El Banco Central del Uruguay (BCU) recibe por año más de 200 reportes de "operaciones sospechosas" de lavado de activos. El gobierno lanzó ayer una estrategia a dos años para mejorar el combate a ese delito.
"Para buena parte de aquellos que estudian y trabajan estos temas, el lavado de activos no es otra que el producto de la actividad criminal. No vale la pena entrar en ámbitos académicos para entender esta cruda, obvia y compartible realidad", dijo el titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos de la Presidencia de la República, Carlos Díaz.
Ayer, en la Torre Ejecutiva, el gobierno presentó los objetivos del Plan de Acción de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que se desarrollará en los próximos dos años.
A fines de 2009, el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) excluyó a Uruguay de un grupo de países con dificultades en el combate al lavado de activos.
Ese mismo año se actualizó la ley antilavado de 2004. Entre otras cosas, la norma obliga a los escribanos y operadores inmobiliarios a reportar operaciones sospechosas.
Pero más allá de los avances registrados en los últimos tiempos, las autoridades entienden necesario seguir trabajando y por eso tras dos años de análisis se presentó ayer el nuevo esquema de acción, que fue diseñado con el asesoramiento de expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En tal sentido, el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo en la conferencia de prensa realizada ayer que se debe trabajar "permanentemente y estar alertar para estar un paso adelante de las construcciones de la criminalidad organizada".
"La seguridad jurídica no atrae solamente a los buenos inversores, sino también a otros que no queremos en nuestro país", agregó Cánepa.
"Hoy, algunos de los que se arrogan la seriedad igual alientan a que el país hubiese continuado un camino donde la búsqueda de captar el dinero -que no necesariamente es legal en otro países- sea utilizado como mecanismo de ingreso de divisas a Uruguay", dijo el prosecretario de la Presidencia.
200 CASOS. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU recibe cada año "entre 200 y 220" reportes de casos sospechosos de lavado de activos, dijo el gerente de ese organismo, Daniel Espinosa.
La UIAF estudia esos casos y remite a la Justicia los que considera que "debe seguir la investigación", explicó Espinosa ayer en la Torre Ejecutiva.
El jerarca del BCU consideró que los controles existentes en el sector financiero (considerado clave para desarrollar estos delitos) son "fuertes".
De todos modos, Espinosa indicó que en relación a los sectores inmobiliarios y societarios, que "históricamente" han tenido vinculación con el lavado de activos, los controles "no están tan avanzados" y por ese motivo" el plan de acción presentado ayer "los prioriza para los próximos años".
Díaz, el responsable de la Secretaría Antilavado de Activos, dijo a El País que la intención es reforzar los controles en torno a las ONG, ya que como habitualmente no son fiscalizadas por los organismos tributarios por estar exoneradas del pago de impuestos, generan "un ambiente propicio para que haya irregularidades y eso pasa no solo en Uruguay sino en el resto del mundo".
"Tenemos claro que cuando reforzamos un sector el lavado se traslada a otro. Tenemos un buen control en el sector financiero que es el más riesgoso; tenemos que mejorar en el sector inmobiliario y tenemos la certeza de que cuando eso pase vamos a estar preocupados por otro sector", dijo Díaz.
EL PLAN. El jerarca antilavado señaló que el combate al blanqueo de capitales es "la única forma eficiente" de luchar contra el crimen organizado porque así se priva a las organizaciones de sus ganancias.
El Plan de Acción de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo presentado ayer pretende "armonizar" el marco legal. Asimismo, se pretende mejorar la coordinación y el intercambio de información entre los diferentes organismos estatales.
Por otro lado, la idea es "reforzar" los mecanismos de investigación y "fortalecer" los juzgados y fiscalías especializadas en crimen organizado.
En tanto, el abogado argentino Mariano Federici, del FMI, destacó "el fuerte compromiso político al más alto nivel en la lucha contra estos delitos" que existe en Uruguay.
FMI: Destacó "al alto apoyo político" que hay en Uruguay para evitar el lavado de activos
Hubo 36 alertas en solo dos años
Un informe de la oficina antilavado de activos de Estados Unidos reveló que el 10% de las operaciones reportadas en ese país están relacionadas con Argentina y que, a su vez, implican a entidades financieras de Uruguay y Panamá.
El informe, que fue divulgado a fines de 2011, estableció que en esas maniobras se registraron "actividades cambiarias sospechosas" destinadas a evitar "restricciones o controles". El reporte incluye un ranking de países según los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos entre noviembre de 2009 y junio de 2011. En ese punto Uruguay tuvo 36 "informes negativos".
Según el estudio, denominado "Revisión de la actividad de los reportes de operaciones sospechosas" que fue emitido a mediados de octubre de 2011 por la unidad antilavado estadounidense (FinCEN, por su sigla en inglés), los reportes que implicaron a Argentina involucraron "el uso de casas de cambio que instruyeron a sus clientes que transfirieran fondos a través de terceras entidades desconocidas en Uruguay y Panamá para recibir moneda local".