ANCAP

Fiscal pidió investigar tarjetas corporativas

El fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, solicitó a la jueza especializada, Beatriz Larrieu, nuevas pruebas sobre las tarjetas corporativas utilizadas por los directores de Ancap, entre ellos Raúl Sendic; la construcción del remolcador Ky Chororó y los negocios con Trafigura, entre otros temas.

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Siguen apareciendo irregularidades vinculada a contratación directa de empresas. Foto: F. Ponzetto

"Las medidas probatorias solicitadas por el fiscal Pacheco tratan sobre todos los temas de investigación, entre ellos las tarjetas corporativas", dijo a El País una fuente del caso.

El lunes 17, la jueza Larrieu señaló en un escrito que, dada la naturaleza de las medidas pedidas por el Ministerio Público y con el propósito de evitar la desaparición o frustración de pruebas de supuestos ilícitos, se formará una pieza presumarial reservada.

Larrieu expresó que dicha pieza reservada será desglosada de las actuaciones documentadas en fojas 1.556 a 1.557 del expediente donde se investiga la gestión de Ancap durante el gobierno del Frente Amplio.

Las denuncias penales efectuadas el 19 de abril de 2016 por los partidos políticos de oposición coinciden en algunos temas. Por ejemplo, legisladores del Partido Nacional presentaron seis denuncias sobre los contratos de publicidad, la construcción de la planta de cemento de Treinta y Tres, el contrato para construir el remolcador empujador Ky Chororó, el acuerdo por la cancelación de la deuda con Venezuela, la triangulación entre Ancap, Petroecuador y la empresa holandesa Trafigura, y la intermediación de la empresa Exor en los negocios con Venezuela.

Por su parte, parlamentarios colorados presentaron acusaciones ante Crimen Organizado que coinciden con las cuatro primeras del Partido Nacional. El Partido Independiente también llevó al Juzgado seis denuncias: cinco en común con blancos y cuatro con los colorados (las cuatro primeras en ambos casos).

A diferencia de los blancos, el Partido Independiente denunció como infracción aduanera la regulación tardía de importación de crudo y gas. Unidad Popular (UP) presentó cinco denuncias y pide que se investigue en el capítulo de ALUR, la construcción de la planta de bioetanol de Paysandú.

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