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Se puede considerar una conquista de las movilizaciones haber puesto a la educación como principal tema de debate en Chile
JORGE REBELLA
Sin duda el conflicto entre el gobierno de Piñera y los estudiantes que demandaban una educación universitaria gratuita y de calidad fue el hito político del año pasado. Por un lado, desacomodó la agenda que el Presidente tenía prevista para 2012 y, por otro, cambió el panorama político chileno, según se desprende del diálogo con el politólogo uruguayo, Dr. Juan Pablo Luna, que ejerce la docencia en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El entrevistado analizó las razones de la adhesión sin precedentes a las movilizaciones estudiantiles de un vasto sector de la población que trasciende el ámbito universitario debido a su descontento con el sistema político chileno. A continuación un resumen de la entrevista.
-¿Cuáles fueron las razones de la larga duración del enfrentamiento entre los estudiantes y el gobierno chileno?
-Las movilizaciones se extendieron, al menos, durante nueve meses. Este movimiento estudiantil es heredero de la huelga de los "pingüinos", o sea de los estudiantes secundarios que en 2006 salieron a la calle al inicio de la presidencia de Michelle Bachelet solicitando la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) impuesta por el régimen militar. Ese movimiento se sintió traicionado por la clase política, dados los contenidos de la legislación que sustituyó a la LOCE. Esa frustración, expresada constantemente en el discurso estudiantil del 2011, hizo que las bases se radicalizaran y no transigieran en sus reclamos de cambiar el modelo educativo y político del país. Curiosamente, propusieron un plebiscito en contra del lucro en la educación cuando la mayor parte de los jóvenes no se había inscripto para votar. Por su parte, el gobierno de Piñera respondió con la receta tradicional, que fue básicamente dar más recursos financieros a la educación, no dando cabida a cambios estructurales.
-¿No era satisfactorio para los estudiantes el aumento del presupuesto para la educación?
-En realidad, el movimiento estudiantil demanda un cambio estructural en el sistema educativo, o sea lograr fundamentalmente la gratuidad de la enseñanza universitaria. En ese impasse en que no cedía ninguna de las dos partes, la polarización se agudizó y las negociaciones quedaron rápidamente desarticuladas. Ni siquiera el intento de la oposición por tender puentes tuvo éxito porque las bases de los estudiantes no se sienten representadas por la Concertación ni por otros partidos de izquierda.
-¿Qué razones adujo el gobierno chileno para rechazar las demandas de gratuidad de la educación superior?
-Las autoridades insisten en que los sectores medios y altos deben pagar la formación universitaria de sus hijos. Alegan que, de lo contrario, la gratuidad se convertiría en un subsidio para quienes disponen de suficientes recursos para costear esos estudios. El argumento del gobierno ha sido ofrecer un aumento del número de becas universitarias para los jóvenes que pertenecen a los hogares de bajos ingresos, extendiendo la cobertura al 60% más pobre de la población.
-¿Qué conquistas logró el movimiento estudiantil?
-Prácticamente, no alcanzó ninguna de sus demandas explícitas. Lo único que se consiguió fue justamente algo que no era lo central en su demanda: la expansión del sistema de becas. Dicho esto, se puede considerar una conquista haber puesto a la educación como principal tema de debate en Chile y que, seguramente, va a ser un punto central en la agenda electoral de 2013. Además, se consolidaron nuevos liderazgos que van a empezar a tener peso político y que se proyectan como contrarios no solo al gobierno de la Alianza por Chile, sino también a la Concertación, es decir al sistema tradicional de partidos. Habrá que ver si las figuras estudiantiles que han tenido amplia exposición en los medios de comunicación, mantienen la adhesión de un vasto sector de la población que trasciende el ámbito universitario, cuando se postulen a cargos electivos nacionales o municipales, como son los casos de la mediática Camila Vallejo y de Camilo Ballesteros, que también son militantes del Partido Comunista.
-¿En qué situación quedó el movimiento estudiantil al término del año lectivo 2011?
-La mayoría de los estudiantes volvió a las aulas a medida que las movilizaciones perdían fuerza. Algunas universidades públicas y privadas siguieron dando clases en enero para compensar la interrupción de los cursos. En cambio, muchos alumnos de la enseñanza secundaria perdieron el año, sobre todo en los colegios que estuvieron ocupados durante varios meses. El conflicto fue muy costoso, incluso para las municipalidades que administran la mayor parte de la educación primaria y secundaria mediante subsidios del gobierno central. Como estos centros estuvieron cerrados durante varios meses, no recibieron la asignación oficial que se destina a cubrir los gastos de funcionamiento, entre otros, los salarios de los docentes.
Adhesiones
-¿A qué atribuye la eclosión de los reclamos estudiantiles ocurrida el año pasado?
-Las demandas por un cambio estructural en la educación sintonizaron fuertemente con la desigualdad que existe en la sociedad chilena. Durante los veinte años de gobiernos de la Concertación (1990-2010), el imaginario colectivo veía a la educación como un canal de movilidad ascendente en la escala social. En efecto, el discurso de sus dirigentes, hoy en la oposición, era que se estaba construyendo una sociedad de oportunidades y que los hogares de ingresos bajos y medios tenían que hacer el esfuerzo de pagar la educación universitaria de sus hijos para darles una posición económica más desahogada en el futuro. Sin embargo, la enseñanza mediocre que imparten los colegios municipales de educación media determina que esos jóvenes tengan bajos rendimientos en la Prueba de Selección Universitaria. Por ende, solo tienen posibilidades de acceder a una educación de baja calidad y de alto costo en universidades privadas e institutos técnicos de segundo orden que no reporta los retornos esperados. En consecuencia, ni los egresados ni sus familias disponen de suficiente dinero para repagar los créditos que contrajeron para el pago de los estudios terciarios. Todo eso genera un círculo vicioso donde confluye una fuerte frustración de expectativas y de endeudamiento de familias y jóvenes que hicieron una apuesta a la educación y que ven que no rinde en términos económicos.
-Sin embargo, estas movilizaciones lograron una gran adhesión de la opinión pública, lo cual no se había dado con otros movimientos sociales…
-Esa reacción de la sociedad tiene que ver con una combinación de factores. Primero, hay liderazgos que lograron sintonizar con el estado de opinión pública general, específicamente me refiero a la carismática Camila Vallejo, que se convirtió en el ícono de la movilización.
Segundo, los movimientos contestatarios se potenciaron significativamente a través de las redes sociales en internet, en parte debido a que Chile tiene la penetración más fuerte de twitter en América Latina.
Tercero, lo más importante es que el conflicto de la educación sintonizó con varios problemas subyacentes en la sociedad chilena: la demanda por mayor equidad, el sentimiento antiempresarial, un clima de descreimiento hacia los políticos de cualquier partido y la desconfianza hacia el Presidente.
Cuarto, la violenta represión policial a las primeras movilizaciones estudiantiles generó un clima de apoyo a las reivindicaciones de los universitarios.
Quinto, otros movimientos sociales, como el de Patagonia Sin Represas que había participado en un conflicto ambiental, se fueron adhiriendo a las demandas de los estudiantes.
Reforma educativa
-¿Cómo manejó el gobierno de Piñera las demandas de una reforma educativa?
-Tal vez el mejor ejemplo respecto a la disonancia entre la demanda del movimiento y la postura de la administración lo representa la descripción de la educación como "un bien de consumo" que realizó el presidente Piñera y que fue largamente comentada en las redes sociales. El gobierno por cuestiones ideológicas, de imagen y de base social no podía satisfacer las demandas de los estudiantes. Por eso, recurrió a prometer incrementos presupuestales cada vez mayores y nunca suficientes para la dirigencia estudiantil porque, en definitiva, eso no era lo que se reclamaba. La estrategia del Presidente fue demorar las negociaciones para que el movimiento se radicalizara más y que, de ese modo, se quebrara y perdiera vigor.
-¿Qué tipo de reforma educativa sería viable en el contexto actual?
-El diagnóstico que hacen varios técnicos en educación, tanto el actual ministro de esa cartera como destacadas figuras de la academia, es que el problema de equidad no radica en el lucro de las universidades, sino en la disponibilidad de centros de enseñanza de calidad a partir del nivel preescolar. Se entiende que las desigualdades de aprendizaje se arrastran desde la etapa inicial y se van agravando en los ciclos de primaria y secundaria. Señalan que las inequidades que se generan en detrimento de las escuelas y liceos municipales, a donde concurren masivamente los primeros tres quintiles de la población, son tan enormes que luego no podrían ser compensadas por el acceso gratuito a la educación universitaria.
Opinión pública
-¿En qué medida la caída de la popularidad del presidente Piñera, que en diciembre pasado alcanzó el nivel de aprobación más bajo registrado por un primer mandatario chileno -22%- desde el retorno a la democracia en 1990, puede atribuirse a su oposición frontal a las demandas de cambios estructurales en el sistema educativo?
-Gran parte de la pérdida de popularidad obedece a su manejo del conflicto estudiantil. Para ello contribuyó la mala estrategia comunicacional, que daba la sensación de que el gobierno había perdido el control de la agenda. Esta sensación permanece y se ha agudizado. Por ejemplo, en una reunión realizada a mediados de enero entre Piñera y los dos partidos -UDI y Renovación Nacional- que conforman la oficialista Alianza por Chile, se decidió no avanzar en reformas políticas a pesar de la oposición del Presidente. Sin embargo, dos días más tarde Renovación Nacional, que es el partido de Piñera, y la Democracia Cristiana anunciaron un acuerdo para votar un proyecto que pondría fin al sistema electoral binominal, cuyo "efecto cerrojo" restringe la competencia a dos bloques principales y centraliza el poder en las cúpulas partidarias. Esto refleja la falta de conducción política que tiene hoy el gobierno.
-¿Qué otras demandas generalizadas preocupan a la actual administración?
-Es notoria la desprotección del consumidor ante los abusos de las grandes empresas que son percibidas como coludidas con el poder político y que, de alguna forma, reproducen la desigualdad. El año pasado, por ejemplo, hubo grandes escándalos en algunas compañías privadas, habiendo tenido mayor repercusión el caso de la cadena de tiendas La Polar, que impuso "repactaciones" unilaterales en los créditos de sus clientes sin contar con el consentimiento de estos. Esos hechos han generando un sentimiento antiempresarial muy fuerte, lo cual afecta la imagen del gobierno que está encabezado y conformado por varios empresarios.
-¿De qué modo el presidente Sebastián Piñera podría contribuir para mejorar la percepción de la opinión pública acerca de la actividad empresarial?
Para ello es clave una reforma tributaria, en la que individuos y empresas sean gravados en forma más equitativa. Mientras que los impuestos a las personas físicas son en general altos en Chile y relativamente comparables a los que se aplican en otros países, las ganancias de los inversores están sujetas a tasas muy bajas. Por eso, existen algunos proyectos a considerar en este período de gobierno o, quizás, en la próxima administración, donde una reforma educativa estructural estaría anclada en los recursos que pudiese generar una reforma impositiva. La reforma política es otro tema clave para recuperar la legitimidad perdida.
-¿Qué capacidad de respuesta ha tenido el sistema político chileno ante las movilizaciones estudiantiles?
-El sistema político no ha logrado decodificar aún el carácter de las reformas exigidas. Además, en un contexto donde se acaba de aprobar la inscripción electoral automática de los ciudadanos al cumplir los 18 años de edad debido a que, hasta el año pasado, solo un 20% de los jóvenes estaba registrado en el padrón, esta masa de nuevos electores va a cambiar las tendencias en los comicios. En cierto modo, ellos representan un sentimiento contrario a los dos grandes bloques actuales -la Alianza por Chile y la Concertación- al mismo tiempo que demandan una reforma del sistema electoral. Si eso no sucede, es factible que se produzca una profundización del descreimiento en el sistema político porque la gente está cansada de ver caras repetidas.
-¿Cuál es la opinión de los ciudadanos respecto al sistema político actual en Chile?
-La opinión pública está crecientemente alejada de los políticos y la democracia de los consensos cupulares, con fuerte fundamentación tecnocrática. Las movilizaciones de 2011 no solo desafían a los partidos, sino también al modelo tecnocrático de formulación de políticas públicas. En este sentido, la ciudadanía chilena parece estar reclamando mayor acceso y participación en los procesos de decisión, hasta ahora dominados por élites políticas y técnicas que han demostrado una restringida capacidad de representar a los electores.
Como corolario del conflicto estudiantil de 2011, un 65% de la opinión pública terminó reclamando una reforma del sistema electoral, según la última encuesta del Centro de Estudios Políticos (CEP). Si se consolida este descontento sistémico y si ningún partido logra canalizarlo institucionalmente, se podría generar una crisis de representación muy profunda. Lo peor del caso es que los partidos tradicionales aún no lo han entendido y no sé en qué grado tienen herramientas para hacer un cambio que les permita sobrevivir.
-¿El debate en torno a las reformas de la educación está cuestionando el "modelo chileno"?
-Sí. Los estudiantes han logrado poner en entredicho el modelo político y el modelo económico chileno, al haberse reabierto un debate que hasta hace menos de un año era tabú en el país. Durante años se creyó que la calidad de vida de los chilenos mejoraría con el crecimiento sostenido de la economía. En efecto, Chile es hoy un país mucho más desarrollado que antes de la restauración de la democracia; pero las expectativas de que el llamado "efecto goteo" iba a generar un cambio cualitativo en términos de equidad no se han plasmado. El sentimiento de respaldo que el movimiento estudiantil logró articular con la población en general se generó en el descontento subyacente de la ciudadanía con la desigualdad de oportunidades en una sociedad muy estratificada, donde una parte vive en el Primer Mundo y la otra en el Tercer Mundo. Hoy se ha formado un "cocktail" que tiene componentes de disconformidad socioeconómica y de frustración con el sistema político, que prometió que el crecimiento de la economía y de la educación era el camino del desarrollo. Si bien creció el PIB significativamente y aumentó la cobertura educativa alcanzando los umbrales de universalidad, no hay más equidad ni mejor educación.
-¿Podría ese descontento poner en riesgo la continuidad del modelo económico?
-Los grupos más afines al gobierno de Piñera sostienen que la disconformidad innegable de la población se debe al "síndrome de los US$ 15.000". Se refieren a que el PIB per cápita de Chile es de entre US$ 15.000 y US$ 20.000 en la actualidad, lo que significa prácticamente la entrada al mundo desarrollado. Sostienen que ese descontento es un fenómeno transitorio relacionado con una inflación de demandas y la comprobación de que todavía falta alcanzar un cierto nivel de calidad de vida que equipare a Chile con los países del Primer Mundo. Otros sectores sostienen que el descontento se debe a factores estructurales del "modelo chileno".
Juan Pablo Luna, uruguayo, 37 años, es licenciado en ciencia política por la Universidad Católica del Uruguay. Obtuvo la maestría y el doctorado en la misma disciplina por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (Estados Unidos). Está radicado en Chile, donde ejerce la docencia como profesor asociado en el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Salamanca (España) y en las universidades de Princeton y Brown (Estados Unidos).




