El convenio que hasta el momento cinco de los seis liberados de la base de Guantánamo se niegan a firmar establece que la representación local de la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (Sedhu) les pagará, durante un año, el arrendamiento de una vivienda y parte de los gastos y tributos domiciliarios por ese lapso.

El documento forma parte del "Proyecto de atención de personas refugiadas procedentes de Guantánamo y sus familias", y en una "Cartilla de información-compromiso" se establece que "el titular de la familia arrendará a su nombre una vivienda en el área metropolitana con un depósito en garantía que facilitará el programa en una cuenta en el Banco Hipotecario del Uruguay". "El contrato de arrendamiento obliga al titular a pagar todo el año si se quiere cambiar de vivienda", agrega.

Una vez transcurrido el lapso establecido se evaluará la marcha del programa para definir las características del apoyo en un segundo año, pero ya se establece que "después de ese período será de exclusiva responsabilidad de la familia cubrir los costos de arrendamiento de la vivienda".

Asimismo la familia pondrá a su nombre los servicios que utilizará y mensualmente se hará cargo de abonar su costo. Entre esos servicios pueden estar: el consumo del agua corriente, el de energía eléctrica y los gastos de telefonía, en caso de que contraten el servicio de Antel.

El convenio establece también que el programa cubrirá asimismo la compra "de muebles, electrodomésticos y otros útiles necesarios" (…) que permitan una vida digna".

Los refugiados tendrán obligatoriamente que anotar a sus hijos en centros de enseñanza públicos.

Ayer cuatro de los seis refugiados permanecieron frente a la embajada de Estados Unidos. Una mujer con su cabeza cubierta a la usanza musulmana los ayudó a traducir el texto del convenio y está previsto que el abogado Mauricio Viola los asesore respecto a la conveniencia o no de firmar el documento.

El tunecino Abdul bin Mohamed explicó a El País que uno de los motivos que tiene para no firmar es que considera escaso el plazo durante el cual el Sedhu les cubriría los gastos mencionados. El refugiado tenía en su poder un borrador del convenio que, por ahora, no quiere firmar. No estaba previsto que los refugiados fueran recibidos en la embajada aunque no se descartaba que un funcionario saliera de la representación para conversar con ellos.

Dos de los seis refugiados no están frente a la embajada. Abu Whael Dhiab se desplaza con dificultades y no fue, en tanto el palestino Mohamed Tahanmatan firmó el compromiso y tampoco está allí, aunque Abdul bin Mohamed dijo que la relación de los otros cuatro con él es buena.

El canciller Rodolfo Nin Novoa dijo ayer, tras el Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva, que los refugiados interpretaron erróneamente que el convenio tenía tres años de vigencia cuando en realidad regirá solamente durante uno.

"Queremos darles la tranquilidad de que cuando llegue la fecha de finalización del convenio seguiremos trabajando para no dejarlos en la calle", señaló Nin Novoa.

Abdul bin Mohamed tendría interés en que vengan a Uruguay su madre y uno de sus hermanos y para ello el gobierno realiza los trámites necesarios ante la Cruz Roja.

Los refugiados, si bien han dormido frente a la embajada de Estados Unidos, van a la casa de la calle Maldonado que les brindó el Pit-Cnt cuando llegaron a Uruguay en diciembre pasado para higienizarse. Algunos vecinos les han alcanzado comestibles, bebidas y abrigos. Los liberados hacen largas caminatas y hablan mucho por celular en árabe. Abdul bin Mohamed, el tunecino, se muestra vehemente y pide que se le entregue una casa y más dinero aunque dice que respeta la decisión del palestino Mahanmatan que no adhirió a su protesta.

El gobierno designó a Christian Mirza, exdirector de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social e integrante del Comité de Apoyo al Pueblo Palestino, para que actúe como su interlocutor ante los refugiados.

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