La medida es para los casos de delitos graves, como violación y rapiña.

El Poder Ejecutivo y la oposición acordaron ayer votar un proyecto de ley para prohibir las libertades anticipadas para los reincidentes que cometan una serie de delitos graves: narcotráfico, homicidio, lesiones graves y gravísimas, rapiñas, copamientos, secuestros, violaciones y hurtos especialmente agravados. También ajustaron los últimos detalles para que en 2017 comience a aplicarse el nuevo Código del Proceso Penal. Una primera etapa regirá en febrero del año próximo y la oralidad en los juicios en julio. Todo esto quedó acordado en la tercera reunión de los partidos políticos con representación parlamentaria mantuvieron ayer con el presidente Tabaré Vázquez en la Torre Ejecutiva.

Sin embargo, el Partido Nacional, a través del senador Javier García, dejó entrever molestia porque el presidente Vázquez no respondió ayer a las propuestas blancas que tienen que ver con cambios en el Código Penal y en el de la Niñez y la Adolescencia. García señaló que la falta de respuesta "es un dato político que tenemos en cuenta" y que su colectividad había asumido que el mandatario iría a las reuniones teniendo claro el posicionamiento sobre los asuntos de la bancada oficialista. Los dichos de García eran escuchados en la sala de prensa de la Presidencia por el prosecretario, Juan Andrés Roballo, que negaba con la cabeza, evidentemente molesto.

Luego García dijo a El País que el Partido Nacional considera que "se sigue sin entrar al área chica" y que el acuerdo respecto a las libertades anticipadas se cerró ayer a instancias de los blancos que plantearon que no entendían por qué no terminaba de concretarse si había un entendimiento interpartidario en las grandes líneas. "No hemos entrado a lo sensible y polémico", sostuvo García.

El Partido Nacional quiere cambiar el tratamiento penal de los delitos graves (como violación, rapiña y homicidio) cometidos por menores. También pretende que los delitos vinculados al narcotráfico sean inexcarcelables. García dejó la advertencia de que "este ámbito no es un fin en sí mismo, no se puede perder tiempo". Que Vázquez no se posicione sobre las pretensiones de los blancos "cambia la dinámica", sostuvo. Su correligionario, el senador Guillermo Besozzi, señaló que "hay que ponerle celeridad a los temas" como forma de no "desgastar" al ámbito multipartidario que está trabajando.

Roballo luego le respondió indirectamente a García y señaló que en caso de que el Ejecutivo contestase por escrito las propuestas de los partidos, "perdemos la riqueza del intercambio, se cristalizan las posiciones, entramos en un esquema de prejuzgamiento y estaríamos haciendo algo que no es un diálogo constructivo". Y aseguró que no habrá temas excluidos del debate interpartidario sobre seguridad. Como muestra de flexibilidad del gobierno, mencionó que el Ejecutivo aceptó que el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público vaya directamente al Parlamento como pretendía la oposición y que se avino a ampliar la lista de delitos graves que si son cometidos por un reincidente le quitarán a este la posibilidad de la libertad anticipada. El Ejecutivo considera un logro que a un mes de funcionar el ámbito multipartidario sobre temas de seguridad pública, se hayan acordado tres proyectos de ley (el Código del Proceso Penal, límites a las libertades anticipadas y los procesos abreviados).

Vázquez debe manejar co-mo insumo para tomar posiciones el pronunciamiento genérico de la bancada oficialista en contra del endurecimiento de las penas que fue ratificado el lunes.

Unidad Popular, por medio del diputado Eduardo Rubio, planteó ayer que no acompañará el cambio del Código del Proceso Penal y que considera que deben atacarse las razones estructurales del delito. Ni los representantes de Unidad Popular ni los del Partido Independiente comparecieron en la sala de prensa de Presidencia, aparentemente como consecuencia de un malentendido.

Un tema próximo para la agenda de los partidos será la revisión de las salidas transitorias

Marcando un matiz frente al Partido Nacional, el Partido Independiente evalúa positivamente la marcha del diálogo interpartidario porque "el Poder Ejecutivo ha mostrado una actitud flexible", señaló a El País el diputado Iván Posada, que destacó la actitud del gobierno de aceptar que se adelantara la vigencia del Código del Proceso Penal a 2017 (algo que estaba previsto originalmente para 2019).

El senador Pablo Mieres opinó que "estamos negociando y es lento pero vamos caminando bien y no se puede definir si estamos avanzando en función de decir sí o no a propuestas". "Eso no sería dialogar", consideró. Los independientes entienden que eliminar las libertades anticipadas para quienes cometen los delitos graves es algo que apunta el efectivo cumplimiento de las penas y que debe implementarse antes de pensar en endurecimientos adicionales de los castigos, explicó Posada.

El Partido Colorado, por su parte, planteó ayer que se asigne a los militares a la custodia de la frontera seca y de las representaciones diplomáticas como forma de liberar policías para que se vuelquen a las tareas vinculadas a la seguridad pública. También quiere que se actualice el instituto de la "legítima defensa", que los presos obligatoriamente tengan que trabajar y que se cree un instituto descentralizado para manejar el sistema carcelario, independiente del Ministerio del Interior.

El diputado colorado Germán Cardoso marcó el punto de que "estamos terminando la agenda del Poder Ejecutivo" y de que pretende que se aborden las iniciativas de la oposición en materia de seguridad pública.

Los colorados presentaron un memorándum en el que plantean además que la "suspensión condicional" de los procesos se pueda aplicar solamente para los delitos que no superan los 24 meses de prisión. Además quieren que "el principio de oportunidad" (que es la prerrogativa que tienen los fiscales de no perseguir determinados delitos) se aplique solamente para aquellos que tienen una pena mínima de 2 años de cárcel y no a los que tienen 4 de mínima.

Los colorados también plantean que las mediaciones extrajudiciales se realicen en el Poder Judicial y no en el Ministerio del Interior y excluir de los denominados "acuerdos reparatorios" a las lesiones graves. Sugieren que quienes reciban una pena alternativa tengan que llevar obligatoriamente un dispositivo de monitoreo electrónico y que no se beneficien de salidas transitorias los reincidentes. Quienes accedan a salidas transitorias, además, deberían llevar dispositivos de monitoreo electrónico, proponen los colorados que quieren asimismo que se estire el período de vigilancia de quienes estén en libertad condicional. Los colorados plantean agre-gar la "tentativa" a la lista de delitos graves que hacen perder el derecho a la libertad anticipa-da a los reincidentes que los cometan.

Por el Partido de la Concertación estuvo Edgardo Novick que valoró que Uruguay es "ejemplo mundial" por abordar en una deliberación interpartidaria los asuntos de seguridad que "no son un tema de derecha e izquierda".

"Eso es lo que quiere la gente", apuntó. Fue más allá y dijo que "estamos de acuerdo en un 90% de los temas". Novick estuvo nuevamente acompañado por el abogado Jorge Barrera (ex legislador colorado) y por Guillermo Stirling (ex ministro del Interior, también colorado).

1. El Partido Nacional, el Partido Colorado, y el Partido Independiente tuvieron éxito en sumar más delitos graves a la lista de aquellos que si son cometidos por un reincidente le quitarán el derecho a la libertad condicional. A instancias de la oposición se incorporaron las lesiones graves y gravísimas y el narcotráfico. Este hecho es destacado por el gobierno como una señal de flexibilidad.

2. El jueves próximo habrá una nueva reunión técnica y probablemente en la próxima semana el presidente Tabaré Vázquez volverá a recibir en el piso once de la Torre Ejecutiva a los representantes de todos los partidos con representación parlamentaria. A diferencia de lo ocurrido la semana pasada, cuando se anunció un acuerdo sobre el Código del Proceso Penal, Vázquez no compareció ayer ante la prensa.

3. Los nacionalistas enfatizan en endurecer los castigos al narcotráfico. Por ejemplo, el senador Jorge Larrañaga propone que se considere un agravante la utilización de un hogar como "boca" de venta de droga. También quiere introducir cambios al instituto de la legítima defensa en el ámbito rural y modificar el tratamiento de los delitos cometidos por menores.

4. El Partido Colorado, a diferencia del Nacional, sigue machacando con la idea de que debe dejar su cargo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. El sector nacionalista Todos, de Luis Lacalle Pou, que pedía su alejamiento, parece haber aceptado que el presidente Tabaré Vázquez no lo removerá. El mandatario lo dejó claro cuando comenzó a funcionar el ámbito multipartidario sobre seguridad.

Cuando el presidente Tabaré Vázquez intercambiaba con la bancada del Frente Amplio su visión sobre el endurecimiento de penas el pasado lunes en la residencia de Suárez, el diputado Darío Pérez (Liga Federal) hizo una intervención que generó polémica en la coalición de izquierda y motivó la respuesta de su colega socialista Gonzalo Civila.

Todo comenzó con la oratoria del vicepresidente Raúl Sendic, quien habló de la importancia de las mayorías parlamentarias. "Si tenemos las mayorías hay que usarlas", argumentó. Esto fue rebatido por el diputado Pérez, que dijo que con la ley de marihuana el Frente Amplio "atropelló tres cuartas partes de la opinión pública, porque la mayoría de la gente no la quería".

El diputado dijo que "la gente" estaba reclamando medidas para mejorar la seguridad y la Policía necesitaba herramientas para poder dar respuestas. "No soy el más indicado para decirlo, porque yo le tranqué a Bonomi lo de la Policía Caminera", dijo Pérez, contaron a El País fuentes de la bancada. Pérez sostuvo que el Frente Amplio a lo largo de su historia "siempre defendió los trabajadores" y en esta instancia también debería hacerlo. "Solo la capa alta o media de la población puede tener alarma, entonces el jodido es el pueblo", señaló el diputado. Por lo que llamó a "dar una señal" a la gente. Asimismo opinó que había que explicar el impacto de los proyectos que se votarán para mejorar la seguridad, porque hay una parte de la población que puede entenderlo, pero otra no. "Hablo con la gente en los boliches o en las calles y son compañeros frenteamplistas con los que hablo y lo que me piden son acciones de parte del gobierno", afirmó.

A su vez, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reconoció que una parte de la población demanda más medidas.

Los comentarios de Pérez motivaron una respuesta de Civila, quien aseguró que tener sintonía con la sociedad "no significa decir lo que la gente quiere escuchar". "Lo que piensa la opinión pública es algo interpretable. Hay que escuchar, discutir y construir propuesta con la sociedad, pero eso no significa decir cualquier cosa porque creamos que la opinión pública va a estar de acuerdo con eso", afirmó Civila, dijeron fuentes de la bancada a El País.

REUNIÓN POR SEGURIDAD