Sostienen que el Frente Amplio demora los proyectos.

El Partido Nacional se quejó ayer ante el oficialismo porque entiende que los acuerdos a los que se llega en las reuniones sobre seguridad en la Torre Ejecutiva no se están plasmando todavía en votaciones parlamentarias. En la reunión de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, el senador blanco Javier García manifestó su molestia porque el Frente Amplio haya pedido que se analice primero la ley orgánica del Ministerio Público y no el proyecto sobre limitación de libertades anticipadas, sobre el que ya se había llegado a un acuerdo en el ámbito multipartidario. García dijo a El País que se trataba de la primera iniciativa que iba a tener un impacto real sobre la seguridad, y que lo ocurrido refleja las divisiones del oficialismo sobre el punto. El planteo blanco le fue hecho también al presidente Tabaré Vázquez ayer en una nueva reunión del ámbito multipartidario sobre seguridad pública.

La semana próxima en este ámbito se comenzarán a analizar dos propuestas sobre minoridad infractora: una blanca y otra oficialista que se basa en una iniciativa del Ministerio del Interior presentada en 2013.

Los blancos presentaron un proyecto de "Ley de Responsabilidad e Inclusión de Adolescentes Infractores y de protección a niños y adolescentes ante el abuso sexual". Propone que se cree un registro de violadores que se pueda consultar, que los menores que cometan delitos graves puedan reducir sus penas por estudio o trabajo (hoy no tienen ese beneficio), y que se suban las máximas y mínimas. Los blancos quieren que todas las instituciones educativas deban exigir un certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores de Menores, que emitirá sin costo el Ministerio del Interior. Los nacionalistas proponen que una vez decretado el sometimiento a un proceso de un menor, el juez actuante competente deba dar cuenta a su colega penal para que indague la conducta de quienes sean responsables del joven para determinar si no cumplieron con los deberes inherentes a la patria potestad.

Antes de la reunión con los partidos políticos, Vázquez recibió al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, con quien anunció un acuerdo para destinar $ 474 millones (US$ 15 millones) para la instrumentación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP).

Este año el gobierno destinará $ 20 millones (US$ 645.000) para la capacitación de magistrados y funcionarios, nuevos edificios y la reconversión digital del Poder Judicial. El acuerdo incluye una asignación de $ 166 millones (US$ 5,3 millones) en 2017 y de $ 288 millones (US$ 9,2 millones) en 2018.

El nuevo CPP comenzará a funcionar el 16 de julio de 2017.

"El nuevo código estaba planificado para ser aprobado en 2019. Cuando invitamos a los partidos políticos a establecer encuentros de diálogo para buscar soluciones a los problemas que implica la seguridad ciudadana y convivencia pacífica, uno de los temas que acordamos fue hacer un gran esfuerzo para lograr que se adelantara la implementación. Lograrlo fue un acuerdo unánime de los partidos políticos, gobierno y Poder Judicial", remarcó el presidente.

Vázquez anunció que el nuevo código implica mejoras sustanciales, porque contempla "mucho más en profundidad los derechos, tanto de quien está imputado con un delito como de la víctima".

Además, sostuvo que coloca al país en concordancia con los planteos de organismos internacionales sobre la necesidad de actualizar el Código del Proceso Penal y reduce los plazos para emitir sentencias sobre delitos graves, "para no estar en el rubro de países en deuda con la comunidad internacional y con nuestra sociedad".

Anunció también que para la implementación del nuevo Código Aduanero se destinarán $ 53 millones (US$ 1,7 millones), de los cuales $ 22 millones estarán disponibles en 2017, mientras que para 2018 quedarán los restantes $ 31 millones.

Por su parte, Pérez Manrique explicó que el nuevo código "tiene como finalidad mejorar el nivel de respeto y garantía de los derechos de todas las personas implicadas, en primer nivel de las víctimas que tendrán un rol en el proceso hasta el punto de que pueden manifestar su discrepancias con actitudes de fiscales".

En segundo lugar, sostuvo que reducirá radicalmente la cantidad de personas presas sin condena. "La mayoría de las personas que estén privadas de libertad estarán ya con sentencia de condena. Lo que implica que muchas personas tienen derecho a esperar la condena en libertad", destacó.

Detalló que la infraestructura existente en Montevideo "solventará el nuevo código" y que en Maldonado se trabaja en la primera etapa de terminación del Centro de Justicia.

LAS NEGOCIACIONES POR LA SEGURIDAD PÚBLICA