Te pido que me respondas

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Eloísa Capurro

Cuánto dinero se le dio a la selección nacional, por qué se suspendió un curso de tejido en la UTU de Artigas, cuántas colmenas de abejas hay registradas en el país, cómo fue que forzaron la caja fuerte del Ministerio de Transporte y por qué se equivocaron en la ubicación de varias ciudades en la publicación del Día del Patrimonio. Estas fueron algunas de las cosas que los parlamentarios consultaron, a través de pedidos de informes, al Poder Ejecutivo durante 2010. Y no tuvieron respuesta.

También hubo otro tipo de consultas: se enviaron pedidos de informes a raíz de malos tratos y fugas de la Colonia Berro, sobre la inserción laboral de personas discapacitadas, denuncias de violación de la laicidad en escuelas, por qué se cambió la numeración telefónica y los gastos de publicidad de UTE. Sobre eso tampoco contestó el gobierno.

"Nos llama la atención porque el presidente ha demostrado una actitud de mucha consideración al Parlamento. Pero esta es la prueba del nueve en cuanto al tono de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo", opinó el diputado nacionalista Pablo Abdala. En octubre él y los legisladores blancos Gerardo Amarilla, José Arocena, Mario García, Mario Silvera y Alberto Casas, enviaron una carta al presidente José Mujica expresando su preocupación.

El 71% de los pedidos de informes de la Cámara de Diputados durante 2010 quedaron sin respuesta. Apenas 65 de los 224 fueron respondidos. Aquella carta tampoco fue contestada.

Entre los que tuvieron mejor suerte también hay un panorama variado. El Poder Ejecutivo (como los entes y organismos descentralizados del Estado) respondió sobre la alimentación de las Fuerzas Armadas, la concesión de casinos, la explotación minera en Cerro Chato o las demoras en el servicio 911, como sobre el control de la calidad de los termos metálicos, la integración de la Federación de Judo Uruguaya o el directorio del Centro de Rehabilitación Tibuco Cachón.

Igual fueron muchas menos preguntas que las que recibió la administración del ex presidente Tabaré Vázquez. Según datos del Parlamento, en el período 2005-2010 se presentaron un total de 2.157 pedidos de informes desde Diputados. Unos 431 por año: algo así como el doble de lo que lleva el gobierno de Mujica.

"Quizás fue porque este año fue más corto, siendo de marzo a diciembre. Así comparado con otros años en esta área parecería que vinieron menos", estimó el director general de Salud, Gilberto Ríos. Aunque en el Ministerio de Salud Pública también pudo haber influido la separación que hubo este año con la Administración de Servicios de Salud del Estado.

De todas formas, no todas las carteras se comportan igual. Los ministerios de Desarrollo Social, de Educación y Cultura, de Transporte y Obras Públicas, Salud Pública y Vivienda son los que más pedidos de informes tienen aún sin contestar. El Ministerio de Economía es por lejos el que más informes ha respondido (13).

"No todos los organismos han tenido la misma actitud. El ministro (Luis) Rosadilla se preocupa de responder personalmente. Hay organismos y organismos", aclaró Abdala.

Muchas veces los pedidos sin contestar se deben más a un problema burocrático, que a un afán secretista del Estado. "A veces las estructuras no tienen sistematizados los procesos para las respuestas rápidas. Lo que es lento es el tránsito dentro de la estructura", explicó Ríos. Se estima que en el proceso de reestructura que se emprende en Vivienda, Salud Pública e Industria, algo de esto cambie.

"Se trata de darle cumplimiento lo más rápido posible a las inquietudes de los parlamentarios, que pueden versar sobre los temas más variados", afirmó por su parte Gerardo Siri, director general de Secretaría de la cartera de Vivienda. "Hay cosas sencillas de responder y otras que implican un relevamiento de información de varios años, para los cuales el organismo tiene que asignar funcionarios".

En ese ministerio se recibieron 30 pedidos de informes durante 2010; la mitad fueron contestados. "Algunos serán prontamente evacuados y otros llevarán algún tiempo más", reveló el jerarca. Prontamente, dijo, significa en las próximas semanas, aunque no estimó cuántas.

Es que los organismos del Estado no reciben sanción alguna si no responden los cuestionamientos parlamentarios. Tampoco si lo hacen fuera de los plazos establecidos por ley. "El instrumento del pedido de informes es fundamental para los legisladores, y no está solo asociado al contralor parlamentario. También hay una finalidad de hacer una propuesta legislativa", opinó Abdala. Él cursó un pedido de informes para estimar la necesidad de una ley contra la morosidad en el Impuesto de Primaria; nadie le respondió.

Así el 2011 empieza con consultas legislativas sin contestar y con legisladores que cada vez preguntan menos.

Los pedidos de informes parlamentarios están contemplados en el artículo 118 de la Constitución. Allí se establece que pueden ser hechos a los ministerios, Suprema Corte de Justicia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral. Un proyecto de ley del legislador Pablo Abdala pretende incluir a la Presidencia de la República, hoy eximida de tal responsabilidad, así como reducir el plazo de 45 días que cada organismo tiene para responder.