REUNIÓN POR SEGURIDAD

Sube la pena mínima para el homicidio intencional

Sin acuerdo sobre delitos gravísimos realizados por jóvenes.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Novick incorporó como asesor al ex ministro Guillermo Stirling. Foto: D. Borrelli

El gobierno y la oposición acordaron un proyecto de ley que elevará de 20 a 24 meses de reclusión las penas para los homicidios intencionales pero no se hizo lugar a un planteo blanco para tomar la misma decisión para los homicidios con dolo eventual (el ejemplo típico es cuando un conductor atropella y mata a una persona por cruzar cuando el semáforo está en rojo; sabe que su conducta puede causar un daño pero no tiene la intención de matar).

El Partido Nacional sigue sintiendo “decepción” con el ritmo de los trabajos de ámbito multipartidario que busca actualizar la normativa penal para atacar la inseguridad, dijo el senador nacionalista Javier García. Los blancos insisten en una elevación de las penas mínimas para aquellos adolescentes de entre 15 y 18 años que cometan delitos gravísimos (homicidio, copamiento, secuestro, rapiña y violación).

Pero el Frente Amplio y el Partido Independiente destacaron que luego de tres meses de trabajo se enviaron al Parlamento para su consideración cinco proyectos de ley.

El Partido Independiente planteó la necesidad de reglamentar rápidamente la ley de tenencia responsable de armas, cuyo texto está a estudio de los ministerios de Defensa e Interior. La ley fue aprobada hace casi dos años.

En el ámbito multipartidario se descartó la idea colorada de crear una comisión parlamentaria que estudie toda la temática de los centros de reclusión juveniles y de la normativa penal para los adolescentes.

La Unidad Popular insistió en que se deben abordar lo que llama “causas de la violencia social”. El prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo que el gobierno aceptaba realizar el análisis pero los otros partidos no aceptaron la idea.

Roballo dijo que se acordó extender el sistema acusatorio a los adolescentes a instancias del fiscal de Corte, Jorge Díaz.

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