JAVIER DE HAEDO
En nuestro país cunden, lamentablemente cada vez con mayor frecuencia, los eufemismos y las falsedades con relación a políticas públicas o ideas que pretenden transformarse en ellas. Un eufemismo es una "manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante", es decir, todo lo contrario a llamar a las cosas por su nombre. Una falsedad, mientras tanto, es la "falta de conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas".
Los eufemismos abundan por doquier y los podemos encontrar en temas urticantes, como en las nuevas denominaciones del aborto, o de las relaciones de pareja alternativas al matrimonio tradicional o en los temas referidos a la seguridad, donde los "delincuentes infanto-juveniles" de otrora han devenido en "menores infractores" en la actualidad y las "razias" de antes son ahora "operativos de saturación".
En el caso de la política económica, podemos encontrar algunos ejemplos de notoria vigencia en estos días.
Uno, que se va a escuchar y leer en forma reiterada en los próximos meses de Rendición de Cuentas, es el "gasto social", categoría que viene a ser una suerte de cajón de sastre donde se mete casi todo el presupuesto (quizá solo se dejen afuera los pagos de intereses de la deuda pública). Y el apellido "social" añadido al nombre "gasto" parecería ser bastante para justificarlo todo. En otras palabras, cualquier gasto es bienvenido si es "social" y quienes osen oponerse a él serán considerados neoliberales, insensibles (valga la redundancia) y adjetivos peores.
Otro ejemplo por el estilo es el "espacio fiscal adicional", concepto que empezó a ser llamado de ese modo en tiempos del ministerio del Cr. Danilo Astori, y que consiste en el exceso de recaudación impositiva no previsto que se da como consecuencia de una trayectoria de la economía por encima de lo esperado. Concepto que ha sido utilizado por el equipo económico como fundamento para su ulterior gasto.
Un tercer caso lo hemos vuelto a escuchar en las últimas semanas, y se trata de los "impuestos finalistas". Nuevamente el apellido edulcora al nombre y pretende legitimarlo y algo en esencia no deseado, como un impuesto, parece volverse atractivo.
Pero en el caso de los impuestos finalistas, coinciden el eufemismo y la falsedad, al menos en el caso notorio en el cual ha venido siendo utilizado, el del proyectado impuesto progresivo a la tierra. Se trata, además de un eufemismo, de una falsedad porque las palabras no coinciden con las cosas: en nuestra historia existe evidencia sobre lo poco finalista que ha sido el impuesto a la tierra, y lejos de motivar a producir más y a invertir en la hectárea propia, ha sido un estímulo para invertir en comprar la del vecino.
Pero no solo el tema de la concentración de la tierra ha sido objeto de falsedades, sino también el de su extranjerización, que hizo preguntarse recientemente a un senador y ex ministro de Ganadería "si el departamento de Paysandú lo compró un empresario holandés, el territorio, ¿será de Holanda o de Uruguay?". ¿Habrá pensado el senador y ex ministro, por un momento, que el tal holandés se lo podría llevar?
La preocupación del Presidente y sus compañeros de sector no es nueva en estos temas: el 18 de septiembre de 2008 el entonces precandidato José Mujica dijo a Búsqueda que "si alguno me construye una fábrica de tierra puedo variar mi manera de pensar. Pero como no la hay creo que hay que ponerle tope a la concentración de la tierra". Increíblemente, ellos no han percibido que la fábrica de tierra existe aquí y ahora, lo que se puede comprobar con el extraordinario crecimiento de la productividad que se ha dado en el sector agropecuario, donde cada vez más se invierte en la hectárea propia. Y la extranjerización de la tierra o de su explotación, que se extendió como nunca antes desde que el Frente Amplio es gobierno, ha sido clave en ese resultado. Increíblemente, parecen estar arrepentidos de haber propiciado que algo ande muy bien. Lo que puede la ideología.
Pero las falsedades en materia de políticas públicas exceden ese ámbito. Otro, notorio, es el de las políticas hacia los jubilados, las que siempre se fundamentan en la paupérrima condición que ellos ostentarían. Y en este caso el problema no es monopolio de sector político alguno sino de la unanimidad de ellos. Sin embargo, la de los jubilados es indudablemente la categoría poblacional con menor incidencia de la pobreza. El último documento publicado por el INE en marzo, referido a las estimaciones de pobreza en 2010, muestra con claridad que en el grupo de edad de 65 y más años la incidencia de la pobreza es del 5,4%, menos de la tercera parte del promedio de la población de todo el país (18,6%) y entre la sexta y la séptima parte de la incidencia en la población de menores de seis años (33,8%) que es la que ostenta la peor condición en esta materia. Claro, estos últimos no votan.
Volviendo a los eufemismos, el primer premio se lo lleva el concepto de "proteccionismo" referido a actividades productivas locales. A diferencia de los conceptos antes referidos, en este caso no es habitual, desde hace ya bastante tiempo, encontrar el tema en las noticias o en las discusiones de políticas públicas, en particular de política comercial.
No termino de comprender la ausencia del tema en ese sentido ya que es claro que mantiene vigencia: hoy día hay bienes que no se pueden importar, salvo con determinada autorización, y otros que sí se puede, pero pagando impuestos considerables. Tan elevados que no solo Chile (el de Piñera y el de la Concertación) sino también Perú (el de García y ahora el de Humala) se niegan a entrar de lleno al Mercosur porque deberían subir considerablemente sus aranceles a la importación, lo que no consideran positivo para sus respectivos países.
Es claro que el concepto de "protección" es positivo, cae bien y suena mejor. Sin embargo, el concepto pertinente es el de "privilegio", que no cae nada bien y suena horrible. Privilegios son los que se otorgaron a mediados del siglo pasado para las industrias locales bajo el paraguas de la política de sustitución de importaciones. Privilegios son los que se mantuvieron con el Cauce y el PEC una vez que el proteccionismo fue abatido significativamente a mitad de los setenta. Y privilegios son los que se preservaron al amparo del Mercosur en los noventa y que explican por qué Chile y Perú no quieren pertenecer a él más allá de que sus presidentes, de vez en cuando, puedan aparecer con sus colegas del bloque sonrientes en alguna foto.
Otro eufemismo de estos días es el de las "asociaciones público privadas", ingenioso nombre alternativo al de las "privatizaciones" tan denostadas en el pasado no muy lejano. ¿Y qué decir de la "inamovilidad" de los funcionarios públicos? ¿Y de la "autonomía" de la enseñanza pública?
Es notorio que tanto la agenda de políticas públicas como la discusión en torno a ella están bajando de nivel. La embestida reciente de una parte del gobierno sobre otra, la que hasta ahora dirige la política económica, tiene mucho que ver en eso. Y todo parece indicar que se trata apenas de la sinopsis de una película que recién estamos por empezar a ver.