DICTADURA MILITAR

Autoridades recibieron amenazas por procesamientos a militares

Un grupo autodenominado "Comando Barneix" amenazó con asesinar a tres personas, de una lista de 13 jerarcas, magistrados y activistas, si continúan las actuaciones judiciales.

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Comisión: el ministro Menéndez informará sobre el espionaje. Foto: F. Flores

13 personas entre las que se encuentran jerarcas del gobierno, abogados, magistrados y activistas en defensa de los derechos humanos recibieron amenazas de muerte por correo electrónico de un grupo denominado "Comando Barneix", informó este viernes el semanario Brecha.

El mensaje dice que “el suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista", en la que figuran el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, la ex fiscal Mirtha Guianze, la profesora y ex vicecanciller Belela Herrera, los abogados Óscar López Goldaracena, Pablo Chargoñía, Juan Errandonea, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez  y Hebe Martínez Burlé, el jurista francés Louis Joinet, el activista brasileño Jair Kirshke y la investigadora italiana Francesca Lessa.

El mensaje fue enviado a través de Tor, una plataforma que protege al emisor de la vigilancia a través de internet, por lo que es muy difícil conocer el origen de los correos.

El caso está a cargo de la fiscal Mónica ferrero y la jueza Julia Staricco, quien el pasado miércoles tomó declaraciones a Ménendez en el ministerio. Se espera que hoy declaren en el juzgado otros amenazados.

Los amenazados

El grupo toma su nombre del general Pedro Barneix fue, junto al general Carlos Díaz, integrante de una comisión interna del Ejército a la que el presidente Tabaré Vázquez durante su primer mandato (2005-2010) le encomendó investigar sobre el destino de los detenidos desaparecidos en la dictadura.

En septiembre de 2015, fue procesado por la jueza Beatriz Larrieu por el delito de homicidio político de Aldo Perrini, ocurrido en 1974, durante la dictadura cívico-militar. El abogado de la causa era López Goldaracena, quien también patrocinó la causa de los familiares de detenidos desaparecidos contra Gregorio Álvarez.

Cuando un policía llegó al lugar para conducirlo a la cárcel, Barneix, que estaba en compañía de su esposa, dijo que se cambiaría las chancletas por unos zapatos. Fue a su dormitorio y se pegó un tiro en la cabeza.

Guianze, actual directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, fue la fiscal que presentó un recurso contra la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado por el homicidio de Nibia Sabalsagaray. El abogado de la causa era Errandoena.

Chargoñía es abogado del Observatorio Luz Ibarburu, en el que trabaja junto a Krischke en el seguimiento de causas penales vinculadas a los delitos cometidos en la dictadura.

La italiana Lessa, investigadora de la Universidad de Oxford que también ha llevado a cabo trabajos a través del Observatorio Luz Ibarburu, es autora del libro "¿Justicia o impunidad? Cuentas pendientes del Uruguay post-dictadura", editado por Debate.

Álvarez Petraglia, ex juez, patrocinó como abogado las denuncias de 28 mujeres, quienes aseguraron haber sido objeto de abusos en 1972 en el batallón Florida, lo que motivó el procesamiento de Héctor Amodio Pérez en 2015. Por el caso tuvieron que declarar los militares retirados Jorge Silveira, José Nino Gavazzo y Gilberto Vázquez.

Joinet ha denunciado en su país los delitos cometidos por militares durante la dictadura y participado de disertaciones en defensa de los derechos humanos en Uruguay.

Herrera, como funcionaria del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ayudó a cientos de extranjeros que escapaban de la dictadura chilena de Augusto Pinochet e integró la Comisión Nacional Pro Referéndum, para revocar la Ley de Caducidad.

Martínez Burlé fue la abogada que presentó la denuncia por la que luego fue encarcelado Juan María Bordaberry.

Fagúndez representó a Jorge Zabalza en en una denuncia presentada en 2012 contra decenas de militares retirados y en actividad por las torturas físicas y psicológicas a las que fue sometido en 15 centros de detención desde 1972 hasta 1985.

Desde hace varios meses se están investigando los archivos de inteligencia del FUSNA y se instaló una comisión parlamentaria para investigar el espionaje militar en democracia, con Menéndez y Díaz al frente de la cartera de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, respectivamente.

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