Pese a las restricciones fiscales, el gobierno quiere revertir la imagen de que busca el “achique” -que contribuyó a crear- y anunció que destinará hasta 2019 recursos importantes para superar las carencias sociales y de infraestructura que conspiran contra un mayor crecimiento económico.

La inversión pública en Uruguay ha tenido históricamente importancia para dinamizar la economía y el gobierno quiere utilizarla nuevamente con ese objetivo. 

Las administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) tienen entre US$ 3.500 y US$ 4.000 millones que podrían destinar a proyectos de infraestructura bajo la modalidad "público-privada", aunque deberán ofrecer un nivel de rentabilidad superior al de los bonos estatales y demandan al menos un par de años de maduración. Economistas consultados por El País consideran "ambicioso" el proyecto lanzado por el gobierno, aunque también hay voces escépticas.

El economista Alfonso Capurro, de la consultora CPA Ferrere, considera que el gran tema a dilucidar ahora es cuál será la fuente de financiamiento del ambicioso plan de inversiones que el gobierno lanzó ayer por un total de US$ 12.370 millones de forma de afectar menos la caja del Estado. "Al menos en términos teóricos la inversión pública en Uruguay sigue siendo relevante. La inversión privada está cayendo", dijo. Por ese motivo, considera que las inversiones en infraestructura podrían mitigar en algo la desaceleración económica. Advirtió, sin embargo, que las inversiones mediante la modalidad público-privada (PPP) no van a ser voluminosas al menos en el corto plazo.

El esquema PPP supone que el actor privado construye (o repara) y se encarga del mantenimiento por cierta cantidad de años de la carretera o vía férrea de que se trate. A cambio recibe un pago del gobierno (que en el caso de una carretera puede determinarse en función de la cantidad de vehículos que circulen). El privado corre con los riesgos y el gobierno no afecta con más erogaciones el resultado fiscal, sino que contrae deuda a futuro. Los privados se financian a través de créditos o emisiones de deuda.

El gobierno quiere financiar con esta modalidad US$ 740 millones de reparaciones en la red vial, US$ 90 millones del tramo de vía férrea entre Algorta y Fray Bentos (en Río Negro), y US$ 460 millones de obras de transmisión de UTE. US$ 120 millones se destinaron mediante esta modalidad a la cárcel de Punta de Rieles. La reparación de dos tramos de las rutas 21 y 24 también se financiará con este sistema.

Si no puede ver la gráfica haga click aquí 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas elaboró seis paquetes para realizar mejoras en 1.300 kilómetros de rutas y construir 160 kilómetros nuevos mediante la modalidad PPP. Se calcula que esa inversión específica rondará los US$ 650 millones.

El gobierno tiene buen acceso a organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. Y cabe suponer que aprovechará que las tasas de interés internacionales todavía están bajas para hacerse de financiamiento barato. La suba de tasas, cuando ocurra, será moderada y más bien lenta, considera Capurro. El gobierno también apuesta a acceder al Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) que fue recientemente renovado y con el que se financió la interconexión de extra alta tensión eléctrica con Brasil.

En la parte de las inversiones que contarán con financiamiento privado será clave el rol de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). Estas disponen de alrededor de US$ 10.000 millones para invertir, de los cuales pueden destinar hasta el 50% a títulos emitidos por privados. De esos US$ 5.000 millones unos US$ 1.500 millones ya fueron destinados a fideicomisos y acciones locales por lo que para infraestructura podrían quedar unos US$ 3.500 millones, detalló a El País el gerente de inversiones de AFAP Sura, Juan Montero.

El ejecutivo explicó que las opciones de inversión que se les presenten a las administradoras deberán tener una rentabilidad anual superior a la de los bonos del Estado nominados en Unidades Indexadas (UI) que hoy ronda el 5% anual. Esos títulos tienen un riesgo cero en tanto los PPP tendrán uno algo mayor por lo que deberán ofrecer una rentabilidad más interesante.

Además, las administradoras buscan diversificar sus riesgos, por lo que no se debe esperar que esos US$ 3.500 millones potenciales vayan todos a proyectos de infraestructura, dijo Montero. Uruguay todavía no ha utilizado a estos inversores en forma significativa como sí lo hacen Colombia, Perú y Chile.

Para Montero es positivo que ahora el gobierno haya definido un "plan maestro" de obras porque la carencia de definiciones era lo que hasta ahora había inhibido a las AFAP de invertir. Montero considera que entre las convocatorias a licitación y el comienzo de las obras financiadas con el sistema PPP pasarán en promedio dos años.

La Administración Nacional de Puertos (ANP) definirá esta semana su presupuesto con obras por US$ 550 millones. A la construcción de un puerto pesquero en Capurro irán entre US$ 70 y US$ 90 millones y para una nueva draga US$ 61 millones. Fondos importantes irán también a la ampliación del muelle C de Montevideo y a la construcción de nuevos accesos a la terminal portuaria.

En Colonia se terminarán las mangas de la terminal de pasajeros, dijo a El País el presidente de ANP, Alberto Díaz.

VEA LA GRÁFICAJUAN PABLO CORREA