El pasado domingo 5 de febrero circulaba en taxi desde el Puerto de Montevideo hacia el Este por la Rambla a media tarde y había una multitud de gente que se movilizaba abigarradamente -a pie, en bicicleta, moto, auto- sin solución de continuidad bajo un invicto sol. “No se quedó nadie en casa”, me dijo el chófer, a lo que asentí sin vacilación.

Se veían personas de todas las edades, todas las condiciones, todas las actitudes y todos los semblantes. Como esa circunstancia no calza en el sonsonete viral del “todo está mal” entonado por los augures de desastres traté de encontrar una respuesta que explicara el designio que se escondía tras esa alegría de vivir multitudinaria.

Coherente con una incontinencia proselitista y “periodística” que reparte “palos porque no bogas y porque bogas palos”, multiplicando falazmente la trascendencia y haciendo escándalo de toda peripecia de gobierno, quise entender hasta dónde ese colectivo de vitalidad era solo una máscara detrás de la que ardía seguramente una furia popular contenida provocada por el “caso Marset” y “el caso Astesiano”: asuntos emergentes de publicitados errores administrativos, con posibles secuelas de carácter penal vinculadas con individuos de antecedentes de conducta dudosos. Temas que -cualquier estudiante de los primeros años de Derecho lo sabe- para conocer su verdadera dimensión, exigen alejarse de los “bolazos” y esperar al final de las respectivas investigaciones administrativas y judiciales.

Hasta ahora lo fenomenalmente grande en la materia ha venido siendo que desde 2013 , cuando el cenit de la gesta gubernamental del Frente Amplio, docenas y quizás cientos de rusos obtuvieron ciudadanía uruguaya con pasaportes irregulares, siendo pivot de la maniobra un cónsul -que se sabe gestó un negocio en provecho propio millonario en dólares- , quien fuese designado ante el gobierno ruso por el Presidente José Mujica, y mantenido luego en 2018 por el presidente Tabaré Vázquez. Que convoca a una pregunta: ¿Cómo es que nadie vio nada?

Y, dentro de ese marco justamente es que la investigación administrativa del gobierno nacional en curso acaba de determinar cambios graves en las cúpulas policiales, ante resultancias cabales emergentes de las investigaciones de los hechos citados. Como debe ser.

Las expresiones públicas habituales de -entre otros “progresistas” los intendentes Ing. Carolina Cosse y Yamandú Orsi - tienen un valor intencional que las descalifica. Por ello días atrás llamó la atención una cita de la Intendente capitalina diciendo que los hechos comentados habían ocasionado mal a Uruguay internacionalmente. De lo que se había enterado ¡por el “Financial Times”!

La conclusión constaba efectivamente en ese periódico. Decía: “un escándalo de pasaportes en Uruguay obliga a considerar la corrupción”. La información incurría en un olvido que amerita considerarla como fake news (noticia falsa), ya que ignoraba intencionalmente que la maniobra ilícita se gestó y desarrolló durante el gobierno nacional del Frente Amplio cuando no había “caso Astesiano” y que fue descubierta recientemente.

Hoy ha trascendido que la autora de la nota fue la periodista Lucinda Elliot, radicada en Argentina, corresponsal del “Financial Times” para el Cono Sur (“ICNdiario, Raúl Vallarino, [email protected]). Una simpatizante de la “izquierda” latinoamericana. Que merecería un lugar en “TV Ciudad” ¿Sueldo? Lucinda: los contribuyentes de Montevideo pagamos. “No problem”.