Pagar Los platos rotos

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Eloísa Capurro

Pasaron ocho años desde aquella crisis que cerró bancos y generó un caos que dejó al país al borde de un precipicio financiero. Aún más, Uruguay contempló desde lejos una crisis de alcance mundial en 2008. Pero es aquella, la de 2002 la que más dejó secuelas personales, sociales y judiciales.

Muchas de ellas mantienen aún ocupado al gobierno uruguayo. Es que, aunque no se volvió a hablar de corralitos, ni de cerrar bancos, ni de despidos masivos, los coletazos de aquella crisis que castigó el país durante el gobierno de Jorge Batlle están todavía hoy presentes.

El Banco Central del Uruguay (BCU) todavía lidia con 303 juicios derivados de la crisis de 2002. Perderlos le significarían sumas millonarias al Estado. Ganarlos -lo que sucedería, tal y como indican los antecedentes- le demanda todavía largas horas de trabajo a sus abogados.

En total (entre ganados, perdidos y en proceso), el BCU recibió 1.007 juicios por la crisis que llevó a la quiebra del Banco Comercial y del Banco Montevideo. De ellos ya lleva ganados 696; los montos reclamados superaban los 76 millones de dólares (aunque una parte del monto había sido reclamada en dólares y otra en pesos). Perdió solamente ocho, lo que le significó desembolsar 89.542 dólares de las arcas del Estado.

Dentro de los 303 juicios que todavía se pelean en los juzgados, muchos no tienen siquiera sentencias en primera instancia, según declararon fuentes del banco. Allí están en juego más de 390 millones de dólares.

Desde 2002 han sido por lo menos ocho tipos de causas diferentes las que la institución estatal llevó adelante como efecto de la crisis. Eso con los 10 abogados del área jurídica que tenía entonces contratados. Recién en 2004 el BCU agregó dos abogados más, y en 2009 contrató a otros cinco. Pero para entonces hacía por lo menos tres años que se habían dejado de recibir nuevas juicios, ya que el período legal para iniciar un juicio por la crisis había cesado en 2006, al vencer los cuatro años en los que la ley establece que se pueden realizar demandas.

La diferencia con lo que era el trabajo "normal" del BCU, según reconocen quienes participaron de las querellas, era "abismal". Los abogados se acostumbraron a trabajar horas extras -que no fueron pagas, según confiaron- y fines de semanas en sus casas. Pasaron de recibir menos de una decena de juicios ejecutivos, a centenares de demandas que iniciaban procesos ordinarios, largos y mucho más complejos.

La jornada laboral llegó a ser de entre 10 y 12 horas. Recién hoy el banco comienza a tener su funcionamiento normal, como el que tenía antes de la crisis, en relación a la cantidad y el porte de las demandas nuevas que recibe.

Entre los juicios en proceso, la mayoría se trata de reclamos de ahorristas de los bancos liquidados o personas que invirtieron en el extranjero a través de esas instituciones. Ante la imposibilidad de recobrar el total de su patrimonio (ya sean sus ahorros o sus inversiones) iniciaron acciones de responsabilidad contra las entidades liquidadas y contra el Estado, por ser el rector de la política económica y, según consideraban, responsable final de la evaporación de su dinero.

Hasta ahora la defensa del BCU se ha basado en dos argumentos. El primero es que los inversores de entidades en el extranjero habían optado, ya sea por tener una mayor tasa de interés u otros beneficios, por mantener sus ahorros en el extranjero, donde el BCU no está legitimado a actuar. Y también ha argumentado que que las medidas adoptadas por el banco se han ajustado al contralor adecuado dentro de la crisis.

Por ahora han tenido la razón. Es que en este tipo de demandas están, también, la mayoría de los juicios que lleva ganados el banco. Algunas sentencias han sido adversas en segunda instancia (es decir frente a una apelación) pero luego han sido rectificadas por la Suprema Corte de Justicia, que viene eximiendo de responsabilidades al BCU.

Otros juicios en los que estuvo involucrada la institución fueron más complicados. Por ejemplo los de inversionistas como Alicia Barbani, enfervorizada vocera de los damnificados por la crisis. En estos casos las demandas fueron contra una resolución del banco. Es que el BCU instaló una comisión para estudiar caso por caso si los ahorristas del Banco Montevideo habían dado su consentimiento, o no, para transferir su dinero al Trade and Commerce Bank de las islas Caimán. En la mayoría de los casos el BCU dictaminó que las personas habían dado su consentimiento, y por lo tanto no podían ser considerados ahorristas del Banco Montevideo. Esto desató demandas contra la decisión del BCU.

También hubo acciones de acreedores que no aparecían en los balances de los bancos liquidados, embargos preventivos que efectuó el banco, sanciones disciplinarias a personal de los bancos liquidados y algunos juicios de reclamo de la totalidad de los ahorros depositados. Aunque éstos fueron en menor cantidad.

Sin nuevas demandas y con la mayoría de los juicios cerrados, el BCU retoma su normal caudal de actividad. Aunque todavía arrastre los embates de la peor crisis financiera del país, esa que sigue también en el recuerdo de los uruguayos.

son los juicios que el BCU todavía lleva adelante tras la crisis de 2002.

son los juicios que hasta ahora ganó el banco; apenas lleva ocho juicios perdidos.