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Un gobierno de partido

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La decisión del presidente electo Tabaré Vázquez de no incluir a representantes de la oposición en los organismos que cuentan con "representación social", es un retroceso democrático formidable y el primer gran error que comete antes de asumir.

Representa para el Uruguay un retroceso de más de un siglo a la era de los gobiernos de partido que practicaron el exclusivismo como norma y que tantos males le provocaron al país. Mezcla de soberbia y obstinación, Vázquez trasunta en sus primeras determinaciones que va a gobernar solo para la mitad que lo votó, un agravio innecesario a nuestro talante democrático y republicano que cada día se parece más a un borroso recuerdo.

La primera decisión de Vázquez como presidente electo fue la designación relámpago de su gabinete. Allí no quedaron dudas, más allá de su pertenencia sectorial son vazquistas, responden personalmente al presidente sin vacilaciones. De esa forma quedó a cubierto de los problemas que tuvo en su primer gobierno con ministros díscolos que le provocaron severos reveses a sus decisiones personales, siendo seguramente el caso más sonado y recordado el del canciller Gargano que logró frenar el TLC con Estados Unidos.

Luego pasó el tiempo y comenzó a llamar la atención que habiendo tenido tanta premura por armar el gabinete no promoviera, como correspondía, reuniones con la oposición. Es de estilo —precisamente de ese estilo demócrata y republicano que se esfuma— que el presidente electo se reúna luego de la elección con los principales líderes de la oposición.

Vale decir, lo que no hubiera tenido más remedio que hacer si por unos pocos votos de diferencia no hubiese tenido mayoría parlamentaria, debía hacerlo de todas formas porque en este país hace mucho tiempo que quedó zanjado el asunto de que una mitad no puede someter a la otra.

Al fin ayer quedó claro por qué se demoraban las conversaciones con los partidos Nacional, Colorado, Independiente y Unión Popular. En un cónclave ajeno a la tan mentada y falseada democracia interna frentista, Mujica, Sendic, Astori y Xavier convalidaron el exclusivismo vazquista de no integrar a la oposición a los organismos con "representación social", vale decir, ASSE, BPS y el Codicen.

Las argucias esgrimidas como que el contralor se ejerce desde el Parlamento y otros organismos son balbuceos de circunstancia que solo dejan más en evidencia el agravio. Que existan representantes de los trabajadores, de los empresarios o de los usuarios en los organismos en que el gobierno pretende la exclusividad no impide que la democracia representativa, en la que se supone que creemos todos, exija la presencia de todos los partidos, no sólo del gobierno.

Amén de lo cuestionable que en sí puede ser la representación corporativa, no pueden existir dudas de que no es sólo deseable sino necesario el contralor de los partidos políticos legitimados por la ciudadanía en cada uno de los estamentos en que sea posible. Es más, no es una gracia del gobernante, es un derecho de la oposición y una garantía para los ciudadanos.

No sólo porque los "representantes sociales" en varios casos han sido de los peores directores de organismos públicos como lo demostró Alfredo Silva en ASSE, sino porque ellos no son representantes de los ciudadanos como sí lo son los de los partidos de la oposición.

Tan sencillo como eso. No parece casual que el próximo gobierno quiera evitar el control directo en áreas muy sensibles donde las administraciones frentistas no han dado pie con bola como la salud y la educación. Cuando las reformas, realizadas en el primer gobierno de Vázquez, comienzan a hacer agua y el deterioro del sistema educativo y sanitario es evidente, un ojo atento allí puede ser lapidario para el oficialismo. En vez de querer mejorar la gestión pública, el Frente Amplio parece embarcarse en la insensata estrategia de querer tapar el sol con la mano.

Puede que logre demorar que se den a luz los zafarranchos, pero a la larga no podrán evitarlo.

Ahora, perpetrado el agravio vazquista, el presidente electo sí se apresta a convocar para conversar con los líderes de la oposición. Enterados por la prensa del despojo, tendrán que reivindicar sus derechos, que son los de los ciudadanos que los votaron y cuya representación ejercen.

Le guste o no le guste a Vázquez, hay otro medio país que no tiene menos derechos que la circunstancial mayoría, y el Uruguay somos todos, también quienes no lo votaron.

EDITORIAL

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