En el Frente Amplio se abre paso la idea de conformar una comisión investigadora parlamentaria que no se dedicará precisamente a alguno de los asuntos que reclama la oposición sino que actuará en un tema sobre el que nos hemos ocupado varias veces en esta página: la trata de personas.

Esa comisión trabajaría sobre la base del artículo 120 de la Constitución que prevé ese tipo de investigación "para suministrar datos con fines legislativos".

La iniciativa resulta oportuna puesto que se procura completar las previsiones de la ley 18.250 del año 2008 que penaliza a quienes participan en el tráfico de migrantes y a quienes intervienen en la explotación de seres humanos destinados a trabajar en condiciones denigrantes o reñidas con la dignidad humana. De ese modo, tanto el delito de tráfico como el de trata de personas están previstos en nuestra legislación, lo que no significa que haya concluido la tarea legislativa.

Dos años atrás nuestro país firmó con la Oficina Internacional de Migraciones (Oim) un acuerdo para elaborar en conjunto nuevas normas que mejorasen las existentes en la materia. La inquietud del organismo internacional se basaba en que las Naciones Unidas determinaron que Uruguay "no cumple los mínimos estándares" para erradicar esa clase de delitos. Antes que eso el mismo organismo internacional había señalado que nuestro país es "origen, tránsito y destino de trata de personas" instándolo a adoptar medidas al respecto.

Múltiples procedimientos policiales concretados en los últimos años confirman que hay bandas delictivas practicando entre nosotros esos crímenes aberrantes. Una de las acciones ilícitas más reprimidas fue la de interceptar el transporte de ciudadanos extranjeros que hacían escala en nuestro territorio previo a su ingreso a un país vecino. En otros casos las actividades criminales desbaratadas por nuestras autoridades apuntaban a nutrir las redes locales dedicadas a la prostitución, algunas de ellas radicadas en el interior del país.

El acuerdo firmado con la Oim precisó que "la ley integral contra la trata de personas responde al cumplimiento de los compromisos adquiridos por Uruguay a nivel internacional llevando a la práctica las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos". Uno de los objetivos es el dictado de normas que se ocupen de la prevención de esos delitos y la detección de sus autores así como la protección a las víctimas y sus familias.

Una de las objeciones formuladas a la ley 18.250 es que no contiene previsiones sobre la asistencia y reparación a las víctimas de esa clase de ilícitos. En los hechos, cuando la policía logra rescatar a las personas que se encuentran en las situaciones descritas, es el ministerio de Desarrollo Social quien se ocupa de atenderlos. Se trata de suministrar a las víctimas cierta seguridad personal así como asistirlas en sus necesidades básicas. A ello se había comprometido nuestro país al suscribir en 2000 la convención de Palermo ratificada por el Parlamento en 2005.

Una de las preocupaciones de la Oim es el caso de República Dominicana, tercer país a nivel mundial con mayor cantidad de víctimas de la trata de personas. Técnicos de esa organización estiman que alrededor de 60.000 mujeres de esa nacionalidad son actualmente objeto de ese tráfico inhumano. Años atrás, cuando Uruguay permitía el ingreso sin visa a ciudadanos de ese origen algunas bandas criminales empezaron a operar aquí tomando a nuestro país como destino definitivo o punto de escala. El alerta provino de la propia República Dominicana en donde grupos locales, defensores de los derechos humanos, denunciaron la epopeya vivida por personas que caían en manos de estas siniestras redes.

Entre las nuevas normas a dictarse deberían figurar no solo las relativas a la asistencia y reparación de las víctimas sino también las referidas a la coordinación internacional de las acciones preventivas y represivas. Esa coordinación, en particular con los países vecinos, es esencial para contrarrestar los movimientos de bandas dedicadas al tráfico y trata de personas.

La creación de una comisión inves- tigadora con fines legislativos —y no con el objeto de analizar denuncias sobre ilicitudes o irregularidades— está prevista en el la ley 16.698 para casos como el que aquí se comenta. La iniciativa de conformarla, procedente del oficialismo, debería recibir el apoyo de todas las bancadas legislativas pues aún resta mucho por hacer para reprimir delitos —tan deleznables como la explotación sexual o laboral— que atentan contra la dignidad humana.

EDITORIAL