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Dilma dice enfrentar un "golpe"

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El diputado Araujo es llevado en andas por sus colegas que celebran su victoria. Foto: Reuters.
El diputado Bruno Araujo es llevado en anda por sus colegas que celebran su victoria en una votación que permitirá un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, en Brasilia. 17 de abril de 2016. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, prometió el lunes que luchará contra el juicio político en el Senado luego de que una humillante derrota en la Cámara baja del Congreso allanó el camino para su probable destitución y el fin de 13 años de Gobierno de izquierda en la mayor economía de América Latina. REUTERS/Ueslei Marcelino BRAZIL-POLITICS
© Ueslei Marcelino / Reuters/REUTERS

La presidenta habló ayer tras la decisión de Diputados y dice que dará la pelea hasta el final y que es víctima de un trato injusto de la oposición.

Dilma Rousseff, afirmó ayer que está dispuesta a defender su mandato ante el Senado, que deberá decidir si será sometida a un juicio político, y aunque confesó sentirse "triste", sostuvo que derrotará el "golpe".

Rousseff convocó una rueda de prensa un día después de que la Cámara de Diputados aprobó y remitió al Senado un pedido para que se inicie un juicio con miras a su destitución por maniobras contables que el Gobierno realizó para maquillar sus resultados en los últimos dos años.

La mandataria admitió estar "triste", pero no "abatida", y dijo que ha quedado frente a una "situación que solo puede provocar una inmensa sensación de injusticia y de que hay en Brasil una violencia contra la verdad, la democracia y el Estado de Derecho".

La presidenta aseguró también que, una vez que el proceso con vistas a un posible juicio político se inicie en el Senado, confía en que tendrá la "oportunidad" de defenderse y demostrar que, en su caso, "se usa la apariencia de un proceso democrático para practicar un abominable crimen, como es condenar a un inocente".

Golpe.

Rousseff insistió en que las maniobras contables que sustentan la acusación no suponen una ilegalidad y mucho menos un "delito de responsabilidad", como la Constitución define las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.

"Practiqué esos actos, que son practicados por todo presidente en el ejercicio de su cargo, y cuando un presidente practica actos administrativos lo hace basado en toda una cadena de decisión, con análisis técnicos y jurídicos", indicó.

Por momentos emocionada, apuntó que con otros mandatarios esas maniobras "fueron consideradas legales" y que siente que a ella le "reservan un tratamiento que no se le dio a nadie".

También consideró "interesante" que no hay en su contra "ninguna acusación de desvíos de dinero, de enriquecimiento ilícito o de ocultar cuentas en el exterior", que sí pesan contra quienes la juzgan, en alusión al presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, imputado por esos delitos.

Rousseff recordó que en su juventud enfrentó por "convicción" a una dictadura y afirmó que ahora, en su madurez, enfrentará de la misma forma "un golpe de Estado, que no es de los tradicionales, pero es un golpe".

También dijo que "siempre" luchó, creyó y defendió la democracia y que ahora tiene "ánimo, fuerza y coraje suficientes para enfrentar esta injusticia", a pesar de confesar y reflejar en su rostro "una enorme tristeza".

Criticó además la sesión de la Cámara baja de este domingo, en la que sostuvo que "no se vio una discusión sobre el supuesto crimen de responsabilidad", sino diputados "votando por Dios o la familia" y con intenciones puramente políticas y no jurídicas.

"Creo que no podemos aceptar jamás que no se cumpla la legalidad" y que se debe "buscar un padrón de seriedad mayor cuando se trata de democracia", indicó en alusión a escenas vistas en la Cámara baja, en la que los diputados votaron en nombre de cosas insólitas, como uno que lo hizo en nombre de "todos los corredores de seguros".

Tras esa votación en la Cámara baja, el presidente del Senado, Renán Calheiros, recibió ayer la documentación relativa al proceso y a partir del martes deberá convocar al pleno para designar a los 21 miembros de una comisión especial que analizará el caso.

Esa comisión elaborará un informe, que en un plazo de unos quince o veinte días deberá llegar al pleno, que decidirá si se instaura el juicio político contra Rousseff.

En ese caso, la mandataria deberá separarse del cargo durante los 180 días que durará el proceso y la reemplazará el vicepresidente Michel Temer, con quien Rousseff rompió relaciones después de que divulgó un audio en el que daba como un hecho su destitución. Rousseff volvió a citar ayer ese episodio y consideró "importante reconocer que es extremadamente inusitado, extraño, pero sobre todo espantoso, que un vicepresidente en ejercicio de su mandato conspire abiertamente contra la presidenta".

Oficialismo.

El jefe del oficialismo en la Cámara de Diputados, José Guimaraes, afirmó ayer que "la lucha" por el mandato de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, "sólo está comenzando", tras el duro varapalo sufrido este domingo por el Gobierno.

"La presidenta está muy bien, muy optimista", declaró el diputado tras una reunión con Rousseff, unas horas antes de que la propia mandataria se expresara.

Guimaraes intentó transmitir confianza en los próximos pasos del proceso, pero declinó comentar qué actitud tomará el Gobierno para enfrentar un escenario que tiene a Rousseff al borde de perder el cargo.

"Las estrategias no se divulgan. Estamos trabajando fuerte para revertir esta situación en el Senado", indicó el diputado, quien apuntó que la de este domingo fue "una derrota momentánea", que en parte atribuyó a "algunas traiciones, que son parte del juego".

La derrota en la Cámara baja fue mucho peor de lo que cualquier proyección anticipó y el proceso contra Rousseff fue respaldado por 367 votos, que superaron en 25 la mayoría preceptiva de dos tercios.

Pese a ello, Guimaraes aseguró que el Gobierno "ganará la batalla en las calles", en las que sostuvo que "la conciencia democrática del país se está movilizando".

El Senado tiene previsto iniciar los trámites para dar curso al proceso este martes, cuando comenzará a discutir la conformación de una comisión especial de 21 miembros que analizará el caso y preparará un informe sobre la naturaleza jurídica de la acusación.

La primera fase del trámite en el Senado concluirá en unos 20 días, cuando el pleno de la cámara decidirá si instaura el juicio político o envía la causa a los archivos del Parlamento.

Si se decanta por continuar el proceso, Rousseff será separada del cargo durante 180 días, que será el plazo que tendrá el Senado para la celebración del juicio político. En ese caso, el cargo sería ocupado durante ese período por el vicepresidente Michel Temer, líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que hace dos semanas rompió con el Gobierno y se posicionó a favor del "impeachment".

Sin embargo, Temer también está bajo amenaza de ser sometido a un juicio político en la Cámara baja, debido a que, en su condición de vicepresidente, firmó algunos de los decretos que facilitaron las maniobras fiscales por las que se acusa a Rousseff.

La incertidumbre en torno a estos aspectos está haciendo pensar a muchos legisladores en que la única salida a este laberinto es la convocatoria a elecciones anticipadas. De hecho la dirigencia del PT afina una propuesta que incluiría convocatoria electoral.

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La Policía brasileña arrestó en un operativo anticorrupción al alcalde de Montes Claros (sureste), Ruy Muniz, cuya gestión fue citada como ejemplar durante la votación del domingo en que la Cámara Baja aprobó que el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.

La diputada Raquel Muniz, del Partido Social Democrático (PSD) citó: "Mi voto es para decir que Brasil tiene solución, y el alcalde de Montes Claros nos muestra eso a todos con su gestión", aseguró.

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El diputado Araujo es llevado en andas por sus colegas que celebran su victoria. Foto: Reuters.

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