La senadora Verónica Alonso y el diputado Pablo Iturralde se reunirán hoy con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, con el propósito de hacerle conocer iniciativas legislativas vinculadas a su cartera que presentarán próximamente.

Alonso anunció que presentará una batería de proyectos de ley en los cuales se establece la obligación de trabajar a las personas privadas de libertad recluidas en los centros penitenciarios de todo el país. Actualmente solo los reclusos condenados realizan jornadas laborales, según el artículo 41 del decreto-ley 14.470 del 2 de diciembre de 1975.

Las iniciativas legislativas de Alonso contienen además una serie de beneficios fiscales a empresas que opten por sumarse al proyecto laboral para los reclusos.

Actualmente, la población carcelaria en Uruguay supera las 11.150 personas y viene creciendo exponencialmente desde el retorno a la democracia. En el año 1985, había unos 1.890 reclusos. En 2000, 4.364; en 2010, unas 8.755 personas.

Según Alonso, varios países tienen dispuesta la obligación de trabajar a las personas privadas de libertad. Ocurre en Brasil, México, República Dominicana, Guatemala, EE.UU. Finlandia, Japón entre otros. En Argentina, la ley 24.660 establece en el art. 106 de su cuerpo que: "El trabajo constituye un derecho y un deber del interno".

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