La mano del estado

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E.C.

En Uruguay las asignaciones familiares se incorporaron con la ley de Consejos de Salarios, en 1943. Las pensiones a la vejez están en la Constitución. Pero estamos lejos de ser el único país cuyo Estado da dinero a la población con menos recursos.

Según un estudio del Banco Mundial (BM) de 2009, existen por lo menos 28 países en el mundo que utilizan el sistema de transferencias económicas con contraprestaciones. La mayoría están en América Latina, pero también los hay en África (Nigeria o Kenia, por ejemplo) y Asia (India o Bangladesh). Pakistán y Turquía también están en la lista.

Fue en la década de 1990 que estos programas dieron un salto. En 1997 tres países los implementaban; para 2008 eran casi 30. "Esto no fue una idea uruguaya", recalcó la politóloga Rosario Queirolo. Ni siquiera en las críticas que recibieron estos programas fuimos originales. "Siempre hubo, traspasan los países", dice.

En América Latina los programas más icónicos son Oportunidades en México y Bolsa Familia en Brasil. Ambos han ido aumentando la cantidad de población beneficiada. El primero comenzó con 300.000 beneficiarios y hoy alcanza los cinco millones. En Brasil, Bolsa Familia llega a 11 millones (en ambos casos se trata del 25% de la población total).

La diferencia está en el control de las contraprestaciones. México hace especial hincapié en las evaluaciones y los controles. A la primera señal de incumplimiento, las familias dejan de recibir la prestación (como la ley establece para Uruguay). Por eso un 9% del presupuesto del programa se va en costos administrativos.

"Allí hay una cultura de monitoreo que aquí tenemos poco desarrollada", opinó el economista Marcos Lorenzelli. "Seguramente hay cosas que están cambiando, pero sigue habiendo un déficit".

Bolsa Familia es más laxo. "Dicen que no están tratando de castigar a las familias", informó Janine Berg, directora de empleo de la Organización Internacional del Trabajo en Brasil. "Si los niños no están en la escuela, no es hasta la tercera notificación que se suspenden los beneficios. El gobierno dice que es para moldear la cultura, no para castigar".

De todas formas, según cifras oficiales, en 2007 (a cuatro años de instaurado el programa) el Ministerio de Desarrollo Social brasileño detectó 1,5 millones de casos de incumplimiento de las contraprestaciones. De ellos 34.050 (un 2% del total) fueron sacados del programa tras varias advertencias. Para 2010 más de 14 millones de familias habían recibido acompañamiento para cumplir con la asistencia escolar; otros siete millones lo habían hecho para la asistencia a centros de salud. Toda esta información está, además, disponible en el sitio web del ministerio.

En Uruguay, si bien funcionan equipos de asistentes sociales instalados durante el Panes, los controles son más difíciles. "No cortamos la prestación porque no tenemos toda la información", explicó la vicepresidenta del BPS, Rosario Oiz.

El gobierno uruguayo aún no determinó qué se hará, una vez que los controles funcionen, con las familias que no cumplan. "Tendríamos que cortar la prestación. Es lo que la ley dice. Pero parece un poco abrupto, estamos hablando de gente en una situación complicada. Hay que coordinarlo con el Mides", agregó la jerarca.

Los programas de transferencias económicas tienen un impacto similar. Según el BM, hay un aumento del consumo y una reducción de la pobreza (en Uruguay el impacto estuvo en la indigencia). El trabajo se mantuvo y el empleo infantil se redujo (algo que no sucedió aquí). Las matrículas en la enseñanza y los servicios de salud aumentaron, aunque el resultado en los niveles académicos varía.

"En muchos países en desarrollo el nivel de educación y salud es disfuncional. Poca infraestructura, ausentismo y falta de elementos apropiados son temas usuales en escuelas y centros de salud. Para lograr los objetivos en capital humano hace falta adaptación en la capacidad de respuesta de los servicios", dice el BM.

"El cambio de estrato social es muy gradual. No es mágico", agregó Queirolo. "Por eso es tan importante que sean condicionales y que se cumplan esas condiciones. Porque si no fiscalizás, solo estás dando dinero que puede ser usado en consumo y que puede ayudar a que la gente viva mejor, pero no mucho más".

Incluso hay experiencias previas en proyectos como el que Uruguay emprende con el Compromiso Educativo. En Costa Rica se realiza desde 2006 el programa Avancemos, por el cual el Estado da una transferencia de dinero a 185.000 jóvenes, el 43% de la población estudiantil.

"Aunque han disminuido las tasas de deserción en Secundaria, es difícil atribuirlo al programa. Se han desarrollado otras medidas para atender esa problemática", respondieron los investigadores costarricences Yensi Vargas, Javier Fernández y Marianela González.

De hecho hubo problemas de coordinación interinstitucional y a la hora de identificar beneficiarios. Aunque se logró mantener a los jóvenes en las aulas, el éxito escolar no quedó garantizado. "No se deriva de forma automática por el otorgamiento de dinero. El programa ha ido identificando debilidades para fortalecer la permanencia en el sistema educativo con éxito y rendimiento escolar", señalaron. El rendimiento fue analizado solo después de iniciado el programa.

Una entre muchas discusiones que, seguramente, volverán a repetirse en Uruguay.

Según el estudio hecho en 2010 por el Barómetro de las Américas, el Panes no tuvo mecanismos clientelares. Lo que sí produjo fue un efecto secundario, de un aumento en las probabilidades de votar al Frente Amplio en la población del programa.