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 Sábado 25.06.2011, 19:18 hs l Montevideo, Uruguay
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Qué Pasa


Los más chicos

Aquellas proclamas

Con apelaciones al "latifundio" y acusaciones de "lucha de clases", la intención presidencial de gravar las extensiones de tierra despertó el lado izquierdo del gobierno, ese que parecía dormido.

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Fabián Muro

Esta es la primera medida de izquierda de este gobierno", dijo a Qué Pasa el secretario general del Partido Comunista del Uruguay Eduardo Lorier. Se refería a la idea del presidente de gravar a aquellas extensiones que superan las 2.000 hectáreas de extensión.

Ciertamente es una medida de fuerte raíz frenteamplista, considerando que una reforma agraria que terminase con un gran "a desalambrar" fue una de las ideas fundacionales de la coalición. Y después de los titubeos con respecto al tema de la caducidad, al oficialismo no le viene mal recurrir a temas más afines con su tradición y sus bases.

Antes de la audición radial del jueves 26 de mayo, los temas que dominaban la agenda política se interpretaban como desfavorables a la imagen presidencial y los intereses del gobierno. En la lista hay que incluir -además de la caducidad- una arremetida presidencial anti-ecologista o concesiones económicas que podrían ser acusadas de un tanto neoliberales de más.

Pero bastó que José Mujica pusiera en el centro de la atención la carga impositiva de la industria agropecuaria para que el eje del debate cambiara abruptamente. El gobierno quedó dividido en dos y el presidente Mujica pudo jugar, como hace tiempo no lo hacía, a la izquierda.

Y consiguió cierta disciplina. Los ministros que protestaban -principalmente el de Ganadería y Agricultura Tabaré Aguerre- dejaron de hacerlo. Hasta el opositor de mayor peso político que tiene el presidente, Danilo Astori, tuvo que declarar -luego de decir "No habrá impuesto al agro" en la portada del diario La República- su lealtad al presidente.

Pero incluso a nivel de los militantes, los que hacen el trabajo grueso de diseminar y anclar la línea partidaria u oficialista entre la gente, se palpó el entusiasmo. "La militancia se ha revitalizado, sin duda", dice Evaristo Coedo, integrante del órgano ejecutivo del Movimiento de Participación Popular (MPP). "Esto llega en el momento más oportuno".

Las pintadas en muros y fachadas de la ciudad -al menos muchos de ellos- parecieron revivir con la propuesta de gravar no ya al agro o al campo sino al "latifundio", vocablo que había sido empujado a un rincón del léxico de la izquierda uruguaya.

Y antiguos aliados que protestaban por un supuesto abandono de las políticas de izquierda por parte del gobierno, empezaron a sentirse mucho más a gusto con los anuncios presidenciales.

Del otro lado no se puede decir lo mismo. El miércoles, en El País, el productor rural Alberto Gramont se refirió a la vuelta de una "lucha de clases", que estaría dada por el hecho de que el impuesto a las extensiones de más de 2.000 hectáreas sería una de las medidas más deseadas por el Partido Comunista.

Para el diputado emepepista Aníbal Pereyra el impuesto al agro es una medida de izquierda porque no se detiene en tecnicismos sobre el sistema impositivo. "No hay que centrar el debate en si estamos ante un tema tributario", dice. "No se está rechazando o aceptando un nuevo impuesto. Esto tiene implicancias más profundas. Esta es una medida de carácter político".

Para el legislador, eso estaría dado porque con el impuesto, el gobierno se aboca a la tarea de gravar un recurso cuyo valor "se ha multiplicado por cuatro en términos reales y constantes desde 2000 a este año. En dólares se ha multiplicado por nueve", según dice.

Pereyra enfatiza que no se trata de recaudar entre 60 y 70 millones de dólares más al año. Si solo se juntar dinero, la cifra manejada hasta el momento sería más bien modesta. Y más teniendo en cuenta que una estancia de 2.000 hectáreas tiene un valor, según datos del ministerio, de 5.300.000 dólares (por las que pagaría por este tributo 16 mil dólares).

Descartado el móvil recaudador y a pesar de las rencillas internas que despierta, el impuesto al "latifundio" tiene, entonces, que ser una medida política. Para Coedo, se trata de cumplir con el compromiso asumido: "Cuando salimos a pintar que pague más el que tiene más, estamos trasladando a los muros de Montevideo y del país una propuesta que forma parte del programa del Frente Amplio".

Pereyra, por su parte, dice que no está seguro de que la idea del presidente revitalice la militancia en el MPP, columna vertebral del Frente Amplio. Pero está de acuerdo con Coedo en que el mero hecho de "cumplir con los compromisos" es un factor que convoca y aglutina. "En ese sentido, puede ser que haya un resurgimiento de la militancia", dice Pereyra.

VERTIENTES. Más allá del supuesto logro de inyectar algo de energía y entusiasmo entre los que salen a militar, habría otros triunfos para el presidente. "Para el Mujica que años atrás decía `me ganó Harvard`, imponer en la agenda un tema de discusión en política económica a disgusto de buena parte del staff técnico y de gobierno es un logro importante", opina el politólogo Rafael Tejera, del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República.

Tejera separa los efectos de un impuesto a las grandes extensiones en dos vertientes. Una política-partidaria en la que la victoria sería de corto alcance. "Es un logro en el sentido que han buscado sectores más radicales", dice Tejera. "Pero distaba de ser un tema central en la agenda de Mujica, incluso en comparación a la mucho más presente reivindicación de un alza genérica a las tasas de impuesto sobre las rentas de capital".

La otra vertiente va más allá de los límites partidarios y abre una nueva área de discusión en la sociedad. Una en la que lo más importante es poner este tema en la agenda pública. Así, el presidente provocaría que el tema tributario sea más amplio que el IVA o el IRPF. Y una vez que se entra en esa discusión, difícilmente se salga, afirma Tejera: "Digamos que es un tema en que es mucho más fácil mantenerse fuera del foco de atención que escaparte de las luces una vez que te apuntaron", dice Tejera.

El resurgimiento de un espíritu de izquierda viene para algunos con la posibilidad de seguir avanzando en ese sentido. Pereyra menciona que aunque no se ha formulado oficialmente, ya se conversa entre legisladores oficialistas sobre el destino que se le dará a lo recaudado. Sobre ese punto hay varias posturas, desde hacer del impuesto una suerte de "tasa de vialidad", destinarlo a Rentas Generales o avanzar en la incidencia estatal en el campo.

"Apoyar a los que están desplazados del campo, y sacando recursos de los que tienen más tierras es una manera de ir concentrando más recursos para una meta que también se pretende para este período de gobierno: llegar a 150.000 hectáreas para el INC, un proyecto muy auspicioso y más con los valores que tiene la tierra hoy", dice Pereyra.

Otros, como el investigador en temas agrícolas y ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales Diego Piñeiro, ven similitudes entre la idea de Mujica y el impuesto Improbe, impulsado en la década de 1960 por Wilson Ferreira Aldunate e implementado durante la administración de Oscar Gestido-Jorge Pacheco Areco: "Es una idea similar. Un impuesto a la tierra en Uruguay no es algo nuevo, ya se hizo. Y también es frecuente en otros países".

Con su "primer medida de izquierda", el presidente Mujica deja, por lo menos, contenta a la tribuna.

2.650

dólares fue el valor promedio de una hectárea el año pasado, según estadísticas oficiales.

9

años consecutivos de aumento del valor de la tierra, tomando 2002 como año inicial.

500 hectáreas

No solo los sectores más a la izquierda en la coalición de gobierno recibieron con satisfacción la idea de gravar al "latifundio". La Comisión Nacional de Fomento Rural -que promueve los intereses de aquellos productores que poseen extensiones inferiores a 500 hectáreas-también se mostró a favor del propósito presidencial. "Hace tiempo que venimos solicitando que este tema forme parte de la agenda del gobierno", de acuerdo a un comunicado oficial de la Comisión. La gremial también está de acuerdo con el destino de lo recaudado: mejorar la infraestructura vial. Aunque hay quienes objetan que lo recaudado vaya únicamente hacia la mejora de la caminería, el presidente dijo el miércoles en Últimas Noticias que el año pasado se hicieron 130.000 viajes en camión para mover granos, 150.000 para mover madera y casi 100.000 para trasladar madera y carne. "Consecuencia: tenemos las carreteras destrozadas. Hemos crecido en pila y el crecimiento nos trae crisis".

etiquetasEtiquetas: gobierno - presidente - izquierda - tema - impuesto - 
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