En la herradura y no en el clavo

JAVIER DE HAEDO

La propuesta del presidente Mujica de gravar en forma adicional a las extensiones de campo de más de dos mil hectáreas causó un revuelo considerable, como es público y notorio. Es más, la repercusión y movilización que causó, excede en forma extraordinaria a la pequeña fracción de propietarios de tierra involucrados en la propuesta presidencial: solo una muy pequeña parte de los propietarios se vería afectada con la vigencia de tal iniciativa y la magnitud del nuevo tributo no sería determinante de cambios sustanciales en su rentabilidad. ¿Por qué, entonces, tanto ruido?

Desde mi punto de vista hay numerosas razones para oponerse a dicha propuesta, incluso muchas más, y más profundas, que las que rápidamente surgieron como respuesta a ella.

Lo primero, más allá de lo económico, financiero y tributario, es político, y surge de la forma en que la iniciativa fue planteada. Lo hizo el propio presidente y sin conocimiento previo de los responsables directos de las áreas involucradas, los ministros de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca. Lo más insólito del caso fue el fundamento que expresó el presidente para no haber noticiado a sus ministros sobre su idea: dijo que no quiere "hacer responsable de esto a los ministros porque son más jóvenes que yo y porque pagar impuestos no le gusta a nadie". Más allá de la original forma de comunicarlo, se debe entender que el presidente quiso evitarles el costo político del aumento impositivo, que naturalmente pagarían los ministros en el caso de tratarse de una decisión que los involucrara. "Los pelotazos en contra me los como yo", dijo Mujica.

En las diversas acepciones o definiciones del concepto de "ministro", tanto en materias de gobierno como en las religiones, siempre corresponde a alguien que se encuentra ubicado jerárquica y funcionalmente por debajo de otro, su superior. En la definición estrictamente política, se ha acuñado una expresión para los ministros, que consiste en ser "fusibles". Se trata de un uso metafórico de la expresión, ya que el diccionario define al fusible como "que puede fundirse" y como un "hilo o chapa metálica, fácil de fundirse, que se coloca en algunas partes de las instalaciones eléctricas, para que, cuando la corriente sea excesiva, la interrumpa fundiéndose".

Pues bien, resulta claro que en la instancia comentada, el presidente optó por hacer de fusible, evitando a sus ministros cumplir ese rol que está en su naturaleza. Viene al caso preguntarse si valía la pena. Yo creo que no existe instancia alguna en la que un presidente deba actuar como fusible y si la hubiera, nunca lo sería por algo de tan escasa significación y de tan ridícula relación entre los costos y los beneficios.

Dejo a especialistas en otras disciplinas indagar en las razones por las cuales el presidente resolvió actuar de ese modo en esta ocasión, ya que a mí la imaginación no me da para tanto.

Yendo ahora a cuestiones más propias de mi materia, encuentro numerosas razones para considerar inapropiado el planteo presidencial.

Uno, al igual que expresé aquí en los meses de verano, donde la frondosa imaginación de nuestros políticos y sindicalistas dio para proponer de todo un poco en materia tributaria, debo insistir en que venimos de una reforma tributaria hace solo cuatro años, que fue significativa en términos marginales, con cambios cualitativos importantes en el sistema. No se cambian los impuestos como quien cambia de camisa.

Dos, la propuesta viola una de las reglas que conviene seguir en economía y que consiste en vincular cada instrumento con uno y solo un objetivo, preferiblemente aquel para el cual está hecho el instrumento, aquel que hace a su esencia y a su naturaleza. En el caso referido se han expresado al menos dos objetivos con la propuesta: uno, propiciar una menor concentración de la tierra, y dos, procurar recursos para financiar el mejoramiento de la infraestructura que utiliza la producción originada en la tierra, básicamente, carreteras y caminos vecinales.

Tres, una regla habitual de la técnica tributaria es igualmente violada: aquella que busca evitar la existencia de rentas afectadas a fines específicos y establecidos por ley. Al igual que ocurriera en la gran reforma tributaria de mediados de los setenta, en 2007 se atendió esta regla y se desafectaron impuestos que estaban ligados a determinados gastos. Se trata de algo lógico ya que de multiplicarse los impuestos afectados se restaría capacidad presupuestal al gobierno.

Cuatro, si se habla de concentración, en el caso de la tierra la hay en forma insignificante con relación a lo habitual en nuestro país. Trascendió que una decena y media de propietarios (los de mayor extensión) concentran menos del 10% del área productiva. No imagino que haya otro sector en nuestra economía con semejante grado de desconcentración.

Cinco, no es trivial que a mayor área haya una mayor utilización de la infraestructura. Depende del tipo de suelo y el uso que se le dé. Seguramente un productor de ovinos en el norte extraiga menos toneladas de producción que un feedlot con un área equivalente a un décimo de aquél.

Seis, si la cuestión es la infraestructura afectada por el transporte de la producción, toda ésta la afecta y no solo aquélla extraída de las extensiones de mayor porte.

Siete, si la cuestión es obtener recursos para la infraestructura (más allá de la que se realice por las futuras asociaciones público-privadas, que ya lo prevén), hay una forma más directa y efectiva de procurarlos y es mediante los peajes en las rutas nacionales. Obviamente, el mayor costo de eventuales mayores peajes sería trasladado al productor en el precio del flete respectivo.

Ocho, el argumento de la extranjerización, que de paso se expuso en la ocasión, no por el presidente pero sí por otros gobernantes, es a esta altura ridículo, cuando es notorio que la reciente extranjerización de la producción agropecuaria fue la que le dio el impulso extraordinario que ha tenido y que ha dado lugar a un interior del país con un dinamismo inimaginable solo unos pocos años atrás. Gracias a la posibilidad de extranjerización siempre denostada por quienes viven anclados en el pasado, fue que pudimos aprovechar como país los absurdos de los Kirchner.

Nueve, y dejé para el final lo más importante, aunque seguramente lo menos sencillo de entender. En estos días escuché a quienes fundamentaban la conveniencia de la medida propuesta en la muy baja tributación a la tierra que existe aquí y ahora. Es cierto, pero tanto como que la desgravación de la tierra fue el principal motor del despegue agropecuario desde los noventa. Hasta ese momento había cinco impuestos a la tierra: patrimonio, primaria, contribución inmobiliaria, aportes patronales al BPS e impuesto a la renta, valga la paradoja (renta en sentido ficto, en función del área y del valor asignado a ella burocráticamente). Como a toda mala política, se la edulcoraba con adjetivos con connotaciones positivas, y así se hablaba de una tributación "finalista" en el sentido de que incentivaba a producir más de modo que el peso del tributo resultara relativamente menor. Sin embargo el efecto que se conseguía era el opuesto: se desincentivaba la inversión porque al no poder deducirse de los impuestos en caso de que ella saliera mal, el riesgo que se asumía era considerable. El resultado fue el estancamiento del agro por décadas. El mejor sistema tributario para el agro es tener el mismo que para cualquier empresa de cualquier sector. Cuando se han buscado especialidades a la medida del sector solo se ha logrado su atraso.

Hace dos semanas me refería a las tres razones posibles de la producción de malas políticas: la ignorancia, la ideología y los intereses creados. En el caso a que hoy me referí, una combinación de las dos primeras es la causa de que una vez más se pegue en la herradura y no en el clavo.