ESTAFAS CON AFILIACIONES

Dos juzgados investigan a gerentes de mutualistas

Ayer declararon 6 mandos medios de centros privados; van 11 procesados.

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Este año fueron 54.921 trabajadores que cambiaron de mutualista. Foto: Archivo El País

Dos investigaciones judiciales y policiales procuran averiguar si mandos medios de las mutualistas Círculo Católico y Casmu están involucrados en pagos a empresas promotoras para afiliar trabajadores durante la apertura del corralito mutual.

Seis gerentes de las mutualistas Asociación Española, Gremca, Círculo Católico, Cudam, SMI y Casmu declararon ayer ante la jueza penal Julia Staricco y la fiscal Mónica Ferrero. Esta sede ya procesó a 11 personas, ente ellas a un supervisor del Círculo Católico, por afiliar a falsos trabajadores.

Al finalizar las indagatorias, fue remitido ayer a la cárcel un cuidacoches que era el testaferro de una empresa de promociones, cuyas iniciales son J.O. Este sujeto cobraba $ 100 por cada afiliación, según el auto de procesamiento de la jueza Staricco publicado en la página web del Poder Judicial.

Esta investigación se inició con una estafa realizada por un joven de 23 años a un banco. En un cajero automático realizó un giro para su novia y luego ingresó el sobre con menos dinero del declarado. El banco acreditó el dinero declarado y su novia lo cobró poco después. Horas más tarde, el banco damnificado detectó la maniobra e hizo la denuncia.

La investigación, realizada por el Departamento de Información Táctica, detectó que, además de estafar al banco, ese joven afiliaba a mutualistas a personas que vivían en asentamientos pagándoles $ 500 a $ 700 y luego cobraba $ 3.500 por cada afiliación.

El acusado concurría al Banco de Previsión Social (BPS) y registraba a los falsos trabajadores en empresas que nunca pagaban aportes y que, a los tres meses, eran cerradas. Entre 2011 y este año, el joven utilizó unas 80 empresas en maniobras fraudulentas. En su casa la Policía encontró 31.000 cédulas de identidad. Ese joven es uno de los 11 procesados por la Justicia Penal.

Además de los titulares de las falsas empresas, también estuvieron involucrados en las estafas al Fonasa promotores de empresas tercerizadas que trabajaban para las mutualistas —y que cobraban comisiones por cada usuario nuevo que recibían— y empleados de las propias instituciones de salud.

La otra investigación sobre afiliaciones truchas es dirigida por la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard.

Comenzó con una denuncia presentada por el Ministerio de Salud Pública a mediados de febrero. Esta denuncia señalaba que el dinero utilizado para pagar las empresas promotoras que realizaban afiliaciones podría provenir de las arcas de las mutualistas y que, por ende, mandos medios o gerenciales de esas instituciones estarían en conocimiento de la maniobra o serían partícipes.

El detonante de la denuncia fue una filmación recibida por jerarcas del MSP que mostraba a promotores afiliando a trabajadores mediante pagos incurriendo en un delito de intermediación lucrativa.

Es posible que en la próxima semana ambas investigaciones se unifiquen en un solo expediente. Si hay indicios de que existe una organización que realiza afiliaciones fraudulentas a las mutualistas, el caso será derivado al Juzgado Especializado en Crimen Organizado. También es muy probable que Mainard decline competencia por el hecho de que Staricco ya procesó a 11 personas por las estafas al Fonasa.

Medidas.

El miércoles 8, la jueza Staricco y la fiscal Ferrero procesaron a tres personas con prisión por reiterados delitos de intermediación lucrativa, entre ellos a un supervisor del Círculo Católico.

El auto de procesamiento de la jueza Staricco, publicado en la página web del Poder Judicial, señala que el indagado S.A., empleado de la mutualista Círculo Católico, resultó ser el "real dueño" de la empresa Promalar figurando como titular J.O, quien se ganaba la vida como cuidacoches.

"Más allá de su cargo de Supervisor en el Círculo Católico, el indagado a través de la empresa mencionada, cobró por la afiliación de los socios obtenidos por la empresa de marketing y promoción antes mencionada", relata Staricco.

"Para ello, contrató a cuatro empresas para que consiguieran afiliados y a su vez también contrató a la coindagada S.L. en forma independiente y no co-mo empresa", dice la jueza.

La operativa de captación de socios con pagos de dinero se repitió varias veces. Todos los procesados admitieron que era una práctica común para captar nuevos socios y que estaban en conocimiento de dicha operativa. Es decir, los acusados sabían que sus afiliaciones a mutualistas eran fraudulentas.

El Círculo Católico y la Española se desmarcaron de estas prácticas señalando que no tenían ninguna vinculación con los promotores procesados.

Minimizan alcance de la estafa.

El miércoles 1°, la directora del Banco de Previsión Social (BPS), María del Rosario Oiz, advirtió que tanto el BPS como la Junta Nacional de Salud (Junasa) hace años que denuncian maniobras con afiliaciones, que afectan el pago de prestaciones a mutualistas "Antes se hablaba de los gordos en el entorno del BPS (...) después se generaron actuaciones, denuncias penales, y se tomó la decisión de que las inscripciones se hicieran en la institución donde la persona quiere ser usuaria. Ya los gordos en el entorno del BPS no están, aunque alguno anda en la vuelta", dijo Oiz. Enseguida agregó: "En 2014 hicimos 14 denuncias penales", dijo y manifestó que se trata de "cuestiones que nosotros ponemos a disposición de la Justicia". De todos modos, aclaró que "no es masivo ni mucho menos" este tipo de maniobras. "Son casos puntuales. No hay que perder de vista que cuando una empresa se inscribe, genera derechos a sus trabajadores", e indicó que se evaluará la posibilidad de iniciar una investigación administrativa luego de conocer la sentencia. En la misma línea, los representantes de las mutualistas, Luis González Machado y Daniel Porcaro, minimizaron el jueves 9 el alcance de la estafa, advirtiendo que los datos preliminares muestran que no fueron 31.000 los usuarios registrados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) a través de empresas "fantasmas", sino tan solo 600. Las mutualistas no estarían dispuestas a aceptar el planteo del ministro de Salud Pública, Jorge Basso, de devolver el dinero cobrado por afiliaciones truchas.

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