La mano del privado

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Fabián Muro

Aunque cuenta con sus propias oficinas, sus propios recursos y hasta un ministerio para dedicarse al tema, el Estado uruguayo terceriza buena parte de su accionar en el sector más humilde de la población.

Así, las cerca de 130.000 personas que viven en asentamientos son en gran parte atendidas por las llamadas Organizaciones no gubernamentales (ONG).

Y aunque muchas de estas organizaciones civiles están sometidas a auditorías públicas, nadie sabe muy bien cuántas son. "No hay un relevamiento de la cantidad de ONG que operan en el país", dice el sociólogo Gustavo Leal, uno de los directivos de El Abrojo, con décadas de trabajo social en Uruguay.

Antes de asumir como presidente, José Mujica se había referido algo despectivamente al trabajo de esas organizaciones: "Está lleno, es una infección" (de gente que se generó la ONG para beneficio propio). Es lastimoso (...) No controla ni Peteco".

Hace seis años, El País publicaba un relevamiento que estimaba la cantidad de ONG uruguayas en más de 5.000. Hoy, la presidenta de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (Anong), Analía Bettoni, que nuclea a 95 instituciones, dice que son "miles" pero que no hay datos fiables y precisos.

Desde las organizaciones de la sociedad civil, los comentarios son desalentadores. "La verdad es que las ONG esperaban una señal diferente del nuevo presidente", dice una asistente social. Lucía Píriz, de la ONG Juventud para Cristo, que trabaja en dos asentamientos en Flor de Maroñas, le pone una fecha al comienzo de la desconfianza. "La creación del Mides". De todas formas, señala que el relacionamiento con los distintos sectores del Estado ha mejorado en los últimos años.

Para Leticia Bentancor, del Centro de Participación Popular, que lleva adelante su labor en Malvín Norte, el Estado podría, en teoría, prescindir de las ONG. Pero no en los hechos. "Le llevamos una ventaja de casi 20 años en la asistencia social. El Estado tiene técnicos, pero le falta experiencia de trabajo".

"Es raro. El presidente ha dicho que hay que tirar todo el rancherío abajo y construir viviendas dignas", dice Carolina Pons, de Anong. "¿Y quién se va a hacer cargo de eso mediante el voluntariado si no las ONG?".

Pons admite que hubo y puede haber algunas que "curran": "Hay un porcentaje significativo de gente que piensa así, y no sólo de las ONG sino también de las fundaciones. Es cierto que se han evadido impuestos y que se han abierto ONG fantasmas".

Esta desconfianza no es reciente. Leal recuerda que cuando El Abrojo fue premidado por Unesco por un programa de alfabetización en 1998, el entonces presidente del Codicen Germán Rama negó que hubiese analfabetismo en Uruguay.

Leal prefiere abstenerse de opinar sobre el nivel de seriedad y responsabilidad de las ONG y dice que plantear una pregunta así es como si él o alguien preguntara cuál es el nivel de seriedad de los médicos uruguayos. "Por la vía de los hechos", continúa, "hay una articulación y un trabajo conjunto entre Estado y ONG", y menciona que actualmente El Abrojo está elaborando un mapa de la pobreza en Montevideo, donde se constata que algunos de los 48 barrios tienen un índice de pobreza que ronda el 70%, mientras otros no registran pobreza alguna. "Y eso se hace trabajando con el Estado, en este caso con el INE".

No son únicamente las organizaciones sin fines de lucro que actúan en los espacios que el Estado deja vacantes. También empresas que persiguen la rentabilidad marcan presencia en los asentamientos. La ONG Un Techo Para Mi País, que asiste en la construcción de viviendas de emergencia en los asentamientos, cuenta con el apoyo de más de 40 empresas nacionales e internacionales en su tarea.

Y una compañía como Movistar invirtió el año pasado dos millones de dólares en el programa Proniño, que atiende a cerca de 7.000 niños que viven en situaciones de pobreza y marginación para que éstos puedan asistir a la escuela y no tener que trabajar.

"No creo que las ONG sustituyan al Estado, ni que éste se haya desentendido de la asistencia social. Porque el Estado sigue financiando muchos programas y proyectos", dice Leal. Para él, esta mixtura de público y privado puede verse como una de las respuestas al colapso del Estado de bienestar uruguayo. Un Estado que en algún momento pudo ofrecer soluciones y hoy sólo puede ensayar respuestas apoyándose en la sociedad civil.

El lunes, el gobierno decretó la Emergencia Habitacional, un plan que el presidente supervisará directamente y abarcará en una primera etapa, a una población que es algo menos de la mitad de quienes viven en asentamientos.