Aborto, entre la ética, el pragmatismo y la hipocresía

IGNACIO ÁLVAREZ

Todos conocemos a alguien que abortó, si es que no vivimos en carne propia esa delicada experiencia. Sin eufemismos, reconozcamos que se trata de matar una vida. Y sin dramatismos, convengamos en que no es igual a asesinar a una persona. En el medio está el debate legítimo, complejo, ético, religioso, jurídico y político, sobre si debe o no despenalizarse. Tan complejo que hoy los votos en ambas cámaras estarían dando un empate técnico, y los legisladores indecisos serían quienes inclinarían la balanza en uno u otro sentido. Legisladores que, por otra parte, no actúan monolíticamente según el color de su partido, si bien mayoritariamente blancos, colorados e independientes están en contra, y los frenteamplistas a favor (y esta vez no está Tabaré Vázquez para vetarla).

Sabido es que el aborto es delito en Uruguay; aunque lo que no se sabe tanto es que el Código Penal habilita al juez a eximir de pena a quienes en determinados casos lo lleven a cabo "por razones de angustia económica", "para salvar el honor", "para eliminar el fruto de una violación" o "para salvar la vida de la madre".

De todas formas, su carácter delictivo no impide que se realice a diestra y siniestra, no ya en las otrora famosas y muchas veces pavorosas clínicas clandestinas, sino mediante la aplicación del medicamento estrella de los últimos años: el misoprostol. Un fármaco originalmente concebido para uso gástrico, pero al que se le descubrió un formidable efecto abortivo al propiciar las contracciones del útero como efecto secundario; efecto secundario que pasó a ser el principal objetivo de las mujeres que desean interrumpir un embarazo no deseado.

En teoría, el misoprostol debe adquirirse con receta de un gastroenterólogo y está prohibida su prescripción con fines abortivos, pero en la práctica se consigue en internet, en la calle y en las farmacias, en muchas de las cuales se vende sin receta. El MSP no lo controla y no aborta el que no quiere: "Es exactamente así; no nos vamos a hacer trampas al solitario. Por un lado estamos exigiendo una cosa y por el otro lado no controlamos a las farmacias que están prescribiendo el misoprostol en forma clandestina: hoy por hoy no se controla", me reconoció esta semana en Radio Sarandí el Presidente de la Junta Nacional de la Salud, Luis Gallo Cantera. Y alertó sobre el riesgo que supone la venta clandestina del fármaco, "porque hay gente vendiendo diciendo que es misoprostol, y es cualquier otra pastilla con otros efectos secundarios".

Otro alto jerarca de Salud Pública me confiaba que en su opinión lo ideal para abortar sería que el misoprostol fuera recetado estrictamente por los ginecólogos, y controlar firmemente su indicación. Pero eso hoy es imposible, desde el momento en que sería un delito prescribir un medicamento con un fin abortivo.

Conclusión: las mujeres acceden al misoprostol como quieren y abortan colocándose las pastillas en sus casas. Como no se puede tapar el sol con un dedo, si la gente quiere abortar, que lo haga, aunque sea delito.

Pero no todo es tan simple. El uso indiscriminado del misoprostol puede causar secuelas irreparables a nivel reproductivo en los casos de mujeres con cesáreas previas que usen la pastilla después de las once semanas de embarazo, e incluso comprometer su vida.

La falta de información también ha llevado a mujeres con embarazos avanzados a colocarse la pastilla, provocando el nacimiento de bebés prematuros, con todos los riesgos que ello conlleva, si bien las estadísticas nacionales no arrojan un incremento en esta materia.

Para mitigar estos problemas, el gobierno acaba de aprobar un decreto que obliga a mutualistas y hospitales a instalar servicios que asesoren sobre anticoncepción y embarazos no deseados. Esto significa que en todos los centros de salud públicos y privados del país deberá haber un equipo integrado por un ginecólogo, una partera y un asistente social, que deberán asesorar en casos de embarazos no deseados.

El decreto supone la extensión de una experiencia que hasta el momento se venía desarrollando con éxito en el Hospital Pereira Rossell bajo la iniciativa del Dr. Leonel Briozzo: ante la intención de abortar de una mujer, se pretende hacerla reflexionar sobre el alcance de su decisión y, en caso de mantenerla, asesorarla sobre la forma menos riesgosa de proceder.

Para calibrar la importancia de esta medida, hay que tener presente que hoy por hoy, si una mujer consulta a su ginecólogo porque quiere abortar, el médico puede aconsejarla o no; y muchos no lo hacen, ya sea por razones de principios, porque no tienen ganas de complicarse o por temor a represalias judiciales (¿acaso el médico en estos casos no podría ser considerado un asistente del delito, que asesora sobre cómo cometerlo?).

Con la instalación obligatoria de estos servicios multidisciplinarios, todas las mujeres van a contar con una policlínica donde consultar en su centro de referencia, evitando incluso, si lo desean, el tener que planteárselo a su ginecólogo de cabecera.

Dada la brecha entre la situación legal uruguaya y la realidad fáctica en torno al aborto, el gobierno salda la hipocresía con pragmatismo, mientras procura despenalizar el aborto.

igalvar71@hotmail.com