El contribuyente y su preocupación

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JORGE CAUMONT

Es extremadamente más difícil para un economista que para otro profesional, ser Ministro de Economía. Su profesión y las teorías en que se basa -sustentadas por el método científico- son las dos cosas que más dificultades le presentan a su accionar. En su actuación pública, su profesión le impulsa a maximizar resultados para la sociedad en su conjunto y no para ciertos grupos de ella, a partir de recursos limitados que extrae de la propia sociedad, es decir de los contribuyentes. Después de todo, eso es ser economista: analizar el costo-beneficio, en este caso del Ministro, el costo social-beneficio social de sus decisiones. Por ello, en su accionar, el jerarca debe considerar las bondades relativas de tomar una acción antes que otra cuantificando los resultados de lo que se le requiere. No sólo saber cuánto se le pide sino, además, saber cuánto es lo que en contrapartida la sociedad va a recibir. En función de esa evaluación del costo social y del beneficio social que obtendrá de cada tipo de demanda, procederá a asignar los recursos escasos para atenderlas, en la extensión que pueda, a cada una y de modo de maximizar el retorno para la sociedad.

EL PRESUPUESTO. En ocasión de la elaboración del presupuesto quinquenal, como ocurre en la actualidad, las demandas de los distintos grupos pueden ser atendibles desde el punto de vista de los deseos individuales de quienes las realizan. Pero también es cierto que cada uno de los grupos no considera su requerimiento particular en el contexto de la totalidad de las demandas que el Ministro enfrenta y que, como se sabe, en esta ocasión superan largamente las posibilidades de satisfacerlas todas simultáneamente. Los recursos con que el secretario de Estado cuenta para el lapso de cinco años desde 2011, son escasos para cumplir con todas ellas. De ahí, sus negativas a ciertas solicitudes y la justificación que maneja.

Los principales componentes de un presupuesto como el quinquenal se refieren a las funciones básicas definidas -bien o mal- que debe cumplir el Estado. La seguridad, la educación, la salud pública, la justicia y otras subsidiarias pero que la administración hoy juzga importantes, como la vivienda y la infraestructura, son las actividades para las que más se pide por los grupos involucrados o por decisión política oficial. Es ahora habitual que lo exigido se relacione con la producción de bienes y de servicios de la economía, o sea el PIB. Y en todos los casos la relación es superior a la del período del gobierno anterior. Hoy, la presión impositiva que ejerce el Gobierno Central sobre la población, al margen de la que existe de parte del resto del sector público, es del orden del 21,5% del PIB. Contemplar todas las demandas implicaría subir el esfuerzo tributario que hoy ya pesa fuertemente sobre toda la sociedad, sobre todos los contribuyentes. Ello es difícil de conseguir, sobre todo cuando se ha prometido una reducción de dicho esfuerzo a partir de la reducción de dos puntos de la alícuota básica del impuesto al valor agregado.

EL CONTRIBUYENTE. Un contribuyente de los impuestos que recauda la Tesorería encuentra difícil agruparse con los restantes contribuyentes para poder exigir también, a la par de lo que demandan quienes reciben los egresos del presupuesto nacional. El costo de agruparse es sumamente alto. Los costos de transacciones -denominación que dan los economistas en este caso al esfuerzo de juntarse para asumir una posición común- son muy altos e impiden que quienes son los que deben pagar el presupuesto se puedan juntar para plantear sus reivindicaciones, como lo hacen los sindicatos. Pero es claro que pocos o ninguno de esos contribuyentes estará dispuesto a pagar más impuestos para solventar los reclamos de la educación, de la vivienda, de la seguridad y de otras cosas por el estilo. Y eso porque ven que lo que a cambio se les ofrece es, de acuerdo con los indicadores disponibles, cada vez menos satisfactorio en la compensación de su actual y de un eventual futuro esfuerzo tributario.

Al Ministro de Economía se le haría más fácil negociar con quienes demandan adiciones a sus presupuestos si tuviera el apoyo explícito -no solo implícito- de los que, en definitiva, serán quienes paguen por los recursos adicionales demandados. Pero eso no ocurre y es entonces el secretario de Estado quien debe asumir por sí solo la lucha para ser consistente con el mandato de su profesión: asignar recursos escasos para lo que son las demandas por ellos, de modo de maximizar el bienestar social y no solo el de algunos grupos, tal vez los más vocingleros en esta etapa presupuestal.

LA EVALUACIÓN. Se conoce, por ejemplo, que desde el ámbito de la educación hay varias propuestas. La de los trabajadores de la enseñanza que piden subir de 4,5% a 6% del PIB los recursos a recibir y la de los organismos oficiales de la enseñanza pública que exigen 7,5% del PIB. El Ministro sabe, entonces, que acceder implica que 7,5 puntos porcentuales o 6 puntos porcentuales de los 21,5 puntos porcentuales del PIB que aportan los contribuyentes irían para la educación, en lugar de los 4,5 puntos porcentuales actuales. Y conoce que ello de por sí, implicaría subir los impuestos -algo que le limita el compromiso de bajarlos hecho en la campaña electoral y que disgustaría fuertemente a los contribuyentes- o dejar nada conformes a otros beneficiarios cuyos recursos presupuestales habrá que reducir para cumplir con la enseñanza. Es probable que a un economista, limitado en su accionar por razones políticas, igualmente se le plantee la interrogante de cuál es el beneficio marginal que tendría para la sociedad el aumento del gasto en educación, considerando incluso, el mediano plazo. Y si ese beneficio social supera a la contribución que realizarían otros gastos. Pero es sabido que la rendición de cuentas en la educación no es habitual, sobre todo la que debería hacer y no hace, la enseñanza terciaria.

Conceder por conceder puede dejar transitoriamente satisfecho a quien pide pero no deja satisfecho al contribuyente o a quienes -dentro del Gobierno Central- se les recorten recursos. Para decidir por cuál camino transitar, el Ministro considera imperioso saber que por el gasto ampliado en tal o cual actividad del Gobierno Central se va a lograr un beneficio mayor que el esfuerzo para realizarlo. Y mayor que el que generaría otro gasto alternativo.

Aun si los recursos a disponer superaran a los solicitados por los diversos sectores del Gobierno Central, quedaría por considerar a quién deben, en última instancia, volcarse. Tal vez, si el gasto ampliado mejorara sensiblemente la provisión de los servicios que demanda el contribuyente, éste podría aceptar mantener su esfuerzo tributario. Pero hoy, evidentemente, no es así.