Con una persistencia que llama la atención, diferentes sectores del gobierno se disputan titulares de prensa para llenarlos de propuestas tributarias cada vez más inconsistentes entre sí, cada vez más alocadas. Ahora se la agarran también con el campo. Pero este episodio evidencia también ausencia de liderazgo o de autoridad: que cualquiera proponga cualquier cosa, valga la redundancia. No es increíble solamente que el Pit-Cnt proponga su propia política de carnes. Lo llamativo es que todos tengan ideas y disputen sobre aumentar los impuestos indirectos o bajarlos; imponer gravámenes al comercio exterior o no hacerlo; aumentar la tasa del IRAE o sus deducciones; aumentar el mínimo no imponible de éste o bajarlo; terminar con las exoneraciones tributarias o ampliarlas; y rever la legislación de promoción de inversiones. Esto último, planteado precisamente cuando el Presidente viaja a convocar inversores, cuando los invita a almorzar para volver a seducirlos, resulta chocante. Por una parte tenemos al presidente queriendo atraer empresarios incluyendo la defensa de una ley que según el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, ha funcionado muy bien; y por otra los grupos políticos, incluido aquel al que pertenece Mujica proponen gravar el capital, la tierra, combatir la posesión de ésta por extranjeros, y rever todo el régimen de promoción. Es un loquero que deja mal parado al país y, supongo, muy incómodo a nuestro presidente y su delegación en el exterior. A la vez, contribuye a enrarecer el clima de negocios que es el principal elemento de atracción de inversiones, aún mucho más allá de estímulos tributarios que no me parece mal rever, discutir, aunque no por la prensa.
LOS NOVENTA. La preocupación de los diferentes sectores oficiales por repartir la entiendo. ¿Por qué? Porque dos gobiernos de izquierda después, crecimiento sin par y con un presupuesto duplicado en dólares, el porcentaje de pobreza más bajo en los últimos veinte años sigue siendo el de 1994. Y en cuanto al de indigencia, en el 2010 recién se habría alcanzado la cifra de aquel año. Pasa exactamente lo mismo con la concentración del ingreso de los hogares: en los últimos años ha mejorado mucho, pero no llega a los guarismos de distribución alcanzados en el 93/94. Lucen en particular aquellos guarismos de los noventa porque se dieron con aftosa, guerra del Golfo, sin reservas internacionales, luego de la peor crisis que fue la de 1982/83, después de un fenomenal aunque necesario ajuste fiscal y con una abrumadora minoría parlamentaria para gobernar.
También entiendo la preocupación distributiva, aunque no la comparto, a partir del sentido de resentimiento social que ha acompañado a algunos sectores de la izquierda toda la vida. Y también la entiendo, compartiéndola todavía menos, como la expresión sutil de una ética ramplona que deposita en el Estado la decisión de interpretar cuáles acciones individuales son más o menos justas, cuáles más o menos meritorias.
El remate de acciones para repartir porque sí llegó al campo, tradicional sector de colección de resentimientos décadas atrás: que pague más IRAE, que lo alcance el Impuesto al Patrimonio, que padezca detracciones, que le bloqueen posibilidades comerciales, etc. Las razones que se dan son dos: que el campo gana mucho, y que la necesidad de repartir es grande. El primer argumento procede de sentimientos que no vale la pena calificar, pero que en definitiva esconden un pensamiento de base ideológica vieja pero por lo visto actual: ganar mucho -a juicio de la administración- es malo. Obviamente, con este tipo de planteos está bravo invertir, que se lo hace por cierto para ganar mucho, lo que constituye una aspiración totalmente legítima y movilizadora de esfuerzos. Quiero detenerme aquí en algo que no se advierte: no es Uruguay un lugar donde el mundo está desesperado por invertir. Por citar dos ejemplos muy cercanos, Chile y Paraguay son dos destinos probables de inversiones, incluso de uruguayos, estimulados por condiciones favorables en los negocios, incluyendo los aspectos tributarios.
REPARTIR MÁS. El otro elemento es la obligación de repartir que a mi criterio, salvo ciertos mínimos que Uruguay posee, al menos en comparación con América, no es tarea del gobierno. No creo en la homogeneidad de ingresos o de capital -ingreso acumulado- como un objetivo de las políticas. Por tanto, no es correcto que se establezca como meta sacarle a los de arriba para dar a los de abajo sin discutir absolutamente nada, ni efectos económicos, ni sociales, ni de justicia, que no es sólo distributiva sino también conmutativa, que implica dar a cada uno según la diversidad de esfuerzos y virtudes. Pero hay más, y es ese trasfondo ético al que me refería, que hace que algunas propuestas suponen que la gente es más buena si acepta que le saquen para dar a otro. Como señalé otras veces, la solidaridad meritoria procede de actos libres con el dinero propio, cuanto más escondidos mejor. Pero pagar más impuestos para financiar gastos definidos por el gobierno no tiene nada que ver con la solidaridad personal, y no acumula mérito. Yo lo siento al revés: aportar más al Estado para que se utilice como se lo hace es un acto de bajo contenido ético que se debe resistir. Y más aún si ese nuevo aporte determina una peor atención a los que en el círculo de los afectos y responsabilidades están más cercanos, como por ejemplo mis hijos.
En todo este tema del campo ocurre lo mismo. Por cierto, no se incluye en las cuentas toda la tributación municipal que es tan cuantiosa como la nacional, que habría que ponderar por el retorno en servicios, como por ejemplo los de infraestructura, hoy totalmente desbordados.
INVERSIONES. En lo que estos planteos aciertan es en la revisión de los beneficios a las inversiones, que admito que pueden ser exagerados. Por ejemplo, que a las pasteras se les de tratamiento de zona franca, con exoneraciones tributarias de por vida, puede ser un exceso. Que se deduzcan las inversiones directamente de los impuestos a pagar también. Pero esto hay que revisarlo en el contexto de una estabilidad de normas que vale la pena cuidar. Y por supuesto los regímenes de promoción, justificados más bien en la existencia de ellos en países competidores deben tener algunas premisas: cuanto más automáticos y generales mejor, y cuanto más acotados en el tiempo mejor. Creo más en el respeto por los contratos, por la justicia, la seguridad, los grandes equilibrios, que una devolución de tributos. Más aún; cuanto peor es la calidad institucional y el clima de negocios de un país, más grandes deben ser los favores del gobierno en su legislación de promoción para captar inversiones.