La democracia directa, lo saben marxistas y liberales, es un atajo lleno de ripio. Esa es una de las razones por la que, tan cómodos nosotros, apelamos a la democracia representativa. Sin embargo, hemos recurrido a la consulta popular cuando lo consideramos necesario. O cuando nos hicieron creer que lo era. Cuando la izquierda era oposición, hizo uso y abuso de la democracia directa: los recursos disponibles -juntada de firmas y posterior plebiscito- se usaban para involucrar a la ciudadanía en el rechazo a iniciativas gubernamentales; algunas de ellas hoy forman parte de intenciones oficialistas. Ahora, desde la oposición, alguien promueve la realización de un plebiscito para determinar la edad de imputabilidad. Es una opción válida pero en un tema tan sensible, ¿alguien piensa que abrirá un debate serio sobre la incidencia de 300 menores en la inseguridad y sobre qué hacer con ellos? Lo que pasará es que se encauzará un clamor popular probablemente formado en una experiencia individual y en una sensación térmica que lo tiene demasiado harto como para razonar.
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