RECLAMAN QUE EL DATO FIGURE EN LOS BALANCES

Morosidad "virtual" de US$ 700: en la Caja Profesional

La asamblea de los afiliados a la Cjppu pidió al Ejecutivo que intervenga.

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La Caja: los afiliados denuncian una rebaja en sus jubilaciones. Foto: Fernando Ponzetto

El dato de que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) tiene 800 morosos que adeudan una cifra cercana a los US$ 700 millones encendió la alarma de los integrantes de la Asociación de Afiliados a la Caja, sobre todo porque quien manejó esa cifra —similar a la deuda de Ancap— fue el presidente de la institución, Álvaro Correa, al concurrir al Parlamento.

Este grupo de profesionales jubilados planteó el tema en la asamblea del pasado martes 20 y resolvió insistir en pedir al Poder Ejecutivo que intervenga. Los jubilados se mantienen en sesión permanente desde que el directorio resolvió en junio suprimir y recortar una serie de compensaciones y beneficios que perciben desde hace años.

El integrante de la directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales, Odel Abisab, dijo a El País que les resultó "alarmante" que Correa haya dicho en el Parlamento que esa cifra de morosidad no figura en los balances. "Es grotesco desde el punto de vista técnico", agregó.

Si bien él es de profesión médico, dijo que el grupo que representa está integrado también por contadores que señalaron el error.

En la versión taquigráfica del día 6 de septiembre pasado, Correa dijo que en la comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes que esa cifra "es virtual" porque no se recoge patrimonialmente. Agregó: "La Caja, aplicando buenos criterios de uso en materia económico- financiera, contabiliza los créditos que son cobrables y va desestimando aquellos que demuestran cierta incobrabilidad. Este lote de US$ 700 millones no está en el patrimonio de la Caja ni puede estarlo porque no tiene posibilidades creíbles de cobrabilidad".

Según explicó Correa a El País, en su mayoría se trata de personas que viven en el exterior, otros que fallecieron y siguen en los registros sin que se les haya dado de baja.

Abisab, por su parte, dijo que esto demuestra la falta de controles de la Caja. "Asusta que se pueda esgrimir esa cifra y se la quite del balance", dijo.

A ello Correa respondió que esa decisión se tomó con propiedad y que hay auditorías externas que lo validan. Además reivindicó la actual gestión de la Caja. "No digo que antes fuera a pedal pero no era el ejemplo de la mejor administración. Eso se ha ido mejorando notablemente, y hoy se tiene certeza de los números", afirmó.

No obstante, los detractores del grupo mayoritario que dirige la Caja, plantean que se trata de un error en los balances y decidieron enviar copia del acta parlamentaria al Colegio de Contadores para que tome cartas en el asunto, así como informar a los delegados del Poder Ejecutivo en el directorio de la Caja para que informen al Tribunal de Cuentas de la República.

En la moción aprobada en esa asamblea del 20 de septiembre, afirmaron que reprueban "severamente" la actitud del Poder Ejecutivo por la "ignorancia, ante un colectivo que merece el respeto de las autoridades nacionales". Abisab dijo que el secretario de la Presidencia de la República, Miguel Toma, los recibió y mostró interés en el tema y se comprometió a hacer gestiones pero hasta el momento no recibieron "respuesta alguna".

Murro al parlamento.

El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala dijo a El País que el ministro de Trabajo Ernesto Murro fue convocado y comparecerá ante la comisión de Seguridad Social el 18 de octubre.

Abdala que se ha interiorizado en el tema dijo que maneja información sobre que un tercio de esos US$ 700 millones sería recuperable. "Lo que se le reprocha al Directorio es que no haga planes de recuperación", agregó.

Consultado al respecto, el presidente de la institución admitió que no se desestima que se pueda cobrar "algo" de esos US$ 700 millones pero dijo que sería "muy poco" y no pudo precisar una cifra. Luego dijo que de acuerdo con los balances la morosidad de la Cjjpu está por debajo del 1,5%.

A juicio de Correa, la morosidad no es un problema de la Caja, sino la rentabilidad a futuro y por eso se tomaron las medidas de recorte que a su criterio extenderán la viabilidad de la institución que pasó de 10 a 15 o 20 años", aseguró.

"Recibirán $1.849 menos en enero".

La resolución de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios implica que unos 15.000 pasivos dejarán de recibir a fin de año una compensación que reciben. El presidente de la caja, Álvaro Correa, justificó esa medida, porque con ella se alarga la viabilidad de la caja entre cinco y diez años.

Sin embargo, el grupo de jubilados que se viene movilizando en contra de las medidas de la Caja y que se encuentra representado por el director en representación de los pasivos, Hugo de los Campos, plantea que no se conoce en el mundo una caja superavitaria que se dedique a hacerle recortes a sus beneficiarios, y que las cifras que maneja la mayoría no tienen en cuenta las utilidades de las inversiones de la Caja.

Al concurrir a la comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Correa aseguró que "un jubilado menor de 75 años que cobra más de $ 33.400, va a seguir cobrando lo mismo en la jubilación básica". Luego precisó: "Va a cobrar $ 751 menos en julio; $ 1.489 menos en enero del año 2017; $ 1.849 en julio del año 2017; $ 2.211 en enero del año 2018 y $ 2.575 en julio de año 2018. No estamos hablando de cifras siderales, sino de un ajuste que no castiga la jubilación básica y, además, porcentualmente es algo relativamente menor".

Correa explicó que también "se tratará de incentivar el retardo en las jubilaciones". De acuerdo con ello, explicó que según la ley, el profesional se jubila con el 50% de su sueldo pero si lo retarda un año, se jubilará "con un 3% más, es decir con un 53%". O sea que quien demore cuatro años más y se jubile a los sesenta y cuatro años, se irá con el 62%", explicó.

Con respecto a los cuestionamientos que ha recibido, Correa dijo a El País que hay "gente dolida" por las medidas tomadas y cuestionó "la hipocresía" de no querer sacrificar nada. Además afirmó que quienes se quejan son 2.000 o 3.000 de los 60.000 afiliados a la Caja".

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