No hay posibilidad de que el Estado financie con recursos propios la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Sin embargo, las AFAP están dispuestas a invertir hasta US$ 4.000 millones en proyectos de Participación Público Privada (PPP) si hay propuestas atractivas y de bajo riesgo.

La ley de las PPP está disponible desde mediados de 2011, pero solo la cárcel Punta de Rieles y la refacción de tramos de las rutas 21 y 24 son proyectos que están próximos a concretarse. Durante el gobierno del presidente José Mujica, las PPP no llegaron a ser ese "motor" que activaría las obras de infraestructura necesarias.

Los plazos para la aprobación de los proyectos son largos e intervienen varios organismos: el ministerio interesado en promover la obra, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Para agilizar la aprobación de las propuestas, el Poder Ejecutivo prevé ajustar el decreto reglamentario de la ley de PPP.

Mientras el gobierno del presidente Tabaré Vázquez hace los deberes, las AFAP se muestran dispuestas a invertir siempre que existan proyectos "atractivos", "rentables" y "poco riesgosos".

El ahorro de los trabajadores en el sistema asciende a US$ 11.000 millones, y la ley permite que el 50% pueda ser invertido en el sector productivo, no directamente sino a través de diversos instrumentos financieros como acciones, obligaciones negociables o fideicomisos. Un 12% de los fondos ya están invertidos en actividades productivas y por eso quedan libres entre US$ 3.500 y US$ 4.000 millones para destinar a proyectos de infraestructura, dijo a El País la gerente general de Unión Capital, María Dolores Benavente.

En breve se presentará a oferta pública el proyecto de la cárcel de Punta de Rieles y las AFAP podrán participar, ya que en su mayoría tienen interés en esta iniciativa. El presidente de República AFAP, Luis Costa, dijo a El País que "están dadas las condiciones" como para participar de este proyecto.

Mientras tanto, el Ministerio de Transporte prepara otros "seis paquetes" para licitar la rehabilitación de 1.300 kilómetros de rutas bajo el régimen de asociaciones de PPP, lo cual demandará una inversión de unos US$ 650 millones.

"Tenemos mucho interés de participar en proyectos de PPP. Ya tenemos en vista la siguiente oferta sobre las rutas 21 y 24 y esperemos que sigan muchas más, porque es una opción muy interesante para los fondos de ahorro previsional", comentó Costa.

Para Benavente, el sistema de participación público privado "es un arma poderosísima", porque el gobierno puede hacer las cosas que necesita sin tener que desembolsar el dinero. "A nosotros nos interesa invertir, pero siempre que el producto sea bueno en términos de rentabilidad y riesgo", acotó.

El gerente de inversiones de SURA, Juan Montero, explicó a El País que como "fiduciarios de la plata de los trabajadores", las AFAP tienen que cuidar los intereses de sus clientes; pero están dispuestas a invertir si se dan las garantías necesarias.

Según Montero, la "limitante" que tuvieron que enfrentar las AFAP para invertir estuvo ligada a que el gobierno anterior "no generó una lista de proyectos de infraestructura que hayan salido a oferta pública". Montero dijo que la ley "es buena, pero como todo se puede mejorar".

Pese al debate que existe en torno a la ley de Participación Público Privada (PPP), los analistas coinciden en que no son necesarias modificaciones. El socio director de Ferrere Abogados, Andrés Cerisola, dijo a El País que "la ley no necesita ser modificada, pero hay que cambiar la forma en que se ejecuta, tal vez hay un proceso de excesivos controles". A su juicio, en el gobierno del presidente José Mujica "no había suficiente impulso y liderazgo para que los proyectos avanzaran". Además, dijo que parte del problema era que los diferentes organismos "no se hablaban entre sí".

El abogado Diego Gamarra, del estudio Posadas, Posadas & Vecino, señaló a El País que "la ley es perfectible, pero es adecuada". Para Gamarra, el problema central fue el "exceso de burocracia".

Poder Ejecutivo prevé cambios en reglamentación para agilizar el procesoVALERIA GIL