A la caza de bonos de carbono

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Por Malena Castaldi |

mcastaldi@elpais.com.uy

La japonesa Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) puso la mira en Uruguay con la firme intención de financiar proyectos de energía renovable y comprar los "bonos de carbono" que estos emprendimientos produzcan, para luego vendérselos a empresas niponas obligadas a abatir los gases de efecto invernadero (GEI) de acuerdo al Protocolo de Kyoto (ver recuadro).

SMBC, que en 2007 participó en la emisión de deuda uruguaya en yenes, ya habilitó una línea de crédito por hasta US$ 150 millones al Banco República para fondear los negocios productivos que apuesten a los procesos sustentables en el país.

En diálogo con El Empresario, el gerente de Medio Ambiente del banco japonés, Hajime Uchida, confió que estuvo la semana pasada junto a otros ejecutivos en Uruguay, donde mantuvieron entrevistas con productores y empresarios locales. Durante las mismas promovieron la instalación de sistemas autónomos de generación de energía para emprendimientos productivos, fábricas y edificios. Estos sistemas combinan molinos con minihidros (circuitos cerrados para reutilizar agua) y paneles fotovoltaicos (solares), con una capacidad de generar entre 10 Kw y 1Mw por día.

Además de las propuestas al sector privado, el SMBC le ofreció al gobierno la instalación de dichos sistemas en unas 90 escuelas públicas, con un costo aproximado de US$ 200.000 cada uno y una capacidad de generación de entre 10 Kw y 20 Kw.

Fuera de los proyectos verdes, el banco también ofreció al gobierno una nueva emisión de deuda en el mercado japonés por al menos US$ 300 millones.

En Uruguay, la Unidad de Cambio Climático de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) es la encargada de certificar que un proyecto cumple con las exigencias nacionales en materia de energía limpia y que califica en la mitigación de los GEI.

La oficina ya aprobó 13 iniciativas y tiene en su portafolio otras 20, entre las que figuran parques eólicos, producción y autoconsumo de biocombustibles, generación de biomasa a partir de desechos, y sustitución de combustibles en procesos productivos. Los proyectos aprobados, en total, se comprometieron a reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 4,7 millones de toneladas.

De este modo, las empresas que disminuyen sus emisiones de CO2 de forma voluntaria pueden vender dicha reducción a otras en países desarrollados que estén obligadas a bajar sus emisiones de GEI, generando beneficios tanto económicos como ambientales.