muchos, señaló Amnistía.

"Es muy desalentador verlos abandonar toda esperanza (...). Es comprensible, considerando las condiciones en que viven, pero eso equivale a mirar a alguien suicidarse", dijo John Blume, abogado y profesor de derecho que ha defendido a medio centenar de condenados a muerte, entre ellos a un ejecutado que renunció a apelar.

Para Richard Dieter, presidente del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, los corredores de la muerte no se hicieron para que hombres y mujeres vivan allí 10, 15 o 30 años, como ocurre.

Aislados 22 horas por día, sin actividad, los condenados sufren "una pena adicional", denunció Dieter.

En 2005, la religiosa católica Eileen Reilly acompañó a Michael Ross, un asesino en serie de Connecticut, que pidió ser ejecutado luego de 20 años de apelaciones.

"Me dejó venir con la condición de no hablar de su decisión, pero en realidad sólo habló de eso. Él quería que la aprobara. Pero yo no podía, eso me habría convertido en cómplice de lo que estaba haciendo el Estado", dijo.