Bajo techo ajeno

1/1: Sin techo. Yenny con uno de sus hijos, al fondo su hogar. (El País)

Paula Barquet

Las puertas están abiertas. Cada tanto aparece alguien que perdió todo y que busca un lugar fuera de la calle, donde no roben ni golpeen, donde la lluvia y el frío sean menos duros. Se trata de una fábrica abandonada en Arroyo Seco, a dos cuadras de la rambla portuaria. Diez familias viven allí.

"¡Esto, en el fondo, es un ser humano!", exclama Carlos, un hombre desahuciado, de buen humor y aliento delatador. "Yo tengo -dice subiendo la voz, y ayudándose con los dedos de la mano para enumerar- alcoholismo, drogadicción, VIH, soy jugador... ¿cómo se dice? Compulsivo. Mi mujer, la madre de mis hijos, se pegó un tiro. Y lastimé a dos de mis mujeres".

A sus 57 años se dio cuenta de que "la vida a los 30 puede ser preciosa, pero a los 50 no sabés". Hace un año que habita un rincón de esa fábrica, pero más de cinco que prueba suerte bajo techos ajenos de los que se va cuando obliga la Justicia.

La Intendencia de Montevideo calcula que hay más de 55.000 propiedades vacías en la capital. Además estima que existen unas 480 casas en ruinas y 84 edificios inconclusos. Daniel Espósito, director de Acondicionamiento Urbano, aclaró que ése es un "registro de entrada y salida" por lo que las cifras van cambiando.

Según el sitio web Infonegocios, "unos 15 edificios han sido copados por ocupas y son considerados insalubres". Espósito no corroboró este dato pero consideró que deben ser aún más.

Esta ex fábrica, ubicada en Rondeau y General César Díaz, producía cereales y forrajes y se llamaba "Manuel González". Al menos eso se lee en las despintadas paredes del edificio. En el comunal 1, cuya circunscripción abarca dicha barraca, reconocieron que hay "varios" esqueletos y edificios semi destruidos en la zona, aunque no precisaron cuántos ni cuáles de esos han sido ocupados; algunos iban a reciclarse con el frustrado Plan Fénix.

Acerca del edificio donde viven Carlos y unas 20 personas más, tampoco pudieron aportar datos en el comunal. Simplemente afirmaron que los vecinos no lo habían denunciado por insalubridad, quizá porque, según puedo ver Qué Pasa, no hay casas linderas a la ex fábrica.

Javier, un hombre que dice trabajar en la Torre de las Comunicaciones (a pocas cuadras de allí), escribió una carta a Ecos de El País hace unos días, quejándose de que, cuando llueve, la vieja fábrica de cereales se inunda y se convierte en un "criadero de mosquitos". Javier solicita a las autoridades competentes que fumiguen el edificio, ya que constituye una amenaza de dengue en el barrio.

Para quienes lo habitan, los mosquitos son lo de menos. El agua que entra cuando llueve les impide dormir y les llena el lugar de gente "de la calle": gente que generalmente no para allí, pero que esos días "cae sin colchón ni nada" buscando refugio. Afirman que la Policía les ha dicho: "no dejen entrar a nadie más". Pero, como bien saben ellos, no pueden hacerlo: "No somos los dueños acá".

gente con mucho trauma. Hace poco, un supuesto representante del dueño se acercó a los ocupantes y les dijo que los trámites de sucesión estaban en marcha: tarde o temprano deberían desalojar el lugar. A Carlos no le importó mucho porque le prometieron "unos pesos" a cambio de limpiar los pisos y las paredes.

De aquella fábrica no queda casi nada. Lo que era un inmenso galpón, hoy es un patio a cielo abierto. Sólo una pequeña parte de los 1.700 metros cuadrados por los que se extiende el padrón, conserva el techo original. No quedaron rejas, ni vidrios, ni puertas. Ni rastros de inodoros o piletas. Sólo sobreviven esqueletos de oficinas o salas que ahora son pequeños hogares hechos de telas, maderas y cartones.

Nadie sabe exactamente cuándo fue. El desmantelamiento y hurto de la fábrica se dio en un lapso de varios años, aunque con picos en los que, aseguran los habitantes, "entraron hasta con camiones". Según Espósito, a menudo los que roban son los mismos que después ocupan.

Pero en la ex Manuel González se jactan de no "rastrillar", ni entre ellos ni en la calle. Formaron una familia en esa suerte de complejo habitacional ilegal, donde algunos viven hace más de un año y otros apenas 15 días. Mientras Qué Pasa conversa con Carlos, Yenny, una mujer inquieta de 22 años y dos hijos, recolecta dinero para comprar cigarros. A su regreso se sientan a fumar sobre tachos y cajones dados vuelta y pasan de mano en mano una botellita de plástico con vino.

Se acerca Daniel, otro ocupante. Como la mayoría, trabaja de cuidacoches. Como varios allí, es capaz de contar que hace no tanto tiempo llevaba una vida digna. Borracho, en tono pausado y desesperanzado, Daniel dice que fue mecánico industrial, que trabajó en Cuba y que terminó en la calle por "problemas familiares". No agrega más. Se pone una campera vieja y sucia, y sale a vigilar autos por ahí.

"Acá hay gente muy mal, con mucho trauma, que le fue muy mal en la vida", dispara Carlos intentando explicar lo que le pasa a Daniel. "Los que están peor que nosotros, están en cana. La calle también es peor que esto", opina.

Dormir bajo techo tiene su costo. Se mide en cantidad de ratas, en olor a basura y excremento; en montañas de desechos y hojas secas que fue acumulando el viento contra las esquinas y nunca nadie quiso sacar. Todo eso, a metros del colchón en sobre el que se acuestan cada día.

Y dormir bajo ese techo implica, además, caminar dos cuadras en busca de agua potable -que les dan de buena gana en una estación de servicio-, bañarse (o lavarse) una vez por mes, y soportar el frío que se cuela por los agujeros de las paredes hongueadas.

Para la decena de niños que vive allí sin haberlo elegido, el costo del techo que consiguieron sus padres es jugar entre la basura, los gatos y las ratas.

"A mí me gusta estar acá", dice Carlos sobreactuando la confesión. "No me hago problema. Vivo, ¿viste?". Los 200 pesos que gana por noche cuidando autos, se los toma. Los 5.900 de la pensión por incapacidad que le pagan tras 26 años de funcionario estatal, también se los toma. "Ah, y algo va para los gurises", aclara entre risas delante de uno de sus hijos, cuya seriedad en el rostro mantiene impávida.

Así como Carlos, otros tantos cobran pensión por incapacidad en ese lugar. Hay gente que afirma estar enferma de cáncer, epilepsia, retardo, diabetes o hipertensión. Hay quienes no saben decir si consultan médico o no. Otros aseguran tener "los papeles" que lo corroboran.

María fue la más inteligente. Se enteró de que "estaba a la venta" el segundo piso de la fábrica. Lo compró a un conocido por 800 pesos, y se instaló con sus cinco hijos. Ella sola, 28 años y 30 kilos de peso, armó un hogar prolijo, con mesa, sillas, colchones, televisor y hasta vajilla. Lava ropa, cocina y limpia. No puede solucionar la humedad y la inundación, porque allí también las paredes están casi destruidas. Al menos no convive con la basura que acompaña a "los de abajo".

Le dieron el desalojo, cuenta. No sabe cuándo, pero deberá buscar otro lugar. Y aunque la calle sea dura, dice, la única solución que no aceptará -y se muestra intransigente en este punto- es un refugio.

"¿Por qué? Porque tenés que levantarte a las siete de la mañana, lo vi en la tele. Y hasta las siete de la tarde no podés ir. Para estar vagando en la calle con los niños, me armo un rancho en cualquier lado", explica e insiste: "no quiero un refugio".

María no recuerda dónde nació. Cree que fue en Instrucciones. Tampoco puede evocar con precisión cómo llegó a ocupar esa fábrica. Lo que sí sabe -además de que los refugios no le gustan-, es que lo único que puede y le importa conservar en la vida son sus hijos.

El defensor del vecino de la intendencia capitalina, Fernando Rodríguez, dice estar preocupado por las fincas abandonadas que traen problemas a los vecinos. Por eso formó un grupo de trabajo con el ministerio de Vivienda, la Policía, el INAU y otros. Al momento no han logrado avances.

"El problema más grave no es que hayan ocupado, sino que se haya abandonado la propiedad", opina Daniel Espósito, director de Acondicionamiento Urbano de la intendencia. Para él, "la Constitución es demasiado garantista con la propiedad privada". Asegura que la solución a las fincas y fábricas abandonadas que son habitadas por gente en situación de calle "no es un problema municipal", y considera que la Justicia actúa en forma muy lenta con los edificios, que muchas veces están embargados y por eso se frenan los remates. "Ya cuando se va a remate, está todo destruido", afirma el jerarca. Insiste: hasta que la Justicia no habilite, la intendencia no puede intervenir para que allí no se formen asentamientos. Sólo puede actuar si se denuncia un foco de insalubridad.