Legislar al grito

ALEJANDRO PINTOS | FERRERE ABOGADOS

El chiquilín tiene los ojos revirados y un cortante en la mano. Consume pasta base y rapiña en nuestro barrio, todavía no le dicen "Pelón". Ese otro, trepado en un coche nuevo, amanece manejando borracho, todavía no alcanzó los 160 kilómetros por hora. Pero, claro, tiempo al tiempo; ya tendremos muertos que lamentar. Habrá debate pobre y ruidoso y nuevas normas, aprobadas de apuro. Aunque ningún problema social se resuelve por decreto, se dictan esas normas para apaciguar la ansiedad ciudadana. Luego, el resultado más tangible de esas improvisaciones es su rédito político.

¡SOLUCIONES ESTILO YA!

La alarma de los montevideanos sonó más estridente antes del pasado fin de año: dos accidentes de tránsito con jóvenes al volante y muertos en la calle aumentaron frustraciones y enojos. La reacción inmediata de la intendencia capitalina fue reducir de 75 a 60 km/h la velocidad en ciertos tramos de la rambla. No fue causa de los accidentes el conducir dentro del rango de las velocidades autorizadas. Los involucrados chocaron cuando iban a más de 140 kms/h y, al menos en un caso, bajo efecto del alcohol. La medida municipal atenta contra una de las pocas vías de circulación rápida de Montevideo, lo que dificulta el tránsito y directa o indirectamente, puede influir en la ocurrencia de otros accidentes.

La mampara en los taxis no es un invento montevideano, pero aquí son de uso obligado desde la década del 90, cuando un brote de rapiñas y asesinatos de taxistas despertó la furia de conductores y pasajeros. Se decretó el uso de la mampara, sin medir ni las consecuencias...ni los autos. Parecemos sardinas en lata y un informe del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) dice que cada día al menos tres personas se lesionan al golpearse contra la mampara. Si no había nada más eficaz que la mampara, ese recurso debió implantarse junto al cambio del tamaño requerido para los taxímetros, de la distancia debida entre los pasajeros y la mampara y al uso obligatorio del cinturón de seguridad trasero (hasta hoy sin reglamentar). Como se hizo en otras ciudades.

Para disminuir el consumo de tabaco, el Gobierno insiste en aumentar el impuesto a los cigarrillos. Mientras muchos fumadores dejan el hábito, otros tantos buscan cigarrillos más baratos. Los cigarrillos contrabandeados son baratos y se consiguen fácilmente en nuestro país. Según estudios de la industria, el 25% de los cigarrillos que se venden en Montevideo y el 30% de los que se venden en el Interior son de contrabando. Las cifras oficiales son llamativamente menores, rondan el 15%, pero resultan significativas. Una norma aumentó los impuestos a los cigarrillos legales, eso estimuló el contrabando. Así, los fumadores que persisten en su hábito, compran cigarrillos baratos, de mala calidad, sin advertencias sanitarias y sin pagar impuestos al país. La industria del contrabando será cada vez más rentable y violenta. Es el guión conocido gracias a la famosa Ley Seca de los Estados Unidos.

Que opinen los que saben

No hay una única receta para dictar normas eficaces, pero algunos ingredientes son indispensables. Se debe consultar a los que saben y trabajar con criterios técnicos. Las leyes importantes deben involucrar activamente a los expertos en el tema. Aún si el Estado cuenta con ellos, debe procurar el parecer de los privados. Además, no se puede legislar de espaldas a quienes vivirán bajo la norma. Las leyes de consenso gozan de legitimidad y se cumplen.

Leyes condenadas

Las leyes preparadas por los mejores técnicos y con la conformidad de los involucrados gozan de buena salud; las otras no:

• El Código General del Proceso fue elaborado por tres prestigiosos juristas, un juez y dos abogados. Con algunos ajustes y otros por venir, rige desde hace 21 años con el agrado de la mayoría de los jueces y abogados. No en vano fue modelo de otros códigos latinoamericanos.

• La ley de abreviación de los juicios laborales fue aprobada pese a las críticas de los institutos de Derecho Procesal. La norma merece la amplia reprobación de muchos jueces y abogados, tanto de trabajadores como de empresarios. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales varios de sus artículos. Con pocos meses de vigencia, se piensa con urgencia en corregirla, por decir lo menos.

Su consulta no molesta

Hay organismos, por ejemplo el Banco Central del Uruguay, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y AGESIC, que hacen consultas públicas para discutir la modificación de normas. En ese caso los empresarios pueden proponer modificaciones e incluso incorporaciones.

Esta debería ser la práctica de todo el Estado.