En el Consejo de Ministros se distanció de Scavarelli.

La propuesta del director de Servicio Civil, Alberto Scavarelli, de bajar a seis horas la jornada laboral de los empleados que recién ingresan a la función pública, fue vetada por el presidente Tabaré Vázquez. Ayer, en el Consejo de Ministros, el mandatario marcó distancia del planteo que Scavarelli hizo público —en una entrevista con El País— y que ya había comenzado a mane-jar internamente con la Con- federación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).

El presidente dijo a su gabinete que no estaba enterado del tema propuesto por Scavarelli. "Me enteré por la prensa", afirmó Vázquez en referencia a la entrevista de Scavarelli, donde planteó la necesidad de ir resolviendo la "inequidad" entre un empleado que recién ingresa (y está obligado a cumplir con las ocho horas) y el resto de la administración, que trabaja seis horas.

La aclaración fue realizada por Vázquez sin que nadie preguntara nada al respecto. Finalizado el Consejo, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, señaló en conferencia de prensa que el tema de bajar la jornada laboral de los públicos "no está en la agenda de gobierno". Añadió que "la directriz fundamental sigue siendo la estrategia de la cultura del trabajo para el desarrollo", presentada el año pasado por el Poder Ejecutivo.

La propuesta que ayer volvió a defender Scavarelli en radio El Espectador, también había sido manejada en reuniones con COFE. "A nosotros Scavarelli nos dijo que era una posibilidad, que había que estudiarlo y ver cómo resolverlo. El planteo surge de una propuesta nuestra, ellos en Servicio Civil lo estudiaron, lo analizaron e iban en esa línea", dijo ayer a El País el secretario general de COFE, José Lorenzo López. Al tiempo que agregó que "llama la atención" la "falta de coordinación" existente dentro del Ejecutivo.

"Nos llama la atención que el Poder Ejecutivo salga con una manifestación que demuestra que hay una incomunicación total en el seno del gobierno, y que los ministros salgan a enmendar el planteo del director de la oficina especializada. Realmente no habla muy bien del Ejecutivo y de quien hizo el anuncio en conferencia de prensa", insistió.

Además, COFE cuestionó el hecho de que fuera el ministro de Trabajo el que saliera a decir que no estaba a estudio la rebaja de la jornada laboral para los nuevos ingresos de la función pública. "A nivel internacional el tema de la carga horaria se está discutiendo en todo el mundo y en este caso tiene que ver con corregir una inequidad. Tenés dos trabajadores que cumplen prácticamente la misma tarea y uno gana un 33% más que el otro. Para corregir-lo hay dos maneras: o se le aumenta el salario a uno o se le equipara desde el punto de vista de la carga horaria", argumentó López. En tanto, opinó que este tipo de diferencias no está en línea con el "principio que han defendido los gobiernos de izquierda de a igual función igual remuneración".

La obligatoriedad de que los empleados públicos —que ingresan al Estado— tengan que trabajar ocho horas diarias fue incluida en el Estatuto de los Funcionarios aprobado durante el gobierno del expresidente José Mujica y al que Scavarelli considera que hay que "ajustarlo". Para Scavarelli, el hecho de que los nuevos funcionarios tengan que trabajar ocho horas diarias "a la larga es peor, porque esa persona se termina yendo. No hay que olvidarse que son presupuestados por el puesto más bajo del escalafón y por tanto son retribuciones de las más bajas del sistema".

En el marco de la negociación del Consejo Superior de negociación colectiva del sector público se llegó a un acuerdo para elaborar un proyecto de ley que deje "en suspenso" la carrera administrativa prevista en el Estatuto y se comience a negociar otra, según asegura COFE.

López dijo que la carrera administrativa planteada en el Estatuto de los Funcionarios Públicos "no se está aplicando", porque no se lograron terminar las reestructuras de ministerios iniciadas por Mujica. Luego de aclarar que no defiende el sistema de carrera anterior, el sindicalista dijo que ahora "algunos funcionarios quedan a merced de designaciones directas de la administración y en lugar de ser funcionarios del Estado, se transforman en funcionarios de gobierno, porque dependen del jerarca de turno".

"En el ámbito de la negociación colectiva acordamos que se iba a hacer un proyecto de ley para encapsular la carrera administrativa y dejarla en stand by. La idea es empezar a negociar otra carrera administrativa", explicó López.

Según dijo, el capítulo del Estatuto referido a la carrera administrativa "no fue negociado con los trabajadores, ni en el Poder Ejecutivo ni en el Parlamento". "Como se quería sacar el Estatuto salió así y nosotros siempre entendimos que esa carrera administrativa que estaba en el Estatuto era perjudicial no solo para los trabajadores, sino para la administración".

A partir de este mes comenzaron a regir nuevas disposiciones para la administración pública. Una de ellas, establece la necesidad de acreditar mensualmente, con informe al organismo de origen, la asistencia de los funcionarios que se encuentran cumpliendo funciones en pases de comisión.

Además, se posibilita la transformación de cargos en otros de diferente escalafón. Por ejemplo, de los escalafones de servicios auxiliares, administrativo o de oficios en cargos de los escalafones profesional universitario o técnico, una vez acreditado haber desempeñado las tareas propias del escalafón al que se pretende acceder, durante al menos doce meses.

La experta en derecho administrativo del estudio CPA Ferrere, Cristina Vázquez, explicó a El País que esta nueva normativa "es adecuada porque busca solución para dos temas que han estado en el tapete".

Con respecto a la modificación de los escalafones señaló que responde a una regularización de personas que se encuentran en un escalafón más bajo y se capacitan para tareas incluidas en un escalafón superior.

"En un primer momento un funcionario se puede dar por satisfecho con que le den las tareas, pero empieza a pasar el tiempo y esas personas aspiran a que se les remuneren esas tareas superiores. Al principio se le reconocía eso por medio del pago de una compensación, pero siempre era difícil porque había que esperar la generación de una vacante", comentó.

Antes, cuando se daban estos casos, se debía concursar para pasar al siguiente escalafón, ahora ya no es necesario concursar. De esta manera, se le da una ventaja al funcionario que ya está dentro de la administración, lo que a su vez tiene menos costos. "Es una solución que les sirve a las dos partes", enfatizó la experta.

Por otra parte, destacó la importancia de los controles a pases de comisión que supone el informe mensual sobre el funcionario a la oficina de origen. "Se hace para evitar la nebulosa que suponían esas tareas", destacó.

“Hay personas que están trabajando 8 horas diarias en oficinas que cumplen horarios menores, porque ya están estandarizados de esa forma y tienen el derecho adquirido. El tema es cómo avanzar para que no se produzca esa situación que en definitiva no es equitativa ni para unos, ni para otros (...) ¿Qué estamos logrando con esto? No tiene ningún sentido, estamos pensando cómo podemos ser más justos, siempre teniendo en cuenta que el funcionario debe cumplir con el servicio”, dijo a El País el director de Servicio Civil, Alberto Scavarelli.

“La reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas para los trabajadores públicos no está en la agenda del gobierno. La directriz que tenemos sigue siendo la estrategia de la cultura del trabajo para el desarrollo”, aseguró ayer en conferencia de prensa el ministro de Trabajo Ernesto Murro. Sus afirmaciones fueron una clara respuesta al director de Servicio Civil, Alberto Scavarelli, quien planteó en entrevista con El País la posibilidad de bajar el horario de los funcionarios que recién ingresan al Estado.

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