El régimen tuvo fallas en la pasada administración de la Junta capitalina

Temor en Junta canaria por contratación de infractores

La mala experiencia de la Junta Departamental de Montevideo con pasantes menores infractores durante la anterior administración, genera temores a ediles de la Junta de Canelones que está a punto de concretar un convenio similar con el INAU.

La Junta debatió otorgar una anuencia a la mesa para que se negocie un acuerdo con INAU.

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EDUARDO BARRENECHE05 oct 2015

Varios ediles canarios reclaman que los adolescentes infractores tengan custodia dentro la Junta, ya que hoy se encuentran internados en hogares por delitos graves como rapiñas y copamientos. Otros sostienen que, con un guardia al lado, los menores no podrán formarse en un entorno laboral y, por ende, jamás se rehabilitarán.

El viernes 2, la directora de Investigación y Cooperación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Gabriela Garbarino, se reunió con ediles de la Junta Departamental para explicarles los detalles del convenio que permitirá que menores infractores trabajen durante un año en el organismo deliberativo. "Si no se da oportunidades a estos jóvenes, éstos seguirán delinquiendo", dijo Garbarino en la charla.

La desconfianza de los ediles surge de fallas en el acuerdo que firmó el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente —organismo que gestiona los hogares del INAU con privación de libertad— y la Junta de Montevideo en el período pasado, según las actas taquigráficas de la Sesión de la Junta de Canelones. "No hubo controles ni una buena selección. Hubo fallas en ese convenio porque mandaban a cualquier interno", expresó una fuente del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a El País. El INAU y el Sirpa dependen del Mides.

La presidenta actual del Sirpa, Gabriela Fulco declinó pronunciarse sobre el convenio firmado por la gestión de Rubén Villaverde y la Junta capitalina. "El encare de las salidas laborales que vamos a aplicar en este período es que, en el organismo receptor, no haya una actitud paternalista hacia el adolescente. Parte de la formación del joven es que se le ponga límites. No es ocuparlo por ocuparlo", dijo Fulco. El convenio, entre el Sirpa y la Junta canaria durará tres años.

DEBATE.

El 24 de agosto pasado, la Comisión N° 1 (Presupuesto) y el Plenario de la Junta de Canelones trataron el otorgamiento de una anuencia a la Mesa para analizar la firma de un convenio con el Sirpa.

La presidenta de la Junta de Canelones, Alejandra Goinheix (MPP) explicó que los menores serán traslados por el Sirpa a la Junta y agregó que allí no tendrán custodia.

El edil del Partido Nacional, Luis Goggia dijo: "No soy juez, no soy, jurista ni tampoco abogado, pero hay veces en que una rapiña es mucho más grave que un homicidio. Lo que quería saber es si iba a haber gente custodiando a los jóvenes, y ahora sé que no".

Fernando Melgar, edil colorado, manifestó: "Lo que sí nos preocupa, más allá de que se diga que el Sirpa es el responsable de las actitudes de dichos menores, es que dentro de la Junta Departamental la responsabilidad es de esta" si ocurre algún incidente.

El edil nacionalista, Joselo Hernández (Lista 400) dijo que le llama la atención que la Mesa quiera encarar ese convenio cuando existen "realmente muy pocas garantías" y agregó que el ámbito de la Junta "no es el mejor lugar" para rehabilitar rapiñeros y copadores.

El edil de la Vertiente Artiguista, Maximiliano Rivero dijo se estigmatizará a los menores si se les coloca una custodia dentro de la Junta.

El edil de Asamblea Uruguay, Juan Ripoll afirmó que los funcionarios de la Junta Departamental tendrán que capacitarse para recibir a esos jóvenes o, en caso contrario, estos podrían caer en una decepción y la Junta los excluiría en lugar de incluirlos.

Cuestionan la falta de control

Apenas se firme el convenio entre el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y la Junta de Canelones, el edil blanco, Joselo Hernández denunciará a la Oficina de Servicio Civil por no controlar el cumplimiento de leyes que otorgan cupos para discapacitados y afrodescendientes. Hernández dijo que la Junta solo contrata a menores que cometieron delitos graves. "No toma en cuenta a internos del INAU que tuvieron problemas ajenos a su voluntad", dijo.

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