La interna del FA no logra consenso

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VALERIA GIL / DANIEL ISGLEAS

El proyecto que crea el impuesto a la tierra sigue sin generar consenso en la interna del Frente Amplio. Los astoristas plantean modificaciones al texto y los comunistas quieren dar una discusión en la orgánica de la fuerza política de gobierno.

A la conformación de una comisión a nivel de la bancada de Diputados para evaluar aspectos referidos al nuevo tributo, se suma ahora un pedido del Partido Comunista para que el tema se discuta en la interna del Frente Amplio.

El Comité Ejecutivo comunista resolvió el martes por la noche solicitar al Frente Amplio que la discusión sobre el cobro del nuevo impuesto se haga en el marco de la Mesa Política.

"Creemos que la bancada parlamentaria no tiene el mismo rango que la fuerza política y siempre la discusión en el Frente Amplio estuvo centrada allí . Para nosotros la fuerza política es la fuerza política y la bancada es solo una parte de ella", dijo a El País un integrante del Ejecutivo comunista.

Según los comunistas: "Todos los temas de alto contenido político deben ser discutidos dentro de la fuerza política, independientemente que se esté de acuerdo o no, porque nosotros estamos a favor de gravar con este impuesto al agro", agregó una de las fuentes.

El diputado Aníbal Pereyra (Movimiento de Participación Popular) dijo a El País que según entiende "en este asunto del impuesto a la tierra la Mesa Política no debería intervenir".

Según Pereyra, el Frente Amplio "ya tiene una definición sobre la necesidad de gravar a los grandes campos". En ese sentido agregó que "por definición en el Congreso Zelmar Michelini se discutió directamente el tema de la concentración de la tierra y se decidió seguir este camino".

Por su parte, el senador Alberto Couriel (Espacio 609) señaló a El País que el tributo intenta atender a la problemática de la concentración de la tierra, que se generó por "el crecimiento del sector agropecuario producido por los altos precios internacionales".

De todas formas, Couriel explicó que se trata de un proyecto "de corta extensión" y en su pasaje parlamentario se deberá escuchar a todos los involucrados antes de otorgarle la aprobación final. "Vamos a recibir a todos los actores, siempre es bueno oír y ahí valoraré", puntualizó el senador.

Las diferencias existentes en el Poder Ejecutivo entre el presidente José Mujica y el vicepresidente Danilo Astori, respecto al cobro del impuesto a la tenencia de tierras, ya tiene sus primeras derivaciones a nivel parlamentario.

El bloque Frente Líber Seregni (Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio y Alianza Progresista) liderado por Astori, está dispuesto a discutir el proyecto y realizarle modificaciones a nivel parlamentario.

Astori señaló en una reunión del Consejo Político Nacional (CPN) de Asamblea Uruguay que "el hecho de que apoyara al impuesto por unidad de acción, no condiciona a los legisladores a nada".

Fuentes del sector que participaron en la reunión dijeron a El País que el vicepresidente dio vía libre a los diputados y senadores de Asamblea Uruguay para hacer todos los planteos que sean necesarios en las comisiones parlamentarias.

Astori también remarcó que "no hay ningún apuro de aprobar la ley" y explicó que habrá tiempo para realizar las modificaciones que se entiendan convenientes.

En tanto, el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) señaló que el tema del impuesto al agro "no es de vida o muerte".

"No queremos que este proyecto se convierta en un punto de discordia entre los que pensamos de una forma y los que pensamos de otra. Vamos a buscar los consensos necesarios, acá no hay nadie que se oponga a mayores tributaciones al agro", aseguró Asti. Además, el legislador remarcó que no está en discusión la intención de gravar más al agro, porque en eso todo el Frente está de acuerdo.

Sin embargo, los astoristas entienden que se deben buscar algunas "variantes" para asegurar una mayor correspondencia entre tenencia de la tierra y productividad medida a través del índice Coneat.

Desde Asamblea Uruguay se planteará la necesidad de que el proyecto sea coherente con la reforma tributaria en lo que refiere a la eficacia, la equidad y el estímulo a la inversión.

Asimismo, el senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) indicó a El País que el impuesto "va a tener modificaciones", por lo que su estudio parlamentario llevará al menos cuatro meses (Ver entrevista).

-¿Cuál es la posición del Nuevo Espacio frente al proyecto de creación del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales?

-Vamos a estudiar el proyecto en su texto y en su contexto. En el texto veremos lo constitucional y si se logran los objetivos previstos en el mensaje que lo acompaña. En función de eso propondremos cambios si son necesarios. No es un tema de recursos, porque esta ley va a recaudar una cantidad moderada. El asunto es si los objetivos de la exposición de motivos se logran con este texto, y si no hay inconstitucionalidades que desvirtúen el objetivo de la ley.

-¿Qué tiempo prevé que durará la negociación interna para conseguir los votos que aseguren la aprobación del impuesto?

-En Diputados va a estar dos meses, y en el Senado otros dos, presumo. Estaríamos llegando a fin de año con una decisión que esperemos que sea beneficiosa para todos. Creo que va a tener que haber cambios, y veremos cuáles serán.

-¿Qué opina de la posible inconstitucionalidad del proyecto, algo que varios expertos aseguran?

-Hay que ver el artículo 10 del proyecto, relativo a quién recaudará el impuesto, y el 11, que refiere al destino a darle a la recaudación del mismo. Hay que pedir los asesoramientos correspondientes. Si esos artículos fueran inconstitucionales puede pasar que no se recaude nada. Entonces estaríamos haciendo todo un esfuerzo que no llegará a buen fin. Todo eso hay que estudiarlo con seriedad, con profundidad.

-¿Cómo se va a procesar la discusión en la interna del Frente? ¿Espera que se expongan públicamente las diferencias? El Frente Líber Seregni, del que forma parte el Nuevo Espacio, ya ha anticipado discrepancias con aspectos puntuales del impuesto.

-Sí, nosotros tenemos dudas con respecto al proyecto. Pondremos las objeciones arriba de la mesa cuando se negocie, pero todo con argumentos. Hay que esperar el trámite parlamentario. Supongo que todos, incluso el presidente Mujica, quieren que el proyecto se mejore. Y si hubiera dudas, tendríamos que evaluar lo que haremos. La idea original y el objeto del impuesto es atender la infraestructura. Para eso necesitamos los US$ 60 millones. Hay un propósito de todos de no toquetear el sistema impositivo porque eso genera cambios de filosofía que ninguno de los uruguayos quiere.

-Un dirigente de una gremial rural pidió públicamente la renuncia del vicepresidente Danilo Astori por decir que estaba de acuerdo con el proyecto en bien de la unidad de acción del Frente Amplio, aun cuando tiene serias discrepancias con su contenido. ¿Qué opina de esto?

-Esa es la peor forma de tratar el tema. Que vengan al Parlamento a discutir sobre el proyecto, a exponer. Pero no se puede pedir la renuncia de tal o cual. Si por ese camino transitan las gremiales, se descalifican. Tendrían que venir para hacer sus objeciones. Obviamente, a nadie le gusta que le pongan impuestos. El agro tiene una gran expansión en este momento y ha deteriorado los caminos por donde sale la producción. El agro necesita que se atienda la red vial. El esfuerzo lo haremos todos, pero parece lógico que un poco más lo hagan los que se van a beneficiar de esta infraestructura.

La denuncia que realizó el senador colorado Pedro Bordaberry acerca de la firma de un acuerdo "secreto" entre el gobierno y Montes del Plata molestó al Frente Amplio.

El diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) dijo a El País que Bordaberry "jugó sucio". "Me pregunto si el Bordaberry que habla es el senador o el productor rural. El reglamento de la Cámara dice que cuando un tema nos afecta directamente tenemos que excusarnos de participar en él", aseguró.

Desde la empresa Montes del Plata, que construye una planta de celulosa en Punta Pereira, Colonia, no se emitieron declaraciones respecto al contrato de inversión ni al proyecto de impuesto a la tierra enviado al Parlamento.

El punto 3.5.9 del contrato de inversión, señala que el gobierno y Montes del Plata (MDP) realizarán un análisis de los eventuales impactos del proyecto de ley de seguridad fronteriza sobre la actividad de la empresa y, en caso que dicha ley establezca restricciones a la actividad de MDP, las dos partes "buscarán en forma conjunta las alternativas que permitan evitar perjuicios al proyecto de MDP".

Y el punto 3.5.10 dice que el gobierno y la empresa "convienen que para el caso que hubiera cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto de MDP durante la vida del mismo, las partes revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la ley de inversiones para compensar por esta vía los citados eventuales perjuicios".

El acuerdo de inversión señala que la localización de la planta de Montes del Plata en Punta Pereira hace que la distancia media a las plantaciones sea significativamente superior a las prácticas internacionales, "lo que se trata de una desventaja competitiva para el proyecto y el país".

A efectos de reducir dicha distancia media, "las partes reconocen la necesidad de ir sustituyendo las plantaciones más alejadas de la planta industrial por plantaciones en un radio máximo de 200 km de Punta Pereira. Se menciona que un estudio permitirá recategorizar una cantidad de suelos para considerarlos de prioridad forestal suficiente para las necesidades del proyecto. En caso que así no fuera, "las partes harán los mejores esfuerzos para encontrar hectáreas con posibilidad de ser plantadas dentro del radio de 200 km" .