La lucha de los trabajadores que deciden no crispar sus puños

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POR DIEGO FERREIRA | dferreira@elpais.com.uy

«¡Arriba los que luchan!», reza una de las clásicas arengas a las que apelan los sindicatos en un conflicto. Pero ¿qué pasa cuando los trabajadores no acatan o van contra los paros que dicta su gremio o el Pit-Cnt? Si bien estos casos existen desde siempre, han cobrado mayor protagonismo con la actual ebullición de los reclamos sindicales.

Actualmente, las acciones del Pit-Cnt se apoyan en una base de 330.000 afiliados, una fuerza mayor a la de 2003 cuando la central tenía sólo 102.000 socios (el registro más bajo en los últimos 25 años).

«Sin la unidad de los trabajadores y la organización de la clase no hay conquista», explicó Marcelo Abdala, coordinador del Pit-Cnt. «Por tanto, nuestra línea es que todos los trabajadores tengan las garantías de desarrollar sus puntos de vista en los organismos del movimiento sindical, pero después de definida una orientación, hay que garantizar la unidad de acción», continuó.

Para ello, cada gremio busca persuadir a los trabajadores para sumar fuerzas de cara a las negociaciones con las empresas, pero no siempre lo logran. Por su actitud contraria o abstencionista, esos empleados son mal vistos y se ganan el calificativo de «carneros» o «rompehuelgas». A veces reciben más que un insulto.

El 3 de agosto pasado, trabajadores sindicalizados de la Biblioteca Nacional increparon y se enfrentaron en la puerta de la institución a otros funcionarios, entre ellos al director Carlos Liscano, para hacer respetar la ocupación del edificio.

En julio, un obrero alemán, que trabajaba en Montes del Plata, recibió un cabezazo en la cara por parte de un operario sindicalizado durante una movilización del Sunca, el sindicato de la construcción. Ese hecho provocó que la contratista de origen austríaco Andritz, que trabaja en el proyecto, evaluara irse del país.

El 1° de mayo, trabajadores del taxi la emprendieron contra una colega, por no respetar el paro ese día. «Me insultaron, me agredieron el coche, lo golpearon, le rompieron las cubiertas y el espejo», relató la mujer a los informativos.

El dirigente del sindicato del taxi (Suatt), Gustavo López, argumentó que «trabajar ese día no puede ser bien visto por ningún trabajador organizado» y consideró que el procesamiento de un trabajador por el hecho fue una medida «desproporcionada e injusta».

Agregó que cuando no se acata una medida resuelta por mayoría, «a lo largo de la historia, el movimiento obrero se ha dado múltiples formas de resolver ese problema: la más aconsejable es la persuasión, el diálogo y la tolerancia. En otras situaciones ha mediado la violencia, en tanto es una forma superior de violencia la que establece quien no cumple o contradice las decisiones colectivas».

Y continuó: «Un carnero encarna los contravalores de la clase obrera, es un individuo despreciable que se pone del lado particular, cuando no del interés empresarial, por sobre el conjunto de intereses de su clase o elige no participar del debate con sus compañeros».

En tanto, Faustino Rodríguez, presidente del Sunca, consideró que estos casos son excepcionales y que se dan cuando «el trabajador no ha entendido» la pelea de su gremio. El problema es «no haber podido abordar y analizar la situación con esos trabajadores», insistió. Sobre el incidente de Montes del Plata, señaló que al gremio «no llegó nada», y que en caso de una agresión, el trabajador tiene derecho a denunciar lo sucedido.

Una de las situaciones que genera rispideces entre los trabajadores es la presentación de un recurso de amparo para exigir el derecho a trabajar frente una ocupación.

El director del departamento laboral de Ferrere Abogados, Nelson Larrañaga Zeni, contó que desde setiembre de 2006 se dictaron más de 20 fallos en la Justicia Civil en contra del piquete o la ocupación por vulnerar la libertad de trabajo y los derechos empresariales. En esos casos, la Justicia determinó que el derecho a trabajar reconocido en la Constitución no se estaba respetando.

Angélica Correa, una operaria del frigorífico PUL de Cerro Largo firmó un recurso de amparo en setiembre de 2011 tras la ocupación de la planta a cargo de la Federación Obrera de la Industria de la Carne (Foica), que exigía la restitución de un obrero despedido y el pago por productividad.

Tras la firma algunos obreros sindicalizados «nos gritaban que fuéramos para afuera a apoyar». Otras trabajadoras que viajaban en ómnibus hasta la planta denunciaron haber recibido «malas palabras (al punto) que hasta el chofer se tuvo que levantar y pararlos».

El ambiente se normalizó tras el conflicto en PUL, que se laudó con el pago de la productividad (sin el reintegro del operario). No obstante, aún hay trabajadores que no saludan, «dicen alguna burlita o tomada de pelo», admitió Correa.

Muchas de las acciones judiciales presentadas prosperan porque la medida sindical es sostenida por una minoría. Por ejemplo, el gremio del frigorífico PUL cuenta con 250 afiliados sobre un total de 600 operarios. La ocupación era mantenida por unos 100 trabajadores.

A veces las medidas contra las ocupaciones no tienen un ribete legal. Claudia (su nombre real es mantenido en reserva), una ex trabajadora de una empresa metalúrgica, contó que la dirección hacía que el personal de oficina «guardara todo bajo llave» y pusiera «las computadoras con clave», porque «el dueño tenía miedo de que un día le ocuparan la fábrica». Aunque esa empresa tenía buen diálogo con los trabajadores, eso no era garantía de paz sindical.

Por otra parte, el fin de un conflicto no siempre aquieta las aguas en la interna. A veces el que desoye al gremio sufre represalias como que «le tiren hipoclorito en el casillero o le engrasen el asiento», contó Miguel Oliveros, presidente de la Cámara Metalúrgica. n

El derecho de los no huelguistas ante una ocupación está contemplado en las recomendaciones de la OIT para modificar la ley de Negociación Colectiva en Uruguay. No obstante, conciliar ese derecho con las ocupaciones que se dan de hecho es difícil de lograr. «Si los ocupantes permanecen en la empresa, por más que permitan el ingreso del empresario y de los otros trabajadores, va a ser una situación bastante difícil como para poder trabajar», opinó Nelson Larrañaga Zeni, del estudio Ferrere. El experto propuso como solución el desalojo de los ocupantes o la disolución del piquete, como se prevé para ese tipo de medidas cuando ocurren en oficinas públicas.