El contribuyente también existe

1/1

Hace algo más de dos meses, titulaba mi columna semanal del modo siguiente: "¿A Ud. le importa el Presupuesto?". Allí sostenía que a pesar de lo que se suele decir, la Ley de Presupuesto no es la más importante de un período de gobierno, excepto para los políticos y los dirigentes sindicales del sector público que tienen una oportunidad relevante para administrar el poder por medio de los recursos públicos. Naturalmente, también es la más importante para el conjunto de los funcionarios públicos que se desempeñan bajo el paraguas presupuestal: algo menos de 200 mil, si se excluye a los funcionarios de intendencias y empresas y bancos estatales. Para esos funcionarios es también una oportunidad relevante, pero para ver acrecidos sus ingresos reales.

También expresaba en aquella columna que la Ley de Presupuesto podría ser significativa, pero no lo es para otras categorías de uruguayos, especialmente los de menores recursos quienes por su condición son más dependientes de las políticas públicas de enseñanza, salud o seguridad. Podría serlo si hubiera una correlación estricta entre la cantidad de recursos asignados a un programa y la calidad de la gestión o del gasto respectivo, lo que no es habitual o al menos no es posible de evaluar. Tampoco es relevante esa ley para quienes tienen más recursos, ya que esta parte de la población ni siquiera se abastece de muchos de los servicios que provee el Estado con cargo al Presupuesto. En definitiva, expresaba entonces, para la mayoría de la población todo lo referido al Presupuesto del Estado pasa más que por otros lados, por "cuánto más me va a costar (en impuestos)" y por "cuántos paros deberé soportar (mientras se produce la ley)".

Transcurridas varias semanas de tratamiento parlamentario del proyecto de ley respectivo, todo esto ha quedado una vez más confirmado. El sistema político (todo él) actúa en esta instancia como si pudiera crear riqueza y repartirla con sus decisiones. Como si el Estado tuviera un fondo infinito de recursos, como si no existiera el otro lado del balance, la necesaria contrapartida del gasto, los impuestos que alguien paga. Y, ciertamente, son muchos más los pagadores de impuestos que los beneficiarios del presupuesto. En personas y, en algo que algunos entienden más, en votos. Sin embargo, esa enorme mayoría es olvidada en esta instancia y sólo se pone el foco en repartir recursos básicamente entre funcionarios públicos. Funcionarios que en promedio ganan más de lo que ganan quienes le pagan el sueldo con sus impuestos.

Entonces, asistimos a una puja por ver quién es el que da más en un continuo proceso de subas de apuesta en el Parlamento, el que por su origen histórico debería ser quien frena y limita los impulsos del Poder Ejecutivo, sucesor del antiguo monarca. Representantes de la soberanía popular, del conjunto de la ciudadanía, que temporalmente se desempeñan, en los hechos, como representantes de sólo una pequeña parte de ella, la que tiene la condición de ser funcionario del Estado. Y como el balance tiene dos lados que suman cero, eso es en detrimento de la situación de la mayoría, que sólo paga impuestos.

Si esta dinámica no ha traído mayores problemas en los últimos años ha sido por el fabuloso "viento de cola" que está soplando sobre las economías emergentes como la nuestra. Los problemas que ha traído, básicamente atraso cambiario, se soslayan frente a un cúmulo de resultados en apariencia positivos, que esconden una realidad que a simple vista es difícil de percibir: un déficit fiscal significativo, si se ajustan los ingresos fiscales por el ciclo económico, y una deuda pública muy alta y que ha bajado poco, si se la corrige por el ciclo y por el tipo de cambio real. Dinámica que pretende ser respaldada por una novedosa teoría iniciada en el gobierno anterior y continuada por el actual: la teoría de los espacios fiscales adicionales a ser utilizados en más presupuesto, independientemente de su carácter transitorio o permanente, ya sean originados por mérito propio o por buena fortuna.

A quienes osamos ir en contra de esa tendencia se nos pregunta de inmediato "¿qué gasto recortarían?" para poder ir a un mejor resultado fiscal. Cuando en realidad la pregunta pertinente, en todo caso, sería "¿en qué rubros aumentaría menos el gasto?". La respuesta, naturalmente, sería más o menos la siguiente: "en aquellos rubros menos prioritarios a juicio de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que se supone que prioridades han de tener", de modo que el aumento global del gasto mantenga una relación adecuada con el producto de largo plazo y no con el PIB del momento cuando éste está muy por encima de su nivel "normal".

La pregunta siguiente que deberíamos enfrentar sería aproximadamente: "¿y qué harían con el excedente de recursos así obtenido?". Una primera respuesta sería la constitución de un fondo de estabilización fiscal, del tipo del que ahora se está constituyendo para el caso concreto de la UTE, de modo de guardar pertrechos para tiempos adversos. Por lo visto este camino no es de recibo en nuestro país. Ya hemos pasado tres instancias de surfear en la cresta de la ola, en 30 años, y no lo hicimos. El segundo camino sería (con resultado muy parecido) bajar deuda pública, comprando la más cara o la más próxima a vencer. De modo que el amortiguador no esté en un fondo específico sino en el stock de deuda. Este camino no es tan bueno como el primero porque en tiempos de crisis empeoran las condiciones de emisión de deuda, mientras que si tenemos el fondo no hay necesidad de emisión alguna. Bajar deudas equivale a bajar impuestos en el futuro. El tercer camino posible es, entonces, bajar impuestos hoy mismo. En definitiva, implica devolver al contribuyente parte de su esfuerzo en tiempos de holguras, para que él decida libremente hacer lo que le plazca con su mayor ingreso en lugar de sustituir su decisión mediante mayores gastos presupuestales. Y ahí entraríamos en la discusión sobre qué impuestos bajar, que el IVA según prefiere el gobierno, que el IRPF según prefieren otros. Si se eligiera ese camino, lo menos importante sería en qué impuesto. Sería un suceso para el país poder hacerlo antes que seguir subiendo el presupuesto.

La proporción entre el número de quienes pagan los sueldos de los funcionarios públicos y el número de éstos es de más de siete a uno. No parece.