Al margen de la normativa

1/1

JULIO PREVE FOLLE

La producción granjera es una actividad económica que no solo funciona en un régimen de absoluta excepcionalidad en materia de política económica sino que, además, esta condición la sustenta en una ausencia completa de reglas conformes a derecho. En cuanto a la excepcionalidad económica, esta deriva de ser la suya una actividad totalmente preservada de la competencia externa, con importaciones que solo en forma excepcional son autorizadas por el MGAP, que no tiene facultades para hacerlo. Otros productores de cualquier tipo de bien o servicio en el agro o fuera de él, deben lidiar con la competencia externa; los granjeros no, le pase lo que le pase a los consumidores de sus productos.

ILEGAL. El MGAP concede ocasionalmente mal llamadas autorizaciones de importación, y lo hace, al carecer de norma alguna para administrar el comercio, utilizando la entrega de permisos sanitarios con arreglo a razones que obviamente nada tienen que ver con la sanidad. El tema es muy grave porque el gobierno toma decisiones para las que no tiene competencia, en una violación clara al sistema de reglas comerciales que luego reclamamos que otros países cumplan. Así por ejemplo, estos permisos sanitarios que se conceden con una discrecionalidad que nada tiene que ver con la salud vegetal o humana, son mucho peores agravios al comercio que las licencias que nos aplica la Argentina, y por las que reclama muy bien nuestro Presidente.

Si se ingresa al sitio web del MGAP se verá en un lugar destacado un título que dice "autorización para importar frutas y hortalizas". Ingresando en él se puede apreciar que, según distintas especies -cebollas, melones, duraznos, etc.- se anuncia que se autorizarán los permisos sanitarios con topes de fecha y en este caso, dentro de períodos señalados, sin límites de cantidad. A la vez, y en una violación que podríamos calificar de candorosa a la legalidad del comercio internacional, para el ajo se establece que los permisos se concederán entre el 15 de agosto y el 31 de octubre, si su origen es de extra zona, es decir de fuera del Mercosur. Para ninguna de estas determinaciones el MGAP tiene facultades. En efecto, para prohibir el comercio solo se puede apelar al interés general recogido en razones de abastecimiento vinculadas a la vieja ley de Subsistencias. De lo contrario, no hay norma alguna que posibilite prohibir y, menos aún, aprobar caso a caso pedidos de importación. Peor todavía desde el punto de vista del derecho es proteger la producción nacional en base a administrar la expedición de permisos sanitarios, algo totalmente prohibido en cualquier acuerdo internacional y, lo más importante, porque se trata precisamente del tipo de restricciones que solemos reclamar. En efecto, con la aftosa, la vaca loca, el cancro cítrico, la mosca de la fruta, las bacterias en el arroz y tantos ejemplos más, la prédica incansable del Uruguay, como corresponde a la de un país exportador, es apelar al cumplimiento de las normas sanitarias solo en la materia que regulan, sin abusar de ellas para esconder medidas de protección. En cambio, eso es exactamente lo que el país practica en la granja, regando así el árbol del que lo van a ahorcar, tal como ocurrió ya con Brasil y los pollos.

CHISTOSO. Casi chistoso resulta que una autorización se expida si se importa fuera del Mercosur. El gobierno decide dar preferencia a texto expreso a la extrazona, algo que no tiene antecedentes, y se ve que nadie evaluó lo que significa semejante agravio si se aplicara a nosotros. Pude averiguar que la idea es evitar importaciones de los vecinos porque tienen problemas de calidad: otro mamarracho; el MGAP sustituyendo a la gente a la hora de decidir si lo que quiere importar reúne o no los atributos que desea.

Debe quedar claro pues que cuando el MGAP establece permisos de importación conforme a fechas y cantidades, y lo hace manejando un certificado sanitario, actúa fuera de toda norma jurídica, de modo absolutamente discrecional, y utilizando una trampa -las restricciones sanitarias- que es de las que más afecta a nuestras exportaciones. Por supuesto, viola el arancel cero intrazona del Mercosur, el Acuerdo Sanitario de la Organización Mundial del Comercio y, para mí más importante, la legalidad nacional. Como si esto fuera poco, condena a la granja a un destino exclusivo de mercado interno, y somete a los consumidores nacionales a los avatares exclusivos de una dudosa competitividad nacional en materia de precios y cantidades de frutas y hortalizas. El tema no es solo de este gobierno, viene de antes, siendo el ex ministro Aguirrezabala el que llevó el abuso de derecho al extremo que es hoy. De esta forma se está construyendo una granja sin futuro salvo para unos pocos.

QUÉ HACER. No escapa a mi consideración que una granja así, totalmente fuera de la competencia desde hace diez años y, peor aún, con aperturas al comercio según la autorización expresa o tácita de los mismos productores afectados, no puede abrirse de golpe. Pero algo hay que hacer, y creo que lo primero es recuperar totalmente la legalidad. Los certificados sanitarios no pueden usarse como mecanismos de protección, y la discrecionalidad del MGAP, que se presta a suspicacias innecesarias, debe eliminarse para siempre. Deben elegirse algunos rubros, pocos, que por su vulnerabilidad extrema merezca la pena proteger. No son por cierto todos, ya que muchos ostentan protección natural, y otros son desarrollados por productores más bien grandes, como ocurre con la fruticultura. Una vez elegidos estos pocos rubros, habrá que utilizar en ellos por un tiempo, el único instrumento transparente de protección que es el arancel ad valorem, en una alícuota que no supere al arancel externo común, para no tratar peor a los socios que al mundo, al revés de la curiosidad del ajo. Se trataría es verdad de una única violación, al arancel cero intrazona, pero transparente, previsible, sin permisos previos, acotada a algunos productos y por algún tiempo, y mejor en la perspectiva de los socios que lo que tenemos hoy.

Si, en cambio, el MGAP sigue pensando que por ser la granja, o por ser Canelones, se puede hacer cualquier cosa, estableciendo cualquier excepción en materia de política económica o de funcionamiento del Estado de Derecho, entonces poco a poco muchos irán pagando precios cada vez más caros, en el agro y la granja, o fuera de ella.