Una concurrida asamblea resolvió en votación dividida tregua de 30 días.

El sindicato de Ancap decidió ayer, en una muy concurrida asamblea y en una votación que evidenció divisiones internas, abrir un compás de espera de 30 días en sus medidas de protesta que están afectando a la refinería de La Teja y que se realizan en reclamo de mayores remuneraciones para los trabajadores que hacen el mantenimiento de esas instalaciones, en protesta por la intención del gobierno de eliminar el servicio médico de la empresa y contra la fuerte reestructura del negocio del pórtland. No obstante, todo indica que la situación conflictiva puede replantearse en breve

Durante cuatro horas se debatió con vehemencia en una asamblea, a la que concurrieron 560 sindicalistas y que se realizó en el Platense Patín Club. Terminó con 337 votos favorables a abrir un compás de espera contra 195 que respaldaron una moción que suponía declarar ya un conflicto, no realizar horas extras y no trabajar más de ocho horas diarias en la refinería de La Teja (con lo que se enlentecerían más las ya demoradas tareas de mantenimiento en sus instalaciones). Hubo 32 abstenciones.

El secretario general del gremio, Gerardo Rodríguez, que impulsó la moción que finalmente ganó, argumentó que declarar ya un conflicto "solo favorecería a la derecha" y "algún sector de la izquierda" que impulsan la libre importación de combustibles.

Otros dirigentes que argumentaron a favor de esa moción admitieron e incorporaron como argumento al debate que parte de la opinión pública tiene hoy una visión negativa de Ancap debido a las abultadas pérdidas que ha sufrido.

Una sindicalista que habló sobre el final de la asamblea señaló que "los medios de comunicación están contra las empresas públicas" y admitió que "nos critican por los sueldos". Otro sostuvo que Ancap "está en el candelero" y que no se puede "hacer el caldo gordo" a quienes la critican. Agregó que ya se sabe a nivel público que las tareas de mantenimiento en La Teja solamente han avanzado 4%. El grupo "moderado" deslizó críticas también a un grupo de trabajadores que, desoyendo decisiones del Consejo Federal del Sindicato, adoptaron medidas que enlentecieron esos trabajos en La Teja.

Pero aun los sindicalistas que defendían una postura más "moderada" criticaron con dureza al directorio de Ancap y advirtieron que puede haber conflicto si el 1° de abril Ancap cesa el contrato de 42 vigilantes que cumplen funciones en la planta de cemento del ente de Paysandú y de 18 trabajadores de una cooperativa social que se desempeñan allí.

La división de cemento perdió US$ 207 millones en la última década. En 2016 su rojo fue US$ 25 millones. Ancap quiere equilibrar sus resultados en 2018 mediante el abatimiento de costos pero en 2017 seguiría perdiendo dinero.

El vicepresidente del sindicato, Salvador Sproveri, llevó la voz cantante de quienes argumentaron a favor de declarar ya un conflicto. Sostuvo que "estamos quedando sin médicos" en el servicio de salud de la empresa y que el sindicato propuso que este siga existiendo a través de una fundación, pero que la posibilidad fue rechazada por el asesor del Ministerio de Economía, Martín Vallcorba y por el representante del Ministerio de Salud en la Junta Nacional de Salud, Arturo Echevarría. Según este dirigente, después de que se desmantele el servicio médico y la división de cemento se dejaría de refinar en La Teja "y nos quedamos sin laburo".

Sproveri dijo que el servicio médico de Ancap fue creado en la década de los 50 del siglo pasado a impulsos de funcionarios como uno de apellido Váz-quez y que en 2017 "otro Váz-quez, hijo de aquel compañero, es uno de los que está impulsando el cierre de este servicio", en obvia alusión al presidente de la República.

La propuesta del sindicato apunta a crear una fundación integrada por representantes del directorio de Ancap, de los trabajadores y pasivos y por un delegado de la Facultad de Medicina. Pero, según Sproveri, los representantes del Poder Ejecutivo no quieren que Ancap tenga ninguna participación en la administración del servicio. El sindicato pretendía que Ancap asigne anualmente un monto en ningún caso menor a los costos actuales y a las prestaciones que hoy da el servicio. Un decreto del 6 junio pasado estableció que los actuales servicios no se podrían extender más allá del 30 de junio de este año. Hoy el servicio tiene 3.200 usuarios entre activos y pasivos de Ancap. Fue creado en julio de 1956 y puso énfasis en problemas de salud como la gastritis, las inflamaciones del hígado y las alteraciones en la sangre.

Una sindicalista propuso ocupar las oficinas centrales de Ancap y otro recordó que las 40 trabajadoras de cooperativas sociales que limpiaban las áreas verdes de la planta sanducera de Ancap y cuyos servicios fueron discontinuados, cobraban solamente $ 15.000 mensuales.

Un militante jubilado que dijo haberse afiliado al sindicato de Ancap en 1959 sostuvo que "el grupo de Astori" impulsa para Ancap políticas similares a la de los partidos tradicionales. Se escucharon también frases como "este es un gobierno de derecha y va en contra de los trabajadores". Otro sindicalista dijo que "este directorio no lo puso la derecha sino Tabaré" y otro cuestionó que haya gremialistas que terminan integrando el directorio de Ancap, en alusión seguramente al caso del exdirector Juan Gómez. Otros pidieron que para las obras públicas deba comprarse obligatoriamente cemento Ancap y denunciaron que la reestructuración de esa división pone en riesgo 400 empleos.

El sindicato de Ancap había decidido no trabajar más de ocho horas diarias en la parada técnica de la refinería de La Teja. Si bien en la asamblea de ayer se decidió volver a un régimen de 12 horas, Ancap le comunicó al sindicato el pasado 7 de marzo que debió reprogramar con las empresas contratistas sus tareas. Por ese motivo, ya no podría volver al régimen de 12 horas "más allá de los esfuerzos que se puedan realizar para flexibilizar dicha decisión", según un memorándum del Ministerio de Trabajo que pidió a las dos partes "no innovar" en este tema.

Los trabajos en la refinería deben realizarse cada cinco años y llevan a que Ancap deba importar combustible refinado. Las distintas medidas sindicales han llevado a que los trabajos solamente hayan avanzado 4% y no 25% como estaba previsto a esta altura del año. Esto llevará a que las obras no puedan estar terminadas el 1° de junio, como era intención de Ancap, lo que genera un perjuicio millonario en dólares a la empresa. El sindicato reclama una remuneración mayor por los trabajos y también hizo planteos en materia de seguridad.

En los trabajos participan 1.300 personas contratadas y 600 trabajadores de la plantilla de Ancap (que es de unas 2.820 personas). Los trabajos comenzaron el 20 de febrero pasado.

Con datos de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) El País calculó que en 2016 Uruguay se habría ahorrado US$ 427 millones si hubiese importado combustible, 9,6% más que en 2015.

CONFLICTO EN SUSPENSO