Necrópolis: datos de Interpol clave para la Justicia

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ANDRÉS LÓPEZ REILLY

La Intendencia de Montevideo admitió sus dificultades para investigar las denuncias sobre irregularidades en cementerios municipales. De todos modos, a la luz de las derivaciones judiciales, volverá a interrogar a sus funcionarios.

"Una vez incorporadas las emergencias del expediente penal, si aparece vinculado algún funcionario, aunque la comisión del delito pueda estar prescrita, yo voy a pedir la iniciación de un sumario", declaró ante la Junta Departamental el director de Jurídica de la IMM, Ernesto Beltrame.

El jerarca fue citado "de urgencia" junto a la directora de Acondicionamiento Urbano, Eleonora Bianchi -de quien depende el Servicio de Necrópolis- por los tres procesamientos con prisión resueltos por Juzgado del Crimen Organizado, vinculados a la venta ilegal de sepulcros en cementerios municipales.

Beltrame informó que una de las personas procesadas no trabajaba para la Intendencia, en tanto las otras dos son ex funcionarios de Necrópolis.

Pese a que la IMM contó con los mismos elementos de prueba que la Justicia para hacer su investigación, clausuró el expediente sin aplicar sanciones. De acuerdo a lo que explicó Beltrame, esto se debe a que los servicios a su cargo tienen acotadas potestades a la hora de investigar hechos como los denunciados por el exedil Daniel Graffigna (PN).

"No tienen las mismas facultades un abogado instructor de la administración pública que un juez penal. Un abogado instructor puede, a lo sumo, tomar declaración a funcionarios públicos, tomar alguna declaración dada en forma voluntaria, y puede cotejar documentos que obran en poder de la administración o que alguien le alcance. No tiene medios coercitivos para diligenciar otra prueba. (…) El procesamiento del primer escribano se basa en un exhorto que libra al Registro Nacional de Personas de la República Argentina. Y la segunda prueba que obtiene es de Interpol Buenos Aires. Estas son pruebas a las que ningún instructor de la administración pública podía haber accedido", justificó Beltrame. El director de Jurídica de la IMM informó además que una de las abogadas municipales debió abandonar las tareas en la investigación administrativa.

"Se excusó porque tenía una relación de compañerismo de años con algunas de las personas que podían estar implicadas", por lo que el expediente se trasladó a otra profesional.

CLAUSURA. Beltrame admitió haber dado clausura al expediente -hoy reabierto- porque cuando asumió su cargo en la IMM, el 8 de julio de 2010, "la investigación administrativa estaba formalmente terminada" y no ameritaba el traslado de las actuaciones a la Justicia o la aplicación de sanciones. El jerarca opinó además que el informe que llegó a su escritorio, de 32 páginas, era "excelente" en cuanto a "calidad y volumen".

Beltrame también se refirió al fallo de la Justicia que obligó a la IMM a indemnizar a la familia del sobreviviente de los Andes, Ramón Sabella, por la "pérdida" de varios cuerpos de su panteón del Cementerio Central. El jerarca lamentó lo sucedido, pero aclaró que no se comprobó la falta de unos 20 cuerpos, como sostiene la familia Sabella. "Como director, instruí y autoricé que se hiciera el ADN correspondiente, pero para ello se precisa que la familia Sabella aporte una muestra, y no lo ha hecho. De parte de la Intendencia, se ha puesto toda la diligencia en mitigar el daño", apuntó.