Hay visiones encontradas en FA sobre educación

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Valeria Gil / Pilar Besada

Lucía Topolansky salió al cruce de las afirmaciones de Danilo Astori donde advertía que los sindicatos buscan impedir el acuerdo educativo. "Si empezamos por lo negativo, no vamos a llegar a nada", dijo la senadora.

A 24 horas de que el vicepresidente Danilo Astori alertara sobre "la gente que está trabajando para impedir los acuerdos educativos", en alusión a la postura de los sindicatos de la enseñanza, la senadora del MPP Lucía Topolansky puso en duda que los sectores gremiales quieran bloquear los acuerdos.

"No sabemos (que se quiera trabar el acuerdo educativo). Todavía no estamos acordando", comentó Topolansky anoche a El País. "Lo vamos a saber a partir del jueves", cuando comiencen las negociaciones, dijo, y agregó que "si empezamos por lo negativo, obviamente no vamos a llegar a nada".

Este episodio vuelve a reflejar las divisiones que existen a la interna del Frente Amplio sobre las políticas en el ámbito educativo.

Por otra parte, la oposición propondrá cambiar el gobierno de la educación en la reunión que mantendrá mañana con el presidente José Mujica.

Los partidos políticos de oposición fueron citados ayer para un encuentro con el presidente Mujica a las 9 de mañana del jueves en la residencia de Suárez y Reyes.

Todos los partidos de oposición consideraron insuficiente la propuesta de la ANEP para el cambio educativo, y presentarán sus propias ideas sobre la reforma a implementar.

El Partido Nacional llevará una contrapropuesta de diez puntos, entre los cuales se plantea la reforma de la ley de Educación para darle una participación menor a los representantes de los docentes en los órganos de conducción, como el Codicen y los desconcentrados.

En ese mismo sentido, el senador y líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, presentó un proyecto de ley en que propone subir de cinco a siete los miembros del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, manteniendo a los dos representantes de los sindicatos de la educación, dándoles voz pero no voto.

El proyecto también prevé subir de tres a cuatro los miembros de los consejos desconcentrados (Educación Inicial y Primaria, de Educación Media Básica y de Educación Media Superior y de Educación Técnico-Profesional), contando el representante de los sindicatos de la enseñanza con las mismas características que sus pares en el Codicen: voz pero no voto.

En su fundamentación, Bordaberry sostiene que con esta medida busca evitar que haya corporativismo de parte de los representantes del gremio docente. "La actuación de un integrante de un órgano de conducción debe ser en defensa del interés general, procurando contemporizar las necesidades de los diversos actores involucrados y no solamente de una parte de éstos".

Por otro lado, el senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, advirtió que la continuidad del proyecto educativo Pro-Mejora, presentado por el representante blanco en el Codicen, Daniel Corbo, es "absolutamente innegociable".

"Es un proyecto que fue aprobado en el presupuesto quinquenal y aprobado por el Codicen", comentó Larrañaga, y agregó que suspenderlo sería "una claudicación intolerable, inadmisible".

"Además -indicó Larrañaga-, ¿qué otra opción se ha presentado? Absolutamente ninguna. No tienen nada para contraponer a eso".

El senador también criticó la propuesta que el Codicen le hizo a la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU) esta semana, que implica no avanzar en el Pro-Mejora durante al menos una semana mientras dure la negociación con el sindicato.

"Esta suerte de demora o pausa que planteó el presidente del Codicen a la aplicación del Pro-Mejora no me gusta, porque es desdecirse que una resolución que el propio Codicen volvió a ratificar el mes pasado", recordó Larrañaga.

Cuando los dirigentes partidarios fueron contactados por la Presidencia para la reunión de mañana, se les informó que recibirían un documento previo para el acuerdo educativo. Algunos líderes partidarios pensaron que sería una nueva propuesta del Poder Ejecutivo, más concreta, sobre los cambios necesarios en educación.

Sin embargo, para disgusto de los dirigentes de la oposición, en la tarde de ayer los partidos recibieron la misma propuesta de 96 páginas que habían presentado las autoridades de la educación la semana pasada al Poder Ejecutivo.

ADES. Ayer durante una asamblea de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo (ADES), unos 200 docentes discutían sobre la continuidad o no de las medidas de lucha contra el Pro-Mejora.

Para algunos, la lucha deberá seguir e incluso plantearon una "huelga por tiempo indeterminado" cuando se acerque la Rendición de Cuentas del año próximo. En tanto, otra moción planteó habilitar el diálogo con el Codicen en el marco de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU) y suspender las medidas de lucha contra el Pro-Mejora. Hasta última hora de ayer no había definiciones sobre este tema.

Por otro lado, la docente desafiliada de ADES, Estela Alem, solicitó nuevamente al sindicato los motivos de su desafiliación, dado que ante sus pedidos ayer le respondieron solamente que "se informarán los motivos en los ámbitos correspondientes", y agregaron la dirección de Fenapes en Juan Carlos Gómez.

"Ya reenvié un correo recordando que no pertenezco al sindicato desde que me desafiliaron, y solicité otra vez el envío de motivos", comentó Alem a El País. La docente no descarta recurrir a la vía judicial si no recibe explicaciones del sindicato antes del fin de esta semana.

Por otro lado, la subdirectora del liceo 17, Fernanda Larre Borges, afiliada al sindicato docente, hizo pública una carta en la que propone "elevar una nota a la asamblea de ADES para censurar la actitud de la directiva del sindicato.

La docente, que calificó la expulsión de Alem de "abuso de poder" y "autoritarismo", se refirió a los integrantes de la directiva de ADES como "gente que no tiene ninguna autoridad moral ni académica (faltadores profesionales, irresponsables, conflictivos con los estudiantes, etc.)".

Larre Borges también planteó "recurrir a Fenapes y al Pit-Cnt y hacer la denuncia", dado que "el movimiento sindical uruguayo debe hacerse cargo de tener en su central sindicatos que contradicen todos los fundamentos e ideología".

"¿Qué sucede en los liceos públicos hoy? Una mirada cualitativa sobre prácticas educativas en cuatro liceos de Montevideo", es el nombre de la investigación presentada ayer por Unicef, que se hizo con el objetivo de ahondar en el conocimiento sobre las dinámicas de enseñanza que se desarrolla en cuatro liceos públicos de la capital ubicados en contextos socioculturales medios y medios bajos. La investigación arrojó una serie de conclusiones, algunas más alentadoras que otras. Entre los obstáculos importantes para el desarrollo de "prácticas virtuosas", el informe señala que "los resultados de aprendizaje logrados por los alumnos y los niveles de retención alcanzados en los cuatro liceos son considerados insuficientes y preocupan a sus responsables".

Además, se señala que "a pesar de la dedicación y el buen clima de relacionamiento que reina, y los ejemplos de buenas prácticas de enseñanza que se observaron, los alumnos manifiestan su inquietud por las inasistencias docentes y muy frecuentes problemas de disciplina". Otro de los problemas que advierte la investigación es que los docentes "están al frente de clases numerosas donde es difícil lograr la atención y el interés y las condiciones locativas no motivan a innovar".

El informe concluye por otra parte que "la heterogeneidad del alumnado, sus características y sus intereses chocan contra (y abandonan) una única oferta curricular que ofrece la educación media de ciclo básico para miles de alumnos. Probablemente muchos de ellos necesitan otras ofertas que el sistema no les brinda".

Entre las "prácticas virtuosas", presentes en los cuatro centros estudiados, se destacan climas ordenados, de respeto y de diálogo; estrategias de contención a los alumnos; liderazgo pedagógico de los directores; rol central de los profesores adscriptos, y dinámicas de aula donde se dan pautas y límites claros, se personaliza y se vincula el conocimiento con la realidad del alumno, dice el informe.

Con el apoyo de todos los partidos políticos, el Senado aprobó ayer la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), luego de acordar modificaciones en la integración de las autoridades.

El Instituto, previsto en la ley de educación de 2008, tiene como cometido "evaluar la calidad educativa en el Uruguay en sus niveles inicial, primario y medio".

En el proyecto original, se establecía que la Comisión Directiva del organismo estuviese integrada por un representante del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), tres representantes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), dos de la Universidad de la República y uno de las instituciones de enseñanza privada. Sin embargo, a pedido de la oposición, en la Cámara de Diputados se modificó esta integración, de forma que el instituto será dirigido por seis miembros: dos representantes del MEC, uno de los cuales lo presidirá; dos de la ANEP, uno de la Universidad de la República y uno de los institutos privados de educación.

El senador nacionalista Eber Da Rosa había propuesto un proyecto alternativo, en el que la comisión estaría integrada por personas ajenas al sistema educativo "para que los evaluadores no sean los evaluados".

Aunque dejó constancia de esta discrepancia, Da Rosa indicó que el proyecto votado ayer "tiene un pequeño avance con respecto a la redacción que está en la ley de educación, donde pasan de uno a dos los representantes del MEC".

Además, "según lo conversado en la Comisión de Educación de Diputados, los representantes del MEC serían personas ajenas al aparato educativo, y se abriría un espacio para que un representante de la oposición estuviera presente", indicó Da Rosa.

El INEE, que será una "persona jurídica de derecho público no estatal" tiene entre sus cometidos "aportar información que contribuya a garantizar el derecho de los educandos a recibir una educación de calidad"; dar a conocer "el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por los diferentes organismos educativos" y "asesorar al MEC y a la ANEP en cuanto a la participación en instancias internacionales de evaluación", según la ley.

El Poder Legislativo ya aprobó fondos para el funcionamiento de instituto, en partidas de $ 16.000.000 para 2011, $ 30.000.000 para 2012, $ 35.000.000 para 2013 y 40.000.000 para 2014.