Muchas manos

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Este será el "año de la producción de viviendas", dijo la ministra de Vivienda Graciela Muslera el 28 de febrero. Fue ante la Comisión Asesora de Vivienda, una de las tantas instituciones públicas dedicadas a atender eso de dar techo a los uruguayos.

Es un anuncio que viene con algunas complicaciones. El entramado burocrático que se ha ido construyendo para dar respuesta a las necesidades de los sectores más pobres de la población es un verdadero laberinto de leyes, entes, agencias, direcciones, proyectos, programas, siglas y vericuetos institucionales de un nivel kafkiano, por apelar a un lugar común.

La cosa es así. El decreto para combatir la "emergencia socio-habitacional" cumplirá dos años en mayo. Fue una de las promesas más fuertes de este gobierno. Desde entonces, el organigrama de la vivienda, incluye un plan madre del ministerio ("Mi lugar entre todos"), está el "Plan Juntos", que depende de Presidencia y que todo indica sigue demorando en arrancar con fuerza, dos bancos públicos -el República y el Hipotecario- que financian construcción o compras, además de que también el propio Ministerio de Vivienda dispone de fondos para prestar o promover la construcción de viviendas, tal como su nombre lo indica.

Cada intendencia departamental, además, tiene programas de vivienda regulares, como el Plan Lote en Montevideo, y proyectos de relocalizaciones de asentamientos irregulares.

Tomando el Plan Juntos como marco de referencia Sebastián Olivera, tesorero de la Federación Uruguaya de cooperativas de Vivienda (Fucvam), pone los ejemplos de dos terrenos destinados al plan que han sido víctimas de desinteligencias entre organismos del Estados.

Uno está en Torre 8, cerca del hospital Saint Bois. Otro, en Paso de la Arena, en la zona donde se cruzan Luis Batlle Berres y Tomkinson. "La reglamentación 2011, la R2011, bajó los costos para construir que estaban en la R2008: de 2.200 Unidades Reajustables a 1.375", dice Olivera. "Entonces presentamos proyectos así a la Agencia Nacional de Viviendas, pero nos dijeron que no". La explicación aportada por el tesorero de la federación de cooperativas es que la ANV maneja los números del INE. Pero en la Dirección Nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda manejan un indicador diferente. "La ANV desconoce lo que hace la Dinavi. Y están a una cuadra", resume Olivera.

Si hay confusiones y malos entendidos entre dos organismos del gobierno, no parece descabellado imaginar una comunicación trabada o poco clara entre el Estado y aquella parte de la sociedad civil que por su contexto socioeconómico no está en las mejores condiciones para asimilar siglas, indicadores, leyes y decretos.

Las discusiones sobre los caminos a seguir se han dado principalmente entre el oficialismo y aquella parte de la sociedad civil que fomenta la vivienda "popular", como Fucvam. Olivera dice que se supone que gobierno y Fucvam trabajan juntos, pero en esa colaboración también hay escollos. En comparación, el diálogo entre el gobierno y las empresas constructoras ha sido bastante más fluido. El empresario inmobiliario Julio Villamide dijo a Qué Pasa que el proceso que llevó a la aprobación parlamentaria unánime de la ley de promoción de la vivienda social, a fines del año pasado, estuvo signado por el entendimiento.

Desde el oficialismo se exhiben números e indicadores como sustento de que se está yendo por buen camino, como le dijo Muslera a El País el mes pasado. La ministra se refería a que desde 2010, cuando se puso en marcha el plan quinquenal "Mi lugar entre todos", se concretaron 18.000 viviendas nuevas.

Para Muslera, si se tiene en cuenta que para los cinco años de gobierno se habían planteado el objetivo de concretar "26.000 construcciones a estrenar" la conclusión fue que "vamos bastante bien". El de ficit habitacional, sin embargo, sería de 80 mil viviendas, según cifras manejadas por el ingeniero civil y experto en temas de vivienda Benjamín Nahoum

Desde la sociedad civil hay reclamos. "Recién estaba viendo el informativo y decían que 83% de la inversión total en vivienda fue para viviendas suntuarias, para torres de lujo, de acuerdo a los datos más recientes del INE", dice a Qué Pasa, uno de los coordinadores del Pit Cnt, el dirigente metalúrgico Marcelo Abdala.

En su visión, la noticia -difundida el martes por la noche- confirma que las demandas de vivienda las capas más pudientes de la sociedad ya están satisfechas, por eso hay que concentrarse en los sectores que hasta el momento no se han atendido.

Por eso, el jueves 29 se le entregarán entre 50.000 y 75.000 firmas al Poder Ejecutivo, como forma de incidir en la decisión sobre el destino de los 140 millones de dólares que el gobierno consignó como superávit. Para que se construyan nuevas viviendas, de acuerdo a Abdala.

Las autoridades preferirían que no se hablara de nuevas viviendas, al menos no únicamente. En la entrevista con El País, Muslera sostuvo que la política de vivienda no es la de viviendas nuevas y que hay que dejar de hablar solo de ese número. Nahoum dice estar de acuerdo con la opinión ministerial que no hay que fijarse únicamente en la cantidad de viviendas nuevas como indicador para evaluar una gestión.

Pero, agrega, es imposible soslayar ese dato. "La gente que no tiene vivienda necesita una nueva. La gente que vive en asentamientos. O el que vive como `agregado` en la vivienda de otros. O en una pensión. Está bien: no hay que fijarse únicamente en eso. Pero también hay que hacerlo" (el director de la Agencia Nacional de Vivienda, Carlos Mendive, fue consultado y quedó a través de su secretaria en responder a las críticas, pero al cierre de esta edición no había respondido). Para Nahoum "Mi lugar entre todos" es un plan quinquenal que se ajusta mejor a las realidades de un sector muy complejo, al menos en el papel.

El problema, nada menor, es que los recursos son en su opinión demasiado escasos para las ambiciosas metas trazadas. "Son muy limitados. Estamos hablando de unos 850 millones de dólares para todo el plan quinquenal. Si queremos llegar a los sectores más bajos, hay que invertir más", dice Nahoum, para quien es probable que haya importantes sectores que desconozcan que pueden acogerse a algún programa gubernamental que le facilite el acceso a una vivienda.

Fue, justamente, para llegar a los sectores más bajos que se creó el Plan Juntos. "Para los que están en la lona", como dice el integrante de la Comisión de Vivienda del Pit-Cnt Eduardo Burgos.

Con una dotación de cinco millones de dólares anuales -más aportes voluntarios- el plan sigue rengueando. El sindicato de la construcción Sunca, que en un principio veía con desconfianza el trabajo honorario se sumó a principios de este mes al plan. Y el miércoles, el gremio metalúrgico hizo lo mismo al firmar un convenio con Presidencia. "Vamos a dar una mano. En definitiva, esto es en beneficio de los trabajadores", dijo Marcelo Abdala. Lo más importante para el movimiento obrero, sin embargo, sigue siendo el programa del Pit-Cnt. Parte de la demanda de los afiliados comenzará a ser atendida pcon dos edificios en Centro y La Blanqueada, de 36 y 38 apartamentos respectivamente."Ahí manejamos unos 70.000 dólares por cada vivienda, que tendrán 65 metros cuadrados", dijo Burgos.

Así, apelando a la solidaridad obrera y a un voluntarismo que el propio Poder Ejecutivo ha reconocido como escaso, el sueño del techo propio para los más pobres demora en hacerse realidad.

es el déficit habitacional manejado por Fucvam. El gobierno sostiene que es la mitad de esa cifra.

viviendas nuevas es lo que se proyecta construir como parte del plan quinenal "Mi lugar entre todos".

sindicatos se sumaron al Plan Juntos "para dar una mano": Sunca y los trabajadores metalúrgicos

"He planteado tener una reunión con los periodistas, para hablar de dejar de plantear solo el número de viviendas nuevas", dijo a El País la ministra Graciela Muslera. En la Memoria Anual del Ministerio de Vivienda que el Poder Ejecutivo evió al Parlamento el mes pasado se maneja el indicador "Soluciones habitacionales". Y de acuerdo a lo que informa el ministerio en su balance de gestión, desde 2010 a esta parte, se han "puesto en gestión" algo más de 38.000 soluciones habitacionales. Para este año, además, Muslera anunció a través del portal de Presidencia que la cartera que dirige comprometerá 170 millones de dólares para casi 40.000 soluciones habitacionales. Es un indicador fundamental en opinión del ingeniero civil y ex catedrático de las facultades de Ingeniería y Arquitectura, Benjamín Nahoum. En parte, porque se trata de un indicador que puede ser más amplio que el dato de que se construyó una vivienda nueva. Pero al mismo tiempo, también puede ser un indicador que incluye cosas bastante más elementales que la construcción de un nuevo hogar: "Cuando una familia se conecta al saneamiento, por ejemplo, eso una solución habitacional", agrega.