Cuatro años de trabajo en una ley a la basura

La Inteligencia entre las sombras

En tiempos en los que se colocan artefactos que pretenden simular explosivos cerca de embajadas y el crimen organizado — fundamentalmente vinculado a la droga y el lavado de activos— gana terreno, las tareas de Inteligencia cobran un valor fundamental para las estrategias de seguridad pública. No obstante, para legisladores consultados por El País se trata de un área llena de sombras por la falta de control y leyes que delimiten claramente su accionar.

Si la actividad del sistema de vigilancia electrónica El Guardián ofrece garantías a los ciudadanos honestos, y si debe reflotarse la frustrada ley que creaba una comunidad nacional de Inteligencia en el Estado que daba las seguridades reclamadas, es uno de los temas de la agenda política de hoy. Uruguay ingresa como miembro no permanente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se expone a nuevos riesgos. Días atrás debió apoyar la alianza de países que combate al Estado Islámico. Mientras, cuatro años de análisis en el Parlamento sobre una ley general de Inteligencia estatal, en torno a la cual había consenso en las fuerzas políticas, quedaron por el camino. Del proyecto, que asegura para los partidos las garantías pedidas, nada se sabe desde el inicio de esta administración.

Atomización

. Hoy existe una gran diversidad de oficinas con tareas de inteligencia o similares diseminadas por el Estado. Por ejemplo, en la ley de Presupuesto anterior se creó el cargo de Coordinador de Inteligencia en la Presidencia. Su jerarca fue el exjefe de la Fuerza Aérea general José Bonilla. Pero en marzo de este año el militar se alejó del cargo y hoy está acéfalo.

En ley de Presupuesto que está hoy en discusión en el Parlamento se crea el cargo de Director de Inteligencia Estratégica del ministerio de Defensa Nacional. Según explicó el miércoles 4 en el Parlamento el jefe de Recursos Humanos del ministerio, Ángel Sánchez, "la reglamentación dotará de funciones y competencias al nuevo organismo, de acuerdo a los lineamientos directos del ministro de Defensa y a las necesidades actuales en materia de búsqueda, análisis e información de nivel internacional y a nuestra política de defensa nacional".

A su vez, el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, explicó en el mismo ámbito que la dirección "debe ir en línea con las transformaciones que el propio Parlamento ha estado estudiando en el anterior período".

A esa nueva dirección se le transfiere la mitad del presupuesto que hoy maneja la Dinacie (Dirección Nacional de Inteligencia del Estado), que desaparece. La parte administrativa de la Dinacie pasa al Estado Mayor de la Defensa (Esmade). Además, sigue habiendo organismos de inteligencia en las tres Fuerzas Armadas, en la Prefectura Naval, en la Policía, en la Cancillería, en la Dirección de Aduanas, en el Banco Central, entre otros organismos.

Vigilante

 El Guardián se puso en funcionamiento el mes pasado. Es una moderna plataforma informática que amplía sensiblemente las capacidades de la Policía para realizar escuchas y vigilar toda actividad en internet. El sistema permite que al mismo tiempo 30 personas accedan a la vigilancia en tiempo real del tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos. También habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mails y el monitoreo de hasta tres redes sociales. Desde la academia se piensa que el funcionamiento de El Guardián no ofrece demasiadas garantías y que habría que acotarlo con una ley sobre la actividad de Inteligencia. "Aquel proyecto elaborado por todos los partidos daba las garantías que hoy le faltan a la actividad de Inteligencia y al nuevo sistema del ministerio del Interior", dijo a El País el politólogo Nicolás Alvarez, formado en la UdelaR.

"Hoy no hay mecanismos institucionales confiables que garanticen que la Inteligencia no se use para otros fines, ajenos a los que la ley permite. La ley daba contralor parlamentario", destacó. Además, dijo que las agencias de Inteligencia en el Estado "no tienen contralor externo".

Según Álvarez, en América Latina "ha habido un giro importante hacia la centralización de la actividad de Inteligencia. En Uruguay hace 30 años que el tema está pendiente, desde que finalizó la dictadura", sostuvo.

Pero uno de los asuntos centrales es, para Álvarez, que hay "desinterés político" por formar un sistema de Inteligencia que deje al ciudadano común "a salvo" de sistemas como El Guardián.

El ministro Eduardo Bonomi ha dicho que El Guardián solo puede utilizarse con autorización judicial. No obstante, fuentes judiciales dijeron a El País que la orden judicial forma parte de un protocolo, pero desde el punto de vista del sistema no es una condición indispensable para que funcione. Además, las auditorías sobre el sistema no están claras.

Para el senador Javier García, la orden judicial "no garantiza que fuera de la ley no se haga espionaje" con personas comunes. García dijo que "no hay garantías para el ciudadano común. Es claro que se requiere tecnología para combatir al crimen organizado. Pero como hay aumento de los recursos tecnológicos, tiene que haber una garantía de que esa tecnología no sea usada contra personas de bien, y que no se espíe a políticos, a los sindicatos o a los empresarios". El senador sostuvo que "tiene que haber un marco regulatorio específico sobre escuchas telefónicas u otros mecanismos, algo que de garantías al ciudadano. En la frustrada iniciativa sobre la comunidad de inteligencia eso estaba especialmente resguardado", recordó.

La comisión a que alude García funcionó entre 2010 y 2014 integrada por senadores y diputados de todos los partidos. Tras casi cuatro años de trabajo se había alcanzado un consenso entre los partidos para la elaboración de un anteproyecto de ley.

Sin embargo, no toda la oposición piensa que son necesarios mayores controles sobre El Guardián. El exmiembro de la comisión bicameral que trabajó en el proyecto, el diputado Iván Posada, del Partido Independiente, estima que "hoy existe la garantía del control parlamentario al ministerio del Interior a través de las comisiones de Seguridad y Convivencia de ambas cámaras".

Según el legislador, "es suficiente garantía para controlar el funcionamiento de la nueva tecnología" desarrollada en el Guardián. Posada coloca en primer lugar, sin embargo, el debate sobre la inteligencia del Estado. "Es un tema de debate abierto que no vamos a poder soslayarlo en la medida en que vamos a integrar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", dijo a El País.

"Para retomar el tema, lo ideal es que el Frente vuelva a instalar una comisión bilateral. Aquel anteproyecto daba muchas garantías a los ciudadanos, incluso con la nueva presencia de El Guardián", indicó a El País el diputado blanco Gustavo Penadés, que también formó parte de aquella comisión bicameral. "Tiene que haber voluntad política de trabajar en un tema que es de los más importantes a atender. Uruguay está al menos 30 años atrasado en relación al resto de los países de la región en materia de Inteligencia. En el Uruguay se confunden los asuntos de Inteligencia con el espionaje. La Inteligencia es proyectar posibles hipótesis de diversa índole, desde los escenarios ambientales al terrorismo", explicó.

Guardián, galileo, el dinero y el secreto

El gobierno compró El Guardián en secreto pero El País reveló la adquisición. El ministro Bonomi sostiene que todo debe ser reservado para no darle ventaja al crimen organizado. En Brasil, donde se creó El Guardián, cada vez que la Policía de un estado lo adquiere hace presentaciones públicas. Luego de adquirir El Guardián, los ministerios de Interior y Defensa tuvieron reuniones con una empresa que les ofreció el sistema de espionaje "Galileo", más invasivo que El Guardián y prohibido en muchos países. El Ministerio del Interior estaba interesado pero no tenía dinero. Ahora tiene un presupuesto nuevo y los planes siguen siendo secretos.

En 2014, el anteproyecto consensuado entre el oficialismo y la oposición quedó pronto. Se disponía la creación del Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), para concentrar y regir el funcionamiento de los organismos de inteligencia que actualmente hay en cuatro ministerios (Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y Economía), todos los cuales conformarían la comunidad de inteligencia. Uno de los aspectos más resaltables de la iniciativa, de contenido negociado durante cuatro años a partir de un proyecto de ley original del exdiputado colorado José Amy, de Vamos Uruguay, era que el sistema tendría control parlamentario a través de una comisión permanente de la Asamblea General cuyos integrantes -incluso los exmiembros- podrían hasta ser separados de su banca o sometidos a la justicia en caso de divulgar información reservada. Serían acusados de estar cometiendo “conductas que lo hacen indigno de la representación que inviste”, en el marco de lo que establece el artículo 115 de la Constitución.

El nuevo organismo coordinaría las actividades de inteligencia, contrainteligencia, inteligencia estratégica de Estado, inteligencia militar, policial, manejo de fuentes (abiertas o cerradas), entre otros tópicos.

Otro de los artículos establecía la creación de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE), y uno de sus cometidos específicos sería el de aplicar medidas de inteligencia y contrainteligencia con el fin de detectar y enfrentar acciones de grupos terroristas nacionales o internacionales, de organizaciones criminales transnacionales así como otras amenazas al Estado.

El Director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado sería designado por el Presidente de la República, previa venia de la Asamblea

General por mayoría especial de tres quintos de votos del total de sus componentes.

El Director podría ocupar el cargo por un plazo máximo de seis años consecutivos y no podría ser designado nuevamente antes de tres años, contados desde el término de sus funciones, sin perjuicio de que cesará en sus funciones cuando esté designado quien haya de sucederle.

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